La reforma policial debería de apuntar a construir un modelo policial idóneo para la variopinta realidad que ofrece el Perú, con escenarios urbanos que van desde una megaciudad, a ciudades en abierta y franca expansión o a ciudades intermedias y un vasto escenario rural andino y amazónico en donde la presencia del Estado es débil, a lo que debe de añadirse un basto escenario fronterizo tan precariamente cubierto.

También debe de tomarse en cuenta dos ámbitos funcionales atendidos de forma disímil como es el ámbito de la operatividad y capacidad de respuesta a la delincuencia y el crimen organizado por un lado, y por el otro, el ámbito preventivo.

Si bien es cierto, la figura de los ascensos se ha manejado con criterio de clientelismo político por los regímenes de turno, lo que ha deformado la pirámide organizacional, la solución no está vinculada con eliminar el nudo gordiano de coroneles y comandantes solo en términos cuantitativos.

Si se quiere atender a esta consideración cuantitativa, y teniendo en cuenta la concentración de coroneles y comandantes en los ámbitos urbanos (especialmente en Lima), entonces debería de redistribuirse a esta oficialidad y colocarla a la cabeza de dotaciones policiales en lugares en donde la tendencia de crecimiento urbano y el ámbito rural andino y amazónico vayan a plantear nuevas necesidades policiales. Esto traería consigo el necesario incremento de la plana menor a nivel de oficialidad y de personal subalterno. Lamentablemente, esta concentración se debe también a los escasos recursos económicos que se dispone para poder hacer una adecuada redistribución territorial de esta oficialidad con los viáticos de traslado e instalación entre otros aspectos que da pocos alicientes para una descentralización efectiva de oficiales.

Por otro lado, es necesario incrementar el número de efectivos policiales. Sin embargo, esto no se debe lograr con fábricas de policías con poca formación y sin el debido entrenamiento. Por el contrario, implica poner atención en cómo se hace una debida reforma en la instrucción policial a partir de una mejora en la infraestructura y en la formación de los nuevos cuadros policiales con la debida inversión en estos aspectos. Al respecto no se ha dicho mucho, como tampoco se ha hablado de cómo dar respuesta efectiva a escenarios como las ciudades del norte en donde la delincuencia y la criminalidad han aumentado en su accionar y generado la zozobra y la sensación de miedo e inseguridad entre los ciudadanos.

No se trata de achicar las formas para una pequeña pirámide o buscar una figura más simétrica, se trata de construir una pirámide acorde a las verdaderas necesidades de presencia estatal y de respuesta operativa efectiva a los problemas policiales de todos los ámbitos mencionados.

Por otra parte, esta la dimensión cualitativa de la formación y capacitación de toda la organización policial además del reforzamiento de las instancias que deberán de atender el problema de corrupción interno así como el de la instauración de un sistema de reconocimiento y promoción que contribuya a darle bienestar y satisfacción al personal policial en el desempeño de sus funciones.

Pareciera no haber claridad en cuanto al planteamiento sistémico de la problemática de lo policial, o de haberlo, se ha optado por hacerlo privilegiando la incidencia mediática, la búsqueda del titular sin siquiera tener en cuenta las formas y los impactos en la imagen de una institución que es parte del Estado. Esperemos que en los próximos días se haga más transaparente los alcances y criterios que dan sustento a esta reingeniería, si no solo quedará en el trascendido periodístico, en la respuesta efectista más que una reforma que apuntale un modelo policial, tanto en lo organizacional como en lo operativo, adecuados a la compleja realidad nacional.