Recientemente se han producido en diferentes localidades del país protestas estudiantiles, que tienen su origen en el tema de los insuficientes recursos asignados a sus universidades, la manera como éstos recursos son utilizados o decisiones respecto a recortes o redistribuciones presupuestales para la creación de nuevas instituciones de educación superior. Los reclamos también vienen ocurriendo en Chile, donde la Confederación de Estudiantes (CONFECH) está exigiendo la reforma de la educación pública, con pedidos como el acceso a la universidad con equidad y calidad; aumentar el financiamiento público; y la democratización del sistema de educación superior, entre otros aspectos.

Un tema común a las demandas es el de contar con un presupuesto mayor, que permita, en el caso de nuestro país, no solo mejorar la calidad de la educación superior, con mayores remuneraciones para los docentes y con laboratorios mejor equipados, sino para que las universidades puedan dedicarse a la investigación y contribuir con el desarrollo del país y la mejora de la sociedad en su conjunto.

Respecto a un mayor presupuesto, el Proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educación que queremos para el Perú, elaborado por el Consejo Nacional de Educación, aprobado por el Foro del Acuerdo Nacional y por Resolución Suprema en enero del año 2007, se señala lo siguiente: «…Nos proponemos asegurar una gestión y financiamiento de la educación nacional dirigida con criterios de ética pública, equidad, calidad y eficiencia….», señalando además, como una de las medidas a tomar el incremento sostenido del presupuesto educativo hasta alcanzar no menos del 6% del PBI el año 2012. Estando a pocos meses del plazo establecido, nos encontramos lejos de alcanzar la meta trazada.

En relación al segundo punto, el mismo documento señala: «…Nos proponemos asegurar una educación superior de calidad que brinde aportes efectivos al desarrollo socioeconómico y cultural del país…». En este sentido, los resultados que se esperan alcanzar para el año 2021 incluyen un sistema de educación superior articulado al desarrollo; la producción de conocimientos relevantes para el progreso y la lucha contra la pobreza; y a la formación de profesionales competentes, éticos y productivos.

Para lograr estos resultados, es evidente que se requiere de mayores recursos. El Proyecto propone una serie de medidas, como la creación de incentivos tributarios a los profesionales, para que contribuyan con la institución donde estudiaron; programas de fomento e incentivos a las fundaciones que canalicen donaciones a favor de proyectos innovadores, investigaciones o becas; nuevos fondos concursables y fondos regionales; y la creación de un sistema nacional de crédito educativo para estudiantes de pregrado, a ser pagados posteriormente, durante su vida profesional.

El nuevo gobierno tendrá una ardua tarea en llevar a la práctica las medidas propuestas, además de lo ofrecido en la campaña, como la Beca 18 dirigida a jóvenes egresados de los colegios públicos con alto rendimiento y becas de posgrado en el exterior para los mejores estudiantes universitarios.

De cumplirse, se habrá logrado un avance importante en la búsqueda de la equidad en el acceso a la educación superior y la inclusión de los sectores menos favorecidos por el crecimiento económico del país. Por ello, es muy importante considerar que, de acuerdo al último informe estadístico publicado por la Asamblea Nacional de Rectores correspondiente al año 2008; sobre un total de 278,000 postulantes a universidades públicas, sólo el 21% logró ingresar (58,000). Es decir, que quedan unos 220,000 jóvenes fuera, muchos de ellos con buen rendimiento académico pero con pocas posibilidades de integrarse a la educación superior, al no existir mecanismos como el crédito educativo, que les permita financiar sus estudios en una universidad privada de calidad.