Los retos urgentes: derechos humanos bajo presión en el nuevo escenario político

El deterioro de los derechos humanos en el Perú es una realidad. No se trata de un fenómeno aislado, sino del resultado de un proceso acumulativo que suma leyes cuestionadas, instituciones debilitadas, discursos polarizantes y persistentes brechas sociales, es decir, un escenario que compromete la vida cotidiana de la ciudadanía y la calidad de la democracia.

De acuerdo con la Dra. Elizabeth Salmón, profesora del Departamento de Derecho PUCP, y el Dr. Félix Reátegui, investigador y asesor del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP), nuestro país se encuentra ante un punto de inflexión. El próximo gobierno no solo deberá responder a demandas urgentes como la inseguridad, la justicia o el acceso a derechos sociales, sino decidir si profundiza una tendencia regresiva o si impulsa reformas capaces de reconstruir garantías, contrapesos institucionales y confianza pública.

Sin embargo, algunas señales recientes parecen anticipar un escenario complejo para los próximos cinco años. Una de ellas es la iniciativa aprobada en segunda votación por el Congreso, este 23 de junio, que modifica el Código Penal Militar Policial, y permitiría que delitos cometidos por militares y policías en el ejercicio de sus funciones sean vistos por la jurisdicción militar-policial, limitando la intervención de la justicia ordinaria. La norma, cuestionada por especialistas y defensores de derechos humanos por el riesgo de generar impunidad, será promulgada en el diario oficial El Peruano si no es observada por el Ejecutivo.

Un inicio marcado por el riesgo de impunidad

Para Félix Reátegui, esta reforma tiene un significado político e institucional “claramente negativo”, pues representa un retroceso para el régimen democrático y podría abrir la puerta a una mayor violencia estatal, especialmente en contextos de protesta social.

El especialista recuerda que la Comisión de la Verdad y Reconciliación ya documentó los efectos de impunidad que produjo el fuero privativo en casos de violaciones de derechos humanos. Y advierte que la norma supone un retorno a ese escenario y contradice los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Los hechos que involucran afectaciones a derechos humanos, como vida, integridad física y otros, no pueden ser considerados delitos de función”, señala.

Los hechos que involucran afectaciones a derechos humanos, como vida, integridad física y otros, no pueden ser considerados delitos de función”.

Además, explica que esta medida podría debilitar aún más la rendición de cuentas de policías y militares frente a abusos de poder. Para él, el riesgo no se limita a las investigaciones futuras, también configura una señal preocupante sobre la forma en que el Estado responde a las demandas de seguridad. “La reforma ampliaría los márgenes de protección institucional para sus agentes, y reduciría las posibilidades de que las víctimas encuentren verdad, justicia y reparación en una instancia independiente”, sostiene.

Como antecedente, menciona las muertes ocurridas durante las protestas de 2022-2023, frente a las que el Estado no ha dado avances en materia de justicia ni de reconocimiento. A esa impunidad “de facto”, advierte, podría sumarse ahora una impunidad “por ley” al crear un marco normativo que limite la posibilidad de establecer responsabilidades en casos de afectaciones a los derechos humanos.

Si bien el inicio no es alentador, el desafío del próximo gobierno será decisivo: revertir el camino y colocar a los derechos humanos en el centro de la agenda. Desde esa premisa, nuestros especialistas identifican algunas medidas urgentes para recuperar garantías, prevenir abusos y evitar que la impunidad gane terreno.

El deterioro del debate público y los enfoques autoritarios

Uno de los factores que explican este escenario es el deterioro del debate público, progresivamente capturado por discursos que reducen problemas complejos a soluciones inmediatas.

La Dra. Elizabeth Salmón menciona ejemplos concretos que han circulado en el ámbito político, como asociar la inseguridad ciudadana exclusivamente con la migración, proponer la pena de muerte como respuesta a la criminalidad o plantear que los derechos humanos son solo para “la gente de bien”. “Los políticos dicen lo que creen que la sociedad quiere escuchar y, de otro lado, la sociedad se alimenta también de esos discursos políticos”, sostiene.

En la misma línea, el Dr. Félix Reátegui advierte que estas posturas no solo responden a visiones autoritarias, sino que también pueden estar vinculadas a intereses políticos y dinámicas de corrupción. Según explica, detrás de estas visiones existe la idea de que las fuerzas del orden “no deberían tener límites en el uso de la fuerza y no deberían rendir cuentas”, mientras que la seguridad ciudadana termina apareciendo como “una suerte de justificación para todo”. 

Frente a ello, uno de los desafíos centrales es evitar la adopción de medidas populistas que debiliten las garantías fundamentales. Pero, más allá del diagnóstico, ambos especialistas coinciden en que revertir esta situación exige decisiones sostenidas y un reordenamiento de prioridades que permita reconstruir la relación entre el Estado y los ciudadanos.

De acuerdo a nuestros especialistas una política de seguridad no puede habilitar el uso irrestricto de la fuerza ni usarse de justificación para todo.

Reconstruir el Estado de derecho

Esto implica revertir las normas que, según Félix Reátegui, han debilitado la protección de los derechos humanos y favorecido escenarios de impunidad. Entre ellas menciona la denominada “ley de amnistía”, aprobada por el Congreso en 2024, que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno. Así diversos organismos internacionales cuestionaron la norma por considerar que podría beneficiar a militares y policías investigados o sentenciados por violaciones a los derechos humanos.

Para Reátegui, uno de los principales problemas es que instituciones que antes funcionaban como contrapeso (Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público) han perdido independencia a partir de decisiones impulsadas desde el Congreso, especialmente mediante procesos de designación y elección de autoridades alineadas políticamente con sectores de poder. A su juicio, esto ha debilitado la capacidad de estas entidades para fiscalizar al Estado y actuar con autonomía frente a posibles violaciones de derechos humanos. 

Cuando estas entidades pierden autonomía, entonces el acceso a la justicia se vuelve limitado y se debilita el equilibrio democrático. En ese marco, sostiene que revertir este escenario no dependerá solo de cambios legales, sino también de la capacidad del Congreso para reconstruir consensos políticos y recuperar mecanismos de control institucional. En ese proceso, considera clave la vigilancia de la sociedad civil y la presión pública frente a intentos de debilitamiento institucional. Sin reglas claras ni instituciones independientes, advierten, cualquier política pública pierde sustento.

Garantizar los derechos humanos en la vida cotidiana

Durante años, el crecimiento económico no se ha traducido en mejoras sostenidas para amplios sectores de la población. Persisten problemas como el acceso deficiente a la salud, la precariedad en la infraestructura educativa y la falta de servicios básicos, entre otros.

Cada vez que hay un espacio vacío, alguien lo ocupa. Y cuando no hay Estado, sistema de justicia o educación, alguna otra forma termina reemplazándolos».

Para Elizabeth Salmón, estas carencias también constituyen un problema de derechos humanos. La especialista sostiene que derechos como la salud, la educación o el acceso al agua no solo dependen de su reconocimiento legal, sino de la capacidad real del Estado para garantizarlos en la vida cotidiana. «Cada vez que hay un espacio vacío, alguien lo ocupa. Y cuando no hay Estado, sistema de justicia o educación, alguna otra forma termina reemplazándolos», advierte. 

El acceso al agua, por ejemplo, no solo es un derecho en sí mismo, sino una condición para ejercer otros derechos fundamentales, como la salud o la alimentación. Estas brechas podrían contribuir al malestar social y a la desconfianza hacia las instituciones democráticas.

Diseñar una política de seguridad ciudadana compatible con los derechos humanos

La creciente preocupación por la criminalidad ha impulsado propuestas centradas en el endurecimiento de penas, el intensivo uso de la fuerza o restricción de garantías. Sin embargo, ambos especialistas advierten que responder a la inseguridad únicamente desde una lógica punitiva puede profundizar otros problemas.

Elizabeth Salmón cuestiona las “soluciones facilistas”, como asociar la inseguridad exclusivamente con la migración o presentar la pena de muerte como respuesta automática frente a la violencia. A su juicio, “estos discursos al final del día no buscan abordar los problemas de manera compleja”. Esto desvía la atención de factores estructurales, como la debilidad institucional, falta de acceso a la justicia y la limitada presencia del Estado en distintos territorios del país.

En la misma línea, Félix Reátegui advierte que una política de seguridad no puede habilitar el uso irrestricto de la fuerza ni usarse de justificación para todo. De lo contrario, el riesgo es que, en nombre de la seguridad, se consoliden dinámicas que terminen agravando el problema. Experiencias recientes como las muertes registradas durante las protestas de 2022 y 2023 evidencian el uso de la “seguridad ciudadana” para ejercer la fuerza desde una lógica represiva.

Cumplir con las deudas de memoria, justicia y reparación

Responder a las deudas pendientes con las víctimas de graves violaciones de derechos humanos será un desafío clave para el próximo gobierno.

Otro desafío central para el próximo gobierno será atender las deudas pendientes con las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Esto incluye tanto a quienes fueron afectados por el conflicto armado interno (1980-2000) como a las familias de las personas que murieron durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023.

Reátegui advierte que, décadas después del conflicto armado, el país aún arrastra procesos inconclusos, reparaciones insuficientes, y familias que siguen buscando verdad y justicia. A ello se suma un contexto político que, según el especialista, ha debilitado los esfuerzos por sancionar graves violaciones de derechos humanos y enfrentar la impunidad. “Atender estas deudas forma parte de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, ya que implica garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de violencia y sus familias”, sostiene.

Ese deterioro no afecta únicamente a grupos específicos, también compromete el funcionamiento mismo de la democracia. Como advierte Salmón, las violaciones de derechos humanos que permanecen impunes pueden escalar y convertirse en conflictos mayores, pues erosionan la confianza ciudadana en las instituciones y debilitan la idea de que el Estado debe proteger a todas las personas por igual.

Por su parte, Reátegui señala que el contexto actual también podría abrir una oportunidad para revertir esta tendencia, aunque ello dependerá de la voluntad política del Congreso y del Ejecutivo. En esa línea, el desafío del próximo gobierno será doble: responder a las urgencias inmediatas y, al mismo tiempo, reconstruir las bases de un Estado capaz de garantizar derechos en el largo plazo.

En última instancia, sin derechos humanos efectivos, la democracia pierde sustento.