¿Cuál es su opinión sobre la Ley de geolocalización?

¿Esta ley no viola el derecho a la intimidad y al secreto de las telecomunicaciones?

Hay que defender a los ciudadanos de todos los posibles interesados en acosarlos, pero también tenemos que defenderlos de la criminalidad. ¿Cómo llegamos al medio? Hay cosas que derivan de allí, como qué cosa es delito flagrante. A mí me queda claro que usar un teléfono móvil en una extorsión es un acto flagrante. Si se puede saber qué está ocurriendo, la Policía debería tener la capacidad de intervenir para evitar que se cometa el delito y, eventualmente, iniciar la investigación criminal. Pero, desde una lógica tradicional, de lo que vendría a ser la flagrancia, parece que se necesitaría una orden judicial y esa es una duda. Necesitamos enfrentar las dudas para tener bien claro qué es lo que estamos defendiendo. No digo que la ley como está ahora deba ser usada, pero sí requiere que la discutamos.

Pero la posibilidad de debate es inexistente con las facultades extraordinarias que el Congreso le dio al Ejecutivo.
Ese es un problema político. Nuestro Congreso tiene dos grandes defectos: uno estructural y otro puntual. El estructural es que es muy chico, y no tiene tiempo de legislar y enfrentar estos problemas. El segundo defecto es la calidad de este Congreso, donde no me imagino a muchos teniendo este tipo de debates ni pidiendo opiniones, aunque a veces lo hagan. Entiendo por qué el Ejecutivo pidió facultades extraordinarias, pero pienso que, de todas formas, debió haber un poco de debate sobre el tema.

¿Una ley como esta no podría ser usada como herramienta de persecución política?

Por supuesto que sí. En un país donde uno no confía en las instituciones, todo puede ser usado como herramienta de persecución política. Hay un problema sobre la posibilidad de que haya un uso inadecuado de estas cuestiones, que tiene que ser protegido con una serie de mecanismos y de barreras legales. De todas formas, al hablar de desconfianza en la norma, hay que señalar que en el Perú se hacen “escuchas”. ¿Quién las hace? La Dirandro. Y no las realizan con mandato judicial. La DEA le dice qué es lo que debe escuchar. Eso, en realidad, es más grave.

En el caso de los medios de comunicación, ¿la ley no podría ser usada como medio para identificar las fuentes periodísticas?

Creo que allí hay un sobredimensionamiento del problema. Hay una larga tradición de muchos sectores periodísticos por proteger sus fueros, en un sentido laxo del término. El Perú, un país donde se asesinan periodistas con relativa facilidad, y los periodistas se venden y compran con relativa facilidad, no creo que esta norma sea el principal de los problemas. Hay otros mucho más serios, donde la geolocalización no es tan importante.

¿No le estamos dando mucho poder a una institución con poca credibilidad, como es la Policía?

La Policía peruana ha demostrado que, en ciertas circunstancias, puede ser muy buena. En todo caso, deberíamos buscar que los estándares que ha alcanzado la división antisecuestro o seguridad de bancos se expandan al resto de la Policía. Uno ve las cifras de criminalidad en el Perú y no hay que ser un especialista para darse cuenta de que no ha habido oleadas de secuestro desde la década de los noventa. La criminalidad bancaria acá es muy baja y es por triunfos específicos de la Policía. En vez de oponernos a ciertas herramientas que la Policía pueda utilizar, la pregunta es: “¿cómo hacemos para que se expanda esa capacidad de algunas secciones de la Policía para hacer bien su trabajo?”.