Estas semanas, el Acuerdo Nacional (AN) está pasando por un momento interesante. El impulso gubernamental al diálogo con los partidos políticos, por medio de reuniones públicas con sus dirigentes, contribuye a destacar un objetivo permanente del Acuerdo y le plantea exigencias que refuerzan su rol en la sociedad peruana. Deseo destacar que, más allá de la indudable conveniencia de cuidar los estilos del debate político en el país, esta iniciativa constituye un ejercicio de deliberación pública de índole programática que compromete a todos y no solo al gobierno. Es un ejercicio de asunción de responsabilidades, y una oportunidad para que la ciudadanía supervigile el actuar del gobierno y el de la propia sociedad.

El lunes 26 se reunió el Foro del AN para escuchar “de primera mano” el Plan de Seguridad Ciudadana y el Pacto por la Seguridad Ciudadana suscrito. Las reuniones con los partidos son una buena señal para el futuro de la  democracia, pues su presentación ante representantes partidarios y de organizaciones de  sociedad civil obliga al gobierno a cumplir con lo ofrecido. El diálogo se establece así con asunción de compromisos. En un país en el que son frecuentes expresiones como “no se nos escucha”, “no se cumple”, “es letra muerta”, “está pintado en la pared” o es un “saludo a la bandera”, presentar al  país un plan tan demandado por la población y poner como testigos a tantos interlocutores es una prueba de voluntad de querer hacer realidad los ofrecimientos.

El AN es una institución compuesta por tres grupos: el gobierno en sus tres niveles (nacional,  regional y local), las principales organizaciones de la sociedad civil y los partidos con  representación en el Congreso de la República. Entre lo  peculiar de la institución está el hecho de que mientras el gobierno está en el AN, este no está en el gobierno. En efecto, en la medida en que el Acuerdo incluye una oposición política que no deja de cumplir ese rol en diversos escenarios y a organizaciones sociales que no pierden ningún grado de autonomía por promover sus intereses, el gobierno participa en condiciones de horizontalidad.

De ese modo, por su origen y trayectoria de más de una década, el AN se propone contribuir a la profundización de la democracia por medio del diálogo permanente entre sus miembros, y de la aprobación por consenso de principios y lineamientos de acción a largo plazo que orienten a quienes toman decisiones de política. Es importante destacar que además de ser guías para el largo plazo, con vigencia más allá del periodo gubernamental en curso, son consensos entre los partidos y la sociedad, y no alguna imposición unilateral estatal.

Al trascender los periodos gubernamentales, el AN promueve la continuidad y mejoramiento de sus políticas de Estado. Un ejemplo es el Proyecto Educativo Nacional (PEN). Durante el gobierno de Toledo, el AN aprobó un pacto que sirvió de base al PEN y se inició su elaboración como desarrollo de la Política 12 del AN. Fue el expresidente García quien aprobó el PEN y lo adoptó como política de gobierno, y actualmente se continúa con su perfeccionamiento e implementación. Algo similar sucede con el Compromiso por la Calidad del Gasto, que buscaba proteger el  presupuesto asignado a la infancia, o en el campo de las relaciones exteriores o de defensa.