Si tenemos en cuenta la existencia de más de 200 conflictos socio-ambientales vigentes en nuestro país y tenemos presente que muchos de estos conflictos devienen en desastres políticos como el reciente conflicto de la población de Islay, Arequipa, contra el proyecto minero «Tía María» de la empresa Southern Copper, podremos notar el alto nivel de importancia del tema.

El gobierno central que termina su mandato ha demostrado una extrema ineficiencia para entender, analizar y resolver o prever los conflictos socio-ambientales. Primero, las autoridades del gobierno central no han entendido las causas de estos conflictos creyendo que su origen se encuentra en la acción de grupos políticos radicales o «marxistas», contrarios a la economía liberal y a las empresas transnacionales. Segundo, las mismas autoridades han creído que cumpliendo con determinados procedimientos y estudios de impacto ambiental, y con ciertas acciones de responsabilidad social promovidas por las empresas interesadas (transnacionales o nacionales) se puede conseguir la aceptación de la población que habita sobre los yacimientos o recursos naturales solicitados. Tercero, las autoridades centrales también creyeron que penalizando legalmente las protestas sociales, en caso estas se susciten, y sumando la intervención de las Fuerzas Policiales y, en extremo, la de las Fuerzas Armadas, pudieron controlar o solucionar estos conflictos.

Los gobernantes salientes, como los propios gerentes de las empresas interesadas en los yacimientos o recursos naturales de nuestro país, olvidan una regla muy simple en el tratamiento o la resolución de estos conflictos: ponerse en el lugar del otro. ¿Qué pasa si a un vecino se le ocurre construir un edificio de 5 pisos con un sótano de 2 niveles al costado de la casa en la que vivimos sin que alguna autoridad nos avise del permiso concedido (al vecino) y la empresa constructora (contratada por el vecino) tampoco toma las precauciones sobre la contaminación en polvo, ruido y basura que generará además del cierre de veredas y calle? ¿Lo aceptaríamos de buena forma? ¿Qué pasa en la misma situación si nuestros hijos menores sufren de asma y sabemos que el polvo agravará su enfermedad? Ciertamente que no lo aceptaríamos.

La misma respuesta es la que ocurrió con la población de campesinos o agricultores de Islay cuando la empresa Southern Copper informó en julio de 2009 que invertiría la suma de 950 millones de dólares en el proyecto minero «Tía María» localizado sobre el territorio que habitan. La población de Islay fue sorprendida, pero lo sería más aún cuando meses después la empresa trasladara maquinarias, equipos, insumos e instalara campamentos con el respaldo o los permisos concedidos por el gobierno central. Ante la amenaza de contaminación de su medio natural agrícola, la población se organizó, convocó y realizó su propia consulta popular, y dio inicio a acciones de protesta que se radicalizaría en los últimos días previos a las elecciones presidenciales del 10 de Abril del 2011. Dos días antes de estas elecciones y luego de haberse conocido la muerte de 3 personas y al menos 50 heridos en un nuevo escenario de desastre político, el gobierno central decidió cancelar el proyecto «Tía María» ordenando que la empresa se retire de la zona.

¿Se solucionó el conflicto socio-ambiental de Islay con la cancelación del proyecto minero? Por la naturaleza y los efectos alcanzados en el conflicto creemos que no. Lo que se hizo fue confirmar que el conflicto en su origen puedo evitarse, aunque también se consiguió una satisfacción preliminar de la población para no afectar el libre desenvolvimiento de las elecciones en el Sur. Pero las muertes y heridos ocurridos así como las pérdidas millonarias ocasionadas por las protestas y las propias pérdidas sufridas por la empresa inversionista desalojada, muestran que el conflicto y sus efectos continuarán.

Una vez que el conflicto alcanza estos niveles de confrontación violenta, con muertos y heridos y descontrol del orden (desastre político), como el ocurrido en Islay, solo el resarcimiento de daños, la sanción efectiva a sus responsables, y el establecimiento de medidas preventivas para evitar que el mismo conflicto se repita constituyen acciones para una solución efectiva. Estas acciones incluirían la investigación y sanción de quienes promovieron y autorizaron administrativamente el proyecto minero, y la declaración transparente por la autoridad competente de la prioridad de la actividad agrícola, en la región, sobre la actividad minera.

El conjunto de estas acciones, sin embargo, corresponde ser ejecutadas por un próximo gobierno que tome en serio la comprensión, el análisis y la resolución de estos conflictos socio-ambientales.

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