Los incendios forestales desatados en la Amazonía brasileña pusieron en evidencia dos entendimientos distintos sobre cómo enfrentar un mismo problema. En efecto, el enfrentamiento entre los presidentes Macron y Bolsonaro cuestiona los alcances mismos del derecho internacional, y anuncia que los problemas medioambientales no tendrán una respuesta armónica.

En vísperas de albergar la Cumbre del G7 en Biarritz, el presidente francés propuso discutir allí la crisis internacional ocasionada por los incendios. Bolsonaro lo acusó de “evocar una mentalidad colonialista fuera de lugar en el siglo XXI”.

En términos concretos, la propuesta de Macron implicó que el G7 –un foro conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido– discutiera la situación de los incendios en Brasil sin Brasil y que se ofreciera una modesta ayuda económica de US$ 20 millones. Tras reticencias iniciales y poniendo condiciones, el gobierno de Bolsonaro aceptó la ayuda, pero puntualizando que Brasil no es “colonia ni tierra de nadie”.

¿Qué implica, para la soberanía estatal, que esta zona sea considerada el pulmón del planeta?, ¿es obligatorio brindar y aceptar cooperación internacional cuando se trata de daños que trascienden fronteras nacionales? Según la posición francesa, ningún Estado puede afirmar que este sea un tema de su exclusivo interés, sino que estamos ante una suerte de interés común internacional. Bolsonaro, por su parte, plantea que la Amazonía y sus problemas son un asunto interno de Brasil.

De un lado, no es posible afirmar que los problemas medioambientales pueden ser manejados por un solo Estado. Ello implicaría, erróneamente, que una crisis ambiental se detiene en la frontera de este. Existe una dimensión global e intergeneracional que debe ser atendida también a escala global. Pero, de otro, la representatividad mundial no corresponde al G7 sino a instancias como Naciones Unidas.

Hay un segundo problema fundamental. ¿Cuál es el papel de la cooperación internacional? ¿Brasil tiene la obligación de aceptar la ayuda internacional del G-7 para frenar la crisis medioambiental? ¿Tienen los Estados la obligación de cooperar para hacerle frente? ¿Se puede exigir esa cooperación internacional? No hay respuestas definitivas. Creo que la noción misma de cooperación internacional no ha definido sus contornos en el marco medioambiental, sino que sigue anclada en la dinámica propia del derecho internacional y sus ejes tradicionales: soberanía y consentimiento. No obstante, hoy sabemos que existen obligaciones estatales de proteger los derechos humanos ante graves amenazas medioambientales. Se trata de entender que, como afirma la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, existe un principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, el cual implica una obligación de cooperar con los países en desarrollo ante este tipo de crisis. También los principales instrumentos de derechos humanos establecen el estándar normativo de cooperar internacionalmente para lograr la satisfacción de los derechos humanos. En este sentido, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que los Estados deberán compartir recursos, conocimientos y tecnología para abordar el cambio climático, y que esta ayuda internacional deberá ser adecuada, efectiva y transparente. Sin ese entendimiento será difícil enfrentar las crisis ambientales del futuro.

*La Dra. Salmón es también presidenta del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU