A pocos días de los trágicos sucesos ocurridos en Bagua, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) canceló la licencia de Radio La Voz de Utcubamba (Amazonas), argumentando que esta no cumplió con la homologación de sus equipos a tiempo. Esto se produce, además, luego de que la ministra del Interior y autoridades policiales denunciaron que esta radio instigaba a la violencia.

La radio, de solo 100 vatios de potencia, había venido informando y abriendo espacios para la opinión de diversos actores de la zona sobre las jornadas de movilización y la problemática de la amazonía. La mañana del 5 de junio, la emisora informó sobre la operación de desbloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry y los sucesos de violencia en localidades cercanas. Esa noche; el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, la ministra Cabanillas y otros miembros del gabinete se presentaron en una conferencia de prensa. En ella intentaron, a toda costa, construir un escenario mediático donde las únicas víctimas eran el gobierno y los policías caídos (sin duda estos últimos lo fueron, al igual que los civiles fallecidos). Como correlato de esta estrategia, proseguían las acusaciones contra radio La Voz y otros medios de comunicación de la zona.

Carlos Flores, director de la emisora, ha demostrado con documentos que la radio solicitó oportunamente al MTC la homologación de sus equipos y que la demora en cumplir con el trámite es responsabilidad del organismo estatal. Se haría evidente que el cierre tiene una causa política y no técnica. Pareciera ser que el Ejecutivo opera bajo la lógica de que, en determinadas coyunturas, se puede violentar la libertad de expresión para los críticos al gobierno, así como el derecho a la información de amplios sectores de la ciudadanía; pues no es la primera vez que este gobierno «amenaza» a medios de comunicación de provincias, especialmente en el contexto de conflictos sociales

Recordemos: en septiembre del 2007 el ex presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, amenazó públicamente a Radio Cutivalú de Piura por no difundir un spot del Ministerio de Energía y Minas cargado de falsedades y orientado a deslegitimar la consulta vecinal sobre el proyecto minero Río Blanco. En agosto del 2008 la Policía Nacional del Perú acusó injustificadamente a Radio Marañón de azuzar a las comunidades indígenas de la amazonía durante un enfrentamiento con efectivos policiales. Recientemente, en el contexto de las protestas indígenas, Radio Oriente de Yurimaguas ha sido objeto de presiones de miembros de la Policía en la localidad para que deje de informar sobre las movilizaciones y cierre sus micrófonos a los dirigentes nativos y de organizaciones sociales.

Coincidentemente, estas emisoras recibieron visitas de inspección técnica de funcionarios del MTC. Es decir, el mismo organismo estatal que -por voluntad de los gobiernos de turno- no hizo absolutamente nada frente a canales de televisión cuyos propietarios vendieron sus líneas editoriales al fujimontesinismo en la década de 1990, y que tampoco ha adoptado medida alguna frente a un canal de televisión que le debe al Estado más de 100 millones de soles.

Libertad para unos, amenazas y restricciones para otros es lo que se viene a la mente. Los grandes perjudicados no son solo los periodistas y medios críticos, sino amplios sectores de la ciudadanía a nivel nacional que ven recortado su derecho a acceder a información de interés público, desde perspectivas políticas y sociales plurales y descentralizadas.