¿En qué consiste la sanción a los congresistas nacionalistas?

Es la máxima suspensión que se le puede dar a un congresista de la República y, en mi opinión, en este caso ha sido una exageración, un abuso de autoridad. La norma existe, pero debe ser aplicada por el presidente del Legislativo solo cuando no hay otra forma de manejar el desorden. En la historia reciente hay varios casos de desórdenes en el Congreso en los que no se aplicó esta norma.

¿Como cuáles?

Tenemos el caso de Alan García frente al premier Ulloa, o León Alegría y Fernando Olivera. Que exista la norma no quiere decir que siempre haya que aplicarla, solo hay que hacerlo cuando no haya otra salida y sea imposible continuar la sesión. En este caso concreto, la sesión podía continuar, pues solo había unos cuantos congresistas sentados en el medio con algunos carteles.

¿Por qué unos congresistas han sido sancionados y otros amonestados públicamente?

No lo sé. Habría que preguntarle a la directiva. La sensación de abuso de autoridad es muy fuerte. Y lo más grave es que esto equivale a echar gasolina sobre un incendio. Hay en el país una crisis muy grande: hay que buscar que las cosas se polaricen lo menos posible, y esto hace exactamente lo contrario. Hay una forma de hacer política que privilegia la «pata en alto».

¿Qué implicancias tiene esta sanción, además de que los congresistas no cobrarán por cuatro meses?

La mayor consecuencia de esto es que se polariza más el espectro político, se impone la prepotencia como forma de hacer política y, de esta manera, se impiden soluciones. Dicho sea de paso, democracia no es sinónimo de «pata en alto», ni de quién grita más…

En los debates que se vienen, habrá siete congresistas menos, y son aquellos que sostienen una posición contraria a la oficial.

Así es. Ese es un hecho que perjudica a las bancadas y supongo que va a generar más protestas y tensiones.

¿Es acertado que se interprete esta sanción como parte de una estrategia del Partido Aprista para ocupar la mesa directiva del Congreso?

Nada se controla con «la pata en alto». Eso solo envicia las relaciones entre las personas, hace del Parlamento un lugar inadecuado para concertar y a quien no le interesa concertar, no le interesa gobernar. Quizá lo que está ocurriendo es que al Gobierno se le está saliendo una visión tradicional de la política según la cual gobernar es mandar, imponerse y mantener el ego muy alto a costa de pisar a los demás. Esa es una política excluyente, no democrática.

Precisamente el argumento de fondo para sancionar a estos congresistas era que, además de entorpecer el curso del Parlamento, mantenían una actitud antidemocrática.

Lo antidemocrático en esta historia empezó con el primer decreto, pues los indígenas debían ser consultados y no lo fueron. También lo fue que se utilice la delegación de facultades para evadir un principio universal de cualquier democracia representativa: la ley debe debatirse antes de que sea ley. El Gobierno ha usado un mecanismo de decreto, el cual es correcto y contemplado por la Constitución pero para cuestiones que no tienen efectos en la ciudadanía. Por ejemplo, se puede delegar el cambio de la ley que norma las compras y adquisiciones del Estado, o los procedimientos de la ley del notariado. En estos casos no importa que sea debatido públicamente. Pero si hablamos de derecho a la tierra o temas ambientales, hablamos de cuestiones que tienen que ver con la cotidianidad de la gente. Ahí el debate sí es necesario. Si se evade, como en este caso, se crean enconos y se polariza la situación.

Por: Pablo Torrejón