Instituto Confucio 
La minería ilegal es la actividad delictiva que más dinero generó entre el 2013 y el 2023, así llegó a los US$ 8,216 millones, según un informe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Pero esto no solo impacta en el tejido económico, sino también en el social y político. Para generar un diálogo informado y desde diversos sectores, así como brindar propuestas, el jueves 21 de agosto, en nuestro campus, se realizó la segunda sesión del seminario “Economías ilegales: estado de urgencia”, llamado “Minería: territorio, ley y gobernabilidad”.
Nuestro rector, Dr. Julio del Valle, y la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Dra. Fanni Muñoz, brindaron unas palabras de bienvenida. Del Valle señaló la urgente necesidad de abordar desde la academia esta problemática que genera efectos perjudiciales, como la deforestación, la contaminación de los ríos y suelos, la trata de personas, la explotación laboral, entre otros. Asimismo, resaltó la importancia de contar con espacios como este evento, especialmente en el contexto electoral en el que estamos ya inmersos.
“Desde la Universidad tenemos la responsabilidad de aportar una mirada interdisciplinaria que combine conocimiento riguroso con compromiso social. No buscamos imponer soluciones, sino generar propuestas fundamentadas en evidencia, y con diálogo que pueda contribuir a la construcción de un país más justo y seguro. Durante mucho tiempo, las políticas públicas han subestimado la magnitud de los avances de la minería ilegal. Hoy, lo tenemos claro: necesitamos respuestas colectivas, integrales y sostenibles”, señaló el rector.
Por su parte, la decana de Ciencias Sociales indicó: “En nuestra facultad, queremos contribuir a formar estudiantes y ciudadanos críticos que reflexionen sobre el tipo de desarrollo que queremos para el país. Por ello, asumimos el compromiso y la responsabilidad de generar este espacio de debate y comprensión sobre un problema que socava la institucionalidad del Estado y el futuro democrático del Perú».
Estrategia diferenciada para distintos contextos
Para realizar un diagnóstico preciso y brindar propuestas, esta edición constó de 2 mesas redondas donde participaron especialistas de la academia y actores claves del sector. Ellos fueron nuestras docentes del Departamento de Ciencias Sociales: Dra. Zaraí Toledo y Dra. Maritza Paredes; la directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y abogada PUCP, Mag. Angela Grossheim; el director fundador de V&C Analistas y sociólogo PUCP, Dante Vera; y el investigador de CooperAcción, Dr. José de Echave. La moderación estuvo a cargo del Dr. Martín Tanaka, docente de nuestra Sección Ciencia Política.
En primer lugar, los especialistas dieron como diagnóstico la importancia de separar a la minería informal, artesanal e ilegal y que el Estado tenga una estrategia diferenciada para cada una en sus respectivas especificidades. Asimismo, explicaron que las organizaciones criminales actualmente buscan controlar toda la cadena productiva de la minería y la importancia de investigarlas desde la academia.
«Un error grave del Estado es tratar de tener una sola política minera que pueda contener a la inmensa variedad de actores dentro de la cadena informal e ilícita y las diferentes geografías. Escenarios y dinámicas distintas requieren estrategias diferentes. En primer lugar, hay que identificar al actor que queremos apoyar y regular, y al que castigar. La mayoría de las políticas públicas se enfoca en el que extrae, que es el más débil; pero dice muy poco de los acopiadores, de los que tienen las plantas de procesamiento -donde el mineral triplica su valor- y de los que compran».
Dra. Zaraí Toledo
Docente de la Sección Ciencia Política PUCP
“Es necesario separar la minería informal de la ilegal que opera en zonas prohibidas. Ahora, las organizaciones criminales tienden no solamente a cobrar cupos, sino que quieren hacerse de toda la cadena de valor de la minería. Y tienen como víctimas, en primer lugar, a los mineros pequeños y artesanales, y también hostigan a las empresas medianas y grandes, como sucedió en Pataz. Por eso, es importante que sigamos investigando académicamente a estas organizaciones”.
Dante Vera
Director fundador de V&C Analistas
Necesaria actualización y apoyo a las leyes sobre minería
Nuestros especialistas señalaron la importancia de que las leyes acerca de la minería se cumplan y actualicen al contexto actual, así como que se brinde el presupuesto adecuado, así como que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tenga un sistema idóneo de fiscalización. Por último, coincidieron en el importante papel que podría cumplir la próxima Ley MAPE -que busca regular la minería informal y a pequeña escala-, pero también enfatizaron que esta no basta para abordar la problemática. «Un aspecto fundamental es que existan otras actividades productivas que generen empleo y redes, y puedan competir con la minería informal en las zonas rurales», resaltó Zaraí Toledo.
«El marco institucional de la minería tiene más de 30 años y ha funcionado porque fue la base para el crecimiento de esta actividad, pero no ha sido efectivo para responder a los conflictos sociales y habla poco de la de pequeña escala. Hoy, las cuatro principales empresas representan alrededor del 30% de la producción del oro -hace 20 años era el 80%- y la tendencia es que en la próxima década domine la pequeña minería. Como país, debemos intervenir con políticas públicas que respondan a esta nueva realidad e incorporar a la pequeña minería».
Dr. José de Echave
Investigador de CooperAcción
«Notamos también que la problemática de la minería ilegal no ha contado con un presupuesto adecuado. En junio, el Gobierno aprobó una estrategia nacional para abordar y reducir la minería ilegal, en donde una serie de instituciones públicas tienen diversas obligaciones, como hacer trazabilidad de los combustibles, verificar los insumos clave e intensificar controles. Sin embargo, no se les ha asignado ningún presupuesto».
Mag. Angela Grossheim
Directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
“Desde la creación del proceso de formalización, conocido como Reinfo, se han inscrito más de 80,000 mineros pero menos del 10% ha completado el proceso. Básicamente, el sistema no exige ningún tipo de fiscalización. Y la pregunta que hay que hacerse es si realmente se ha querido solucionar el problema o es una norma que es como un saco en la vitrina, el cual nadie puede usar pero decimos que lo tenemos”.
Dra. Maritza Paredes
Docente de la Sección Sociología PUCP
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