Subirse a un bus, mirar por la ventana y pensar en llegar a sanos y salvos a nuestro destino se ha convertido en un gesto cotidiano tan simple y, sin embargo, cada vez más incierto para millones de peruanos debido a la alarmante escalada de la criminalidad.

El contexto nos golpea fuerte. Ha pasado un año desde que PuntoEdu publicó una serie de notas con diagnósticos y rutas de acción de nuestros expertos. Sin embargo, doce meses después, lejos de mejorar, el panorama nos resulta más crudo: más denuncias, más homicidios y más presión sobre las familias y empresas. La chispa de esta última crisis fue el asesinato de un conductor de bus, que detonó el paro de transportistas del 6 de octubre. El resultado fueron paraderos detenidos, rutas bloqueadas y miles de negocios paralizados. Mientras el Ministerio del Interior pide no “parar motores” y Dina Boluarte insta a no abrir mensajes ni responder llamadas para evitar las extorsiones, millones de peruanos siguen exigiendo respuestas concretas frente a la extorsión y su brazo armado, el sicariato.

Entre estados de emergencia, operativos conjuntos y promesas de modernización criminalística, el Gobierno busca mostrar acción frente a la ola de violencia.

Repasemos algunas cifras. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima, 2 millones de empresas operan afectadas por la criminalidad organizada. Además, según la Sidpol-PNP, cada día en el Perú se presentan 75 denuncias por extorsión (enero–agosto de 2025: 18,385 en total). En ese mismo periodo, hubo 1,513 homicidios —más de seis por día—. Agosto cerró con 209 asesinatos, el mes más violento del año, y para inicios de octubre, los reportes ya sumaban 1,684 homicidios. En paralelo, la Fiscalía recibió más de 700 mil denuncias por distintos delitos (731,190).

209 asesinatos

tuvimos en agosto, el mes más violento del año. Para inicios de octubre, los reportes ya sumaban 1,684 homicidios en lo que va del año.

En cinco años, los casos de extorsión aumentaron 478% —casi cinco veces— (de acuerdo con el Ministerio Público). Y en el transporte, la violencia tiene rostro: 46 conductores fueron asesinados en los últimos doce meses solo en Lima y Callao, casi uno por semana, de acuerdo a la Asociación Nacional de Integración de Transportistas del Perú (Anitra). Estas cifras no son frías. Cuentan por qué subir a un bus y volver a casa sin miedo es, para millones, una esperanza más que una certeza.

La informalidad: la primera grieta por donde entra la criminalidad

La criminóloga Erika Solis sostiene que el crecimiento de la extorsión tiene raíces estructurales que se anclan en la informalidad. “Esto no se arregla en un mes; hay que construir bases sólidas con una reforma del transporte”, advierte. Explica que este sector concentra “mucha informalidad, liderazgos fragmentados y conflictos de poder que dificultan llegar a consensos; y es justamente ahí donde entra la extorsión”. En ese entorno sin reglas compartidas ni interlocutores claros, añade, cualquier organización criminal puede capturar un tramo de la cadena y ejercer control.

S/ 19 mil millones

pierde el Perú al año por causa de la inseguridad, según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En la misma línea, el Mag. Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, considera que el país necesita cambiar de enfoque y entender la inseguridad como una barrera para el desarrollo. “El Ministerio de Economía estima que el Perú pierde alrededor de S/19 mil millones al año por causa de la inseguridad. El objetivo debería ser reducir esa pérdida de manera progresiva”, señala. Para ello, propone proteger a los sectores más vulnerables —emprendedores, pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas informales, y proyectos de infraestructura o extractivos—. Todo con el fin de garantizar empleo, mantener la cadena de pagos y sostener el movimiento económico. “Es un cambio de mirada. No se trata solo de más patrulleros o cámaras, sino de una estrategia que vincule la seguridad con el desarrollo económico y social”, explica.

Hasta el momento, los transportistas han reafirmado su decisión de seguir adelante con una serie de paros escalonados, como forma de exigir atención frente a la violencia que enfrentan.

Retos estructurales para combatir la criminalidad

Si bien el gobierno ha anunciado medidas más reactivas que de fondo –estados de emergencia, construcción de 5 penales, planes y creación de grupos especiales, entre muchos otros– de acuerdo con Zevallos se sigue sin resolver cuellos de botella en Fiscalía y Poder Judicial, ya que construir cárceles, por ejemplo, no reduce por sí mismo la reincidencia ni acelera la judicialización. “Las medidas son reactivas. Hasta hace un año todo era ‘estado de emergencia’. Ahora, de pronto, ya no hay presupuesto para sostenerlos. Es absurdo: si el estado de emergencia es la gran respuesta, debería tener financiamiento. Pero no lo hay y eso demuestra que no existe un horizonte claro», explica.

Medir bien el problema, probar políticas, corregir lo que no funciona (no fingir que no existe). Si seguimos en la retórica de la ‘mano dura’, solo reaccionamos. La prevención, en cambio, evita que el delito ocurra».

Por ello, persisten retos estructurales. El primero es la coordinación interinstitucional: una política de seguridad no puede sostenerse en operativos aislados si no hay engranaje entre Policía, Ministerio Público, Poder Judicial y sistema penitenciario. De acuerdo con Zevallos, «en estos contextos se suele sobrerrepresentar el rol de la Policía, pero la inseguridad no se limita a su trabajo. La lucha contra el crimen es una cadena; reforzar un eslabón sin aliviar la sobrecarga de los demás solo desplaza el problema. Si uno de estos actores falla, la eficacia del sistema se ve comprometida. De allí que cinco prisiones nuevas no produzcan, por sí solas, un impacto inmediato».

La lucha contra el crimen es una cadena; reforzar un eslabón sin aliviar la sobrecarga de los demás solo desplaza el problema. Si uno de estos actores falla, la eficacia del sistema se ve comprometida. De allí que cinco prisiones nuevas no produzcan, por sí solas, un impacto inmediato».

Además, Zevallos destacó que la Contraloría también puede ayudar a garantizar la integridad del sistema. Asimismo, explicó que cuando estas instituciones trabajan de forma articulada, ha habido resultados sólidos frente a la criminalidad. «Hay una experiencia muy buena en contra del crimen organizado de hace unos cinco años, cuando Policía y Fiscalía trabajaban muy de la mano. Se logró desarticular más de 100 organizaciones criminales durante un periodo corto», explica.

En la misma línea, Solis sostiene que, más allá de medidas contra la criminalidad, se necesita la reforma del Ministerio Público, Policía y Poder Judicial. «Pero no como programas piloto que se olvidan al año o se quedan sin presupuesto. Esas reformas coyunturales empeoran las cosas porque mueven el status quo sin proyección. ¿Para qué un sistema excelente de persecución penal si seguimos produciendo condiciones para que las personas entren en la criminalidad?», plantea.

Prevención vs. acciones reactivas

Solis destaca que, además, la creación de normas y leyes no es suficiente ya que si el marco es confuso o lleno de vacíos, muchas medidas terminan impugnadas o se quedan a medio camino. “Las normas no cambian la realidad; el problema está en la implementación». Lo que falta, sostiene, es lo que hace que la norma respire: presupuesto, equipos, protocolos y control para que lo escrito se vuelva acción y resultados.

En lo que va del año, 65 conductores han sido asesinados a nivel nacional, de los cuales 46 han sido en Lima y Callao. De acuerdo con la Asociación Nacional de Integración de Transportistas del Perú (Anitra), casi 70% de las empresas de transporte público formales viven bajo amenaza.

Para ella, la respuesta debe ir orientada a la prevención del delito. «Prevenir no es llenar de patrulleros la calle: eso es control. Prevenir es cerrar los huecos por donde el delito se cuela. Que el joven no tenga como única salida la banda, que el barrio tenga luz y oportunidades, que el transporte no viva al filo de la extorsión». Y eso, sostiene, se hace con evidencia, no con eslóganes. «Medir bien el problema, probar políticas, corregir lo que no funciona (no fingir que no existe). Si seguimos en la retórica de la ‘mano dura’, solo reaccionamos. La prevención, en cambio, evita que el delito ocurra», explica.

Esa mirada de sanción puede ser muy cómoda para los 5 años en los que uno gobierna, pero no para la sociedad que se queda toda la vida con las consecuencias».

El 2026 será un año electoral en el Perú y, sin duda, la criminalidad estará al centro de los debates y propuestas de lo candidatos y las bancadas que aspiran llegar al poder. Como sostiene Solis es previsible que proliferen las ofertas de “mano dura” que prometen resultados inmediatos contra la criminalidad pero que eluden las causas estructurales del delito (informalidad, cadenas criminales, control de armas, coordinación Fiscalía–Policía–Poder Judicial). «Esa mirada de sanción puede ser muy cómoda para los 5 años en los que uno gobierna, pero no para la sociedad que se queda toda la vida con las consecuencias», advierte.

De cara a las elecciones, hay que dejar de verla (criminalidad) como una lista de delitos y entenderla como lo que realmente es: una barrera para la democracia y la convivencia”.

La salida no se encuentra, entonces, en endurecer las penas o llenar las calles de operativos, sino en cambiar la forma en que miramos la inseguridad. “De cara a las elecciones, hay que dejar de verla como una lista de delitos y entenderla como lo que realmente es: una barrera para la democracia y la convivencia”, plantea Zevallos. En el fondo, enfrentar la inseguridad también significa reconstruir la idea de comunidad y devolverle sentido a la palabra ‘Estado’: un Estado que escuche, que esté presente y que proteja.

Aula Magna 2025: crimen y economías ilegales

Aula Magna PUCP 2025, el evento académico más importante de nuestra Universidad, se enfocará este año en el crecimiento de las economías ilegales, y su impacto en la sociedad, la política y la democracia. Durante el segundo día, el Mag. Nicolás Zevallos dará la ponencia «Políticas y marco regulatorio para hacer frente a la crisis generada por las economías ilegales y el crimen organizado». Inscríbete de manera gratuita para participar.

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