El Perú ha ratificado en el 2007 la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas que apuesta por un modelo social en el que se analiza a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y se centra el problema en las barreras del entorno social que impiden su inclusión

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en los resultados de la Encuesta Nacional Continua (2006), señala que cerca del 9% de peruanos posee alguna discapacidad, de los cuales ocho de cada diez viven en situación de pobreza y exclusión, pues no tienen acceso a servicios públicos, lo cual atenta contra sus derechos fundamentales. Estos datos se confirman de manera más amplia con información del Banco Mundial: el 82% de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe viven por debajo de la línea de pobreza.

Estas cifras demuestran que estamos ante un colectivo particularmente discriminado que debe enfrentar barreras de todo tipo diariamente. Pensemos en algunos ejemplos: ¿pueden las personas con discapacidad contraer matrimonio, reconocer a sus hijos o votar? ¿Nos genera algún cuestionamiento su internamiento involuntario en centros de salud mental o las esterilizaciones forzadas de mujeres con discapacidad? ¿Consideramos que es inadecuado que a las personas con discapacidad se las llame “minusválidos”, “discapacitados” o “incapaces”? Si nuestra respuesta es negativa, probablemente tenemos una visión de la discapacidad que parte desde el modelo médico, el cual centra el problema en las deficiencias de la persona y plantea la sustitución en la toma de decisiones, generalmente a través de la interdicción y la curatela.

Lamentablemente, esta perspectiva prevalece en nuestra sociedad a pesar de que en el 2007 el Perú ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la cual aborda la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y apuesta por el modelo social que centra el problema, ya no en las deficiencias de la personas con discapacidad sino en los obstáculos y las barreras que el entorno social les coloca, lo cual imposibilita su inclusión en la comunidad. Este nuevo modelo supone el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos y obligaciones, así como la implementación de un sistema de apoyo para la toma de decisiones que garanticen su autonomía y el reconocimiento de su capacidad jurídica.

Precisamente, en el contexto de la convención y de la próxima discusión del proyecto de la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad en el Pleno del Congreso de la República (aprobada el 18 de abril de 2012 en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso) y frente a la situación de exclusión de las personas con discapacidad en el Perú, el rol de los medios de comunicación es clave.

De este modo, quienes laboran en los medios de comunicación pueden contribuir a sensibilizar a la sociedad y a colocar en agenda el tema; a luchar contra los estereotipos y prejuicios, así como contra las prácticas nocivas respecto alas personas con discapacidad. Es en este contexto que surge el I Curso virtual para periodistas “Discapacidad y Derechos Humanos”, coordinado por Sociedad y Discapacidad (SODIS) y el IDEHPUCP, que tiene como objetivo formar a profesionales y estudiantes de las Ciencias de la Comunicación, en especial, periodistas, en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad desde un enfoque social y de derechos humanos.

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I Curso virtual para periodistas “Discapacidad y Derechos Humanos”