^{Este texto fue escrito por el grupo encargado del Acuerdo de Escazú de la Clínica Jurídica Ambiental de la Facultad de Derecho: Francisco Inga, Irma Dávila y Julio Cruz.}

Como parte de los análisis y gestiones jurídicas efectuadas en el semestre, convocamos al foro «Acuerdo de Escazú, oportunidades y ratificación”, organizado por la Clínica Jurídica Ambiental de la Facultad de Derecho PUCP, con apoyo de Khuska, programa de la Asociación Civil Themis. Esto con el propósito de promover la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú, a través del diálogo técnico sobre sus beneficios y oportunidades para el país.

Consideramos que la ratificación del Acuerdo de Escazú fortalece la democracia ambiental, promueve la protección de los defensores ambientales y sectores vulnerables, como pueblos indígenas, y comunidades nativas y campesinas».

Carlos de Miguel, de Cepal, resaltó el liderazgo del Perú en todas las etapas del proceso de negociación, desde la cumbre de Río, de 2012, hasta la actualidad, asimismo, señala que es un tratado hecho por y para latinoamericanos. Luego, el congresista Alberto de Belaunde resaltó la importancia de superar la falsa dicotomía que enfrenta al crecimiento económico con la protección y sostenibilidad ambiental. También, indicó que para promover la ratificación es importante una adecuada estrategia comunicacional del Gobierno, la academia y el Congreso, así la desinformación no termina afectando este importante avance.

Fabiola Muñoz, en ese entonces ministra de Ambiente, señaló que el Acuerdo de Escazú responde a las necesidades de desarrollo sostenible de nuestros países. Aclaró tres falsedades de la campaña de desinformación sobre el mismo: 1. el acuerdo no compromete la soberanía del país sobre su territorio amazónico, sino es un esfuerzo de los países por reafirmar su soberanía, pero con una madurez de entender que las personas ejercen su ciudadanía participando de la manera más transparente posible; 2. el desarrollo económico e inversión no son incompatibles con los temas ambientales. Al contrario, las mejores inversiones son aquellas que incorporan la dimensión ambiental desde el inicio; y 3. el acuerdo fue un proceso público y transparente, que ha permitido la participación de actores de la sociedad civil y del Estado. El objetivo es llegar al bicentenario con un país más inclusivo, más solidario, pero sobre todo donde nadie se sienta excluido.

La ratificación del Acuerdo de Escazú atraerá inversión responsable que ayudará a la recuperación sostenible necesaria para enfrentar la crisis por la COVID-19″.

Alicia Abanto, de la Defensoría del Pueblo, puntualizó que el Acuerdo de Escazú ayuda con los mecanismos formales para gestionar los espacios de diálogo, de transparencia y construcción de consensos. La propia defensa y valoración de los defensores ambientales son derechos que buscan combatir esa desigualdad. Por su parte, Samuel Rotta, de Proética, destacó que el Perú cuenta con un Plan Nacional Anticorrupción, que implementa una política de integridad contra la lucha contra la corrupción, y que está relacionado con la promoción de la transparencia, participación y denuncia ciudadana que también implican asuntos ambientales.

Los estudiantes de la Clínica Jurídica Ambiental destacamos las gestiones efectuadas durante el proceso de negociación del acuerdo: se propuso mejorar los contenidos, se hicieron eventos y presentaron informes jurídicos a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, todo ello porque consideramos que la ratificación del Acuerdo de Escazú fortalece la democracia ambiental, promueve la protección de los defensores ambientales y sectores vulnerables, como los pueblos indígenas, y comunidades nativas y campesinas.

Finalmente, Mariano Castro, docente de la Clínica Jurídica Ambiental, destacó que el foro contribuyó al esclarecimiento de los beneficios y preocupaciones sobre el Acuerdo de Escazú, cuya ratificación contribuirá a mejorar la implementación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental. Y que, además, atraerá inversión responsable que ayudará a la recuperación sostenible necesaria para enfrentar la crisis por la COVID-19.