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Los medios como instrumentos de campaña municipal

  • Jorge Acevedo
    Coordinador de la Especialidad de Comunicación para el Desarrollo

En el caso de Lima metropolitana, este modus operandi empezó prácticamente desde que la alcaldesa Susana Villarán inició su gestión en el año 2011. Ella afrontó a lo largo de casi cuatro años un escenario mediático bastante desfavorable a raíz de las sucesivas campañas de demolición que desplegaron los principales grupos mediáticos (El Comercio, EPENSA, RPP) con relativo éxito en términos de situar en la agenda pública encuadres o marcos de interpretación esencialmente negativos sobre los cuales se juzgó su desempeño como alcaldesa: Proyecto Costa Verde, La Parada, Vía Parque Rímac, la implementación del Corredor Azul en el marco de la reforma del transporte.

Sobre la base de algunos errores cometidos y de los enormes retos que implica la implementación de reformas complejas que ninguna otra autoridad municipal se atrevió a asumir, diversos medios pusieron en práctica una especie de “periodismo de agitación”, tradicionalmente ubicado en las antípodas de las élites del poder. Pero como en esta coyuntura la autoridad (de izquierda) era más bien el blanco del desprestigio, buena parte de los medios no tuvo ningún reparo en victimizar a los comerciantes de La Parada o a los transportistas opuestos y “perjudicados” por la reforma, sin importar demasiado los actos delictivos en los que incurren algunos de estos sectores.  Y si bien Villarán pudo mantenerse en el cargo, una vez concluido el proceso de revocatoria, resultó políticamente más desgastada y perdió la mayoría en el Concejo Municipal.

En la otra orilla, Luis Castañeda Lossio tuvo más bien un tratamiento periodístico  favorable en comparación con el que recibió la alcaldesa. Sólo algunos periódicos, como La República y Diario 16, y algunos programas periodísticos radiales desplegaron una cobertura crítica respecto a la trayectoria del ex alcalde y su equipo más cercano, especialmente por el escandaloso caso Comunicore.

Asimismo, en el último tramo de la campaña diversos medios se centraron en tratar de diluir uno de los diferenciales sustantivos propuestos especialmente por Villarán: honestidad vs. corrupción.  Si para cerca de la mitad de limeños y limeñas es tolerable que una autoridad “robe pero haga obra”, resulta muy funcional contribuir mediante denuncias de todo calibre -en su mayoría no contrastadas mediante investigaciones periodísticas serias- a la idea de que todas las autoridades roban, pero no todas son eficaces y hacen obra.

Cabe señalar que si bien los medios de comunicación no definen los resultados de un proceso electoral, sí son un componente esencial en todo proceso democrático que tendría que sustentarse en pilares fundamentales como la equidad en el acceso de partidos y movimientos políticos a canales y espacios de comunicación con la ciudadanía, para presentar y discutir sus propuestas de gobierno; y, desde el lado de la ciudadanía, el acceso a fuentes de información y opinión plural respecto a las propuestas de gobierno y la trayectoria de los candidatos.

Ello supone discutir la necesidad de una reforma relacionada con el financiamiento público de franjas electorales, dejando sin efecto la libre contratación en radio y televisión como ocurre en otros países, que combinen los tradicionales avisos o spots de campaña, con formatos mucho más interesantes como los debates entre candidatos y sus respectivos equipos técnicos. Y supone también un asunto mucho más complejo y controversial: discutir los límites a la propiedad y control de medios de comunicación, dado que a nuestro juicio el escenario actual caracterizado por un alto nivel de concentración de diarios, revistas, estaciones de radio y televisión (de señal abierta y por suscripción) en pocos grupos empresariales, limita severamente la posibilidad de contar con espacios plurales de información, opinión y debate sobre asuntos políticos.

Sin duda, la expansión de las redes sociales en Internet y de las formas de comunicación móvil ha enriquecido la posibilidad de generar otros espacios y discursos en el debate público, pero no necesariamente contrapesan la gran capacidad de producción discursiva sincronizada, en diversos lenguajes, códigos culturales y plataformas tecnológicas, que tienen los principales grupos mediáticos y quienes operan en articulación o a través de estos.

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