Departamento Académico de Psicología 
En estas semanas, se desarrolla en nuestra Universidad un nutrido programa de actividades sobre la memoria gestionado por la Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS). El programa lleva el nombre de “Memoria para la justicia”. La iniciativa resulta singularmente necesaria y oportuna en las circunstancias actuales. Si desde hace años se advierte una campaña hostil a la memoria sobre el conflicto armado interno y la reivindicación de los derechos de las víctimas, hoy esa tendencia conoce cotas más altas y peligrosas. Recrudecen los ataques a la memoria desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, mientras que la administración de justicia se halla bajo una fuerte presión de aquellos dos poderes. Esa presión incluye diversas formas de acoso y persecución a jueces y juezas que no aplican las normas que favorecen la impunidad.
La memoria es un elemento central para el fortalecimiento de la ciudadanía y la inclusión; por lo tanto, un pilar de la democracia».
Esta situación obliga a la sociedad civil a redoblar sus esfuerzos por sostener la verdad y la memoria sobre la violencia armada en el país. Eso significa, en primer lugar, no permitir que se borre de la conciencia nacional la existencia de decenas de miles de víctimas cuyos derechos no terminan de ser respetados mediante verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En segundo lugar, sostener la verdad y la memoria significa mantener en el conocimiento público las graves responsabilidades del conflicto: los terribles y masivos crímenes cometidos por las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y MRTA, y también los cometidos por agentes del Estado, ya sean los de las Fuerzas Armadas o los de la Policía. Hablamos, según los casos de que se trate, de violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. La arquitectura normativa para la impunidad creada por el Congreso -y que el actual gobierno no cuestiona sino, más bien, refrenda- es el más serio atentado contra los derechos de las víctimas del pasado. Y esa situación genera comprensible inquietud sobre cómo serán procesadas las violaciones de derechos humanos que eventualmente se produzcan en futuras manifestaciones.
Sin capacidad de reflexionar críticamente sobre el pasado no habrá manera de salvar el presente».
La memoria que hoy se quiere suprimir debería jugar aquí un papel fundamental. Nos referimos a una forma del recuerdo colectivo que, en primer lugar, sea respetuoso de la verdad de los hechos y, como parte de ello, de la población que fue afectada por la inmensidad de abusos atroces cometidos por los actores armados. La memoria es, en ese sentido, un elemento central para el fortalecimiento de la ciudadanía y la inclusión; por lo tanto, un pilar de la democracia. En segundo lugar, ese recuerdo colectivo, en la medida en que sea fiel a la verdad, tendría que ser una base para la recuperación de valores cívicos y humanitarios que hoy parecen completamente desterrados de la política. En la actualidad, los sectores democráticos de la sociedad se preguntan cómo poner atajo a la tendencia hacia el autoritarismo que se experimenta en los últimos años. La práctica de la memoria en el sentido que he evocado es una forma –no suficiente, pero indispensable- de responder a esa pregunta: sin capacidad de reflexionar críticamente sobre el pasado no habrá manera de salvar el presente.
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