Tráfico de tierras: “El Estado debe recuperar la posesión del suelo y proveer de servicios básicos”

En su tercera y última edición, realizada el jueves 30 de octubre, el seminario “Economías ilegales: estado de urgencia” abordó una problemática menos estudiada que la minería ilegal pero también extendida y perjudicial: el tráfico de tierras en el Perú. “Desde la PUCP reafirmamos nuestra convicción de ser un espacio abierto, plural y propositivo donde podamos pensar juntos, entre la academia y la sociedad civil, los problemas que nos afectan y construir propuestas que contribuyan a un país más justo, más democrático y sostenible”, señaló nuestro rector, Dr. Julio del Valle.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Dra. Fanni Muñoz, resaltó que las preocupaciones que afectan al país deben abordarse desde la academia. “En tiempos en que la violencia, la corrupción y la ilegalidad parecen naturalizarse, la universidad debe recordarnos que hay otros caminos posibles en el conocimiento, la deliberación democrática y la búsqueda colectiva del bien común”, sostuvo.

Tráfico de tierras: actores y causas

En el tráfico de tierras, los terrenos son despojados de sus propietarios originales –ya sean comunales, estatales o privados– y pasan a ser de otras personas. “A fin de lograrlo se combinan medios ilegales e informales -que incluyen desde juicios de desalojo hasta bandas criminales que amedrentan– pero también legales, como el registro de la propiedad”, señaló nuestro profesor del Departamento de Ciencias Sociales Dr. Alejandro Diez. “Hay que dejar claro que estamos hablando del robo de una propiedad”, añadió el Dr. Julio Calderón, sociólogo PUCP y docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

En esta economía ilegal participan diferentes actores e instancias. La socióloga Dra. Diana Torres, profesora del Departamento de Ciencias Sociales PUCP, resaltó que estos operan interdependientemente. Entre ellos se encuentran funcionarios públicos y políticos, notarios y abogados, así como los propios traficantes de terrenos, los dirigentes vecinales –que la especialista remarcó que se convierten en lobistas– y la población.

(El tráfico de tierras ocurre cuando), por un lado, los hogares con menores ingresos ven el hecho de tener un terreno como un patrimonio que puede usarse en tiempos de necesidad. Por otra parte, las grandes corporaciones adquieren suelos agrícolas y luego, mediante lobby, cambian la zonificación con el objetivo de hacer desarrollos inmobiliarios”.

Torres, que lleva casi una década investigando el tema en asentamientos humanos, principalmente de Lima, ha encontrado que la posesión de este tipo de terrenos pasa principalmente por dos motivos diferentes. “Por un lado, los hogares con menores ingresos ven el hecho de tener un terreno como un patrimonio que puede usarse en tiempos de necesidad. Por otra parte, las grandes corporaciones adquieren suelos agrícolas y luego, mediante lobby, cambian la zonificación con el objetivo de hacer desarrollos inmobiliarios”, indicó. “En un país con 70% de la economía y empleo al margen de la formalidad, tener suelo es una manera segura de ahorrar”, añadió el Dr. Luis Rodríguez, urbanista y jefe del Departamento Académico de Arquitectura PUCP.

Efectos perjudiciales en la calidad de vida y el Estado

Los especialistas coincidieron en que el tráfico de tierras tiene efectos perjudiciales en diferentes sectores. Uno de ellos contempla a los ciudadanos que habitan en los terrenos levantados en estas tierras. Estos, al no estar urbanizados, no cuentan con las condiciones y servicios adecuados para vivir, como agua, transporte o áreas verdes. “Implica vivir largos periodos en la precariedad absoluta”, dijo Torres.

En un país con 70% de la economía y empleo al margen de la formalidad, tener suelo es una manera segura de ahorrar”.

Asimismo, los especialistas resaltaron que el Estado se empobrece. “Pierde el recurso de tierras, que podría usarse para distintos proyectos y otros que están en áreas protegidas, las cuales pasan a ser apropiadas por los privados”, mencionó el profesor Diez.

La participación ciudadana en la planificación urbana

Ante esta problemática, Diez señaló el primer paso a seguir: “El Estado debe recuperar la posesión y gestión del suelo, y resolver lo que ocasiona que la gente tenga que buscar un suelo que se percibe como seguro. Es decir, proveer los servicios básicos como salud, agua, educación, transporte”.

El Estado debe recuperar la posesión y gestión del suelo, y pensar en cómo resolver lo que ocasiona que la gente tenga que buscar un suelo que se percibe como seguro; es decir, proveer los servicios básicos como salud, agua, educación, transporte”.

Asimismo, en el 2021, se aprobó la Ley N° 31313 de Desarrollo Urbano Sostenible, que planteaba una necesaria transformación en la planificación urbana y territorial en el Perú. Allí se señala que en todo el proceso debía existir una participación ciudadana activa. Rodríguez enfatizó que se buscó debilitar este aspecto aduciendo que incrementa el costo y el tiempo. “La planificación urbana es un acuerdo social en el cual las autoridades y los ciudadanos deciden el futuro de la ciudad. Suena romántico pero ya viene sucediendo en otros países de América Latina”, refiere.

Sobre cómo el gobierno puede contribuir a resolver el problema de la vivienda digna, Calderón afirmó que la política pública debe adelantarse a la invasión y hacer viviendas sociales sobre suelo público. «Hay varias modalidades, pero consiste básicamente en una alianza entre el Estado y los propietarios. A fin de que ocurra, tenemos la necesidad de que la ley de desarrollo urbano sostenible se reglamente”, sostuvo.

Hay varias modalidades (para resolver el problema de la vivienda digna), pero consiste básicamente en una alianza entre el Estado y los propietarios. A fin de que ocurra, tenemos la necesidad de que la ley de desarrollo urbano sostenible se reglamente”.

Así concluyó el evento, abriendo el debate y aportando soluciones ante una problemática en el país, que exige atención prioritaria en el marco de las próximas elecciones. Como bien señaló nuestro rector, “que este seminario no sea un cierre, sino que sea un punto de partida para seguir investigando, debatiendo y proponiendo caminos que fortalezcan al Estado y a la sociedad peruana”. Con ese llamado, la PUCP reafirma su compromiso con el diálogo académico y la construcción de un futuro más justo y sostenible.

Seminario “Economías ilegales: estado de urgencia”: reflexionar y proponer en beneficio del país

A lo largo de este año, el rectorado y la Facultad de Ciencias Sociales PUCP realizaron el Seminario “Economías ilegales: estado de urgencia”, para reflexionar, con especialistas de la academia y del sector público y privado, sobre las problemáticas que afectan a nuestro país. La primera edición trató sobre minería ilegal, la segunda sobre criminalidad violenta y la tercera sobre territorios ilegales. Con esta iniciativa, la Universidad reafirma su compromiso de contribuir, desde el conocimiento y el debate, a la comprensión y solución de los desafíos nacionales en un contexto político decisivo.