"Estudios en criminología han demostrado que no hay lugares más peligrosos en la ciudad que aquellos donde no hay concurrencia de personas".

“Los municipios pueden y deberían vanagloriarse de tener lugares atractivos para el conjunto de la ciudad”.

La condición de ciudadanía supone que todas y todos tenemos igualdad de derechos y deberes ante la ley. En las ciudades, los espacios públicos, por ser espacios que pertenecen a todos, son un indicador esencial de cuál es nuestra condición de ciudadanos, pues es ahí donde podemos experimentar libertad y convivir en igualdad con extraños.

En los últimos meses se han promulgado en Lima dos ordenanzas llamativas, fundamentadas en la “conservación de áreas verdes” y la “preservación de la seguridad de los pobladores”. Se trata de la ordenanza 376-2016 que regula las actividades en el Parque Mariscal Castilla, en el distrito de Lince y la ordenanza 011-2016 que norma el uso del espacio público para los jugadores de realidades virtuales en el distrito de La Punta. En ambos casos son respuestas a la importante concentración de personas en espacios públicos.

El parque Castilla se ha convertido en una centralidad para muchos jóvenes que comparten sus gustos por el k-pop; asimismo, distintos grupos se reúnen para practicar disciplinas lúdicas como el tai-chi. Por su parte, La Punta está viviendo la “fiebre Pokemón”, por la cual numerosos jóvenes se reúnen para buscar y capturar estas figuras virtuales.

En el parque Castilla estas reuniones son placenteras, son maneras de ejercitar el cuerpo y, sobre todo, formas juveniles de afirmar identidades sin dañarse a sí mismos y sin vulnerar los derechos de otras personas. Lo mismo ocurre con los jugadores de Pokemón Go que lo que hacen es distraerse, a veces efusivamente. En ambos casos, son reuniones que estimulan la sensación de bienestar por lo que las municipalidades de dichos distritos pueden y deberían vanagloriarse de tener lugares atractivos para el conjunto de la ciudad. No obstante, la reacción de las autoridades y algunos residentes de dichos distritos ha sido totalmente otra: entienden que mucha presencia humana es algo negativo para la tranquilidad pública.

Para ello, se incluyen argumentos sorprendentes para un país que se dice democrático. Se señala que se debe “limitar el uso libre del espacio”, que estas concentraciones “promueven la afluencia de personas que cometen delitos, vandalismo o dañan áreas verdes”, situación curiosa, cuando estudios en criminología han demostrado que no hay lugares más peligrosos en la ciudad que aquellos donde no hay concurrencia de personas.

Se deben aprovechar estas grandes reuniones para generar aprendizajes de convivencia ciudadana. Porque así como hay autoridades municipales a las que les cuesta entender la importancia de la libertad, es innegable que muchos usuarios de espacios públicos no conocen reglas elementales de convivencia, como por ejemplo respetar las necesidades de otros ciudadanos –como dormir si es de noche– o tener cuidado con los espacios que utilizan. El respeto mutuo entre ciudadanos no se aprende en un salón o con penalizaciones; se cultiva en un espacio público lleno de gente.

En suma, es urgente que entendamos los usos masivos de calles, parques y plazas como una oportunidad para aprender conjuntamente, autoridades municipales y habitantes, a madurar nuestra ciudadanía. Si nos limitamos a generar ordenanzas prohibitivas, simplemente estaremos reafirmando la pobreza y miseria de nuestra condición ciudadana en Lima, alimentando más bien una suerte de “cultura de la intolerancia y el autoritarismo”.