El asesinato de trece trabajadores mineros en Pataz pone en evidencia una crisis profunda que va más allá de la grave expansión del crimen organizado. Si bien las bandas criminales actúan sin freno estos días, limitar la explicación de lo sucedido a un hecho aislado es insuficiente. Este crimen es parte de un entramado donde economías ilegales —como la minería, el narcotráfico, la tala y el tráfico de tierras— operan sin freno en la Amazonía, con respaldo, tolerancia o involucramiento de autoridades estatales.

Presencia perversa del Estado: la corrupción como problema sistémico

Lejos de tratarse de territorios donde hay ausencia del Estado, los pobladores de estas zonas experimentan una forma de presencia estatal perversa: una en la que funcionarios, partidos y autoridades locales no solo permiten la ilegalidad, sino que coluden con ella. Este fenómeno no es nuevo, pero ha alcanzado una escala preocupante. La minería ilegal, en particular, se ha consolidado como una fuente poderosa de financiamiento político electoral. Los altos precios del oro han permitido no solo adquirir maquinaria y armas, sino también sostener campañas electorales y redes de protección política.

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha sido un fracaso. Aunque diseñado para formalizar la minería informal, es utilizado para encubrir la expansión de la extracción de forma ilegal".

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha sido un fracaso. Aunque diseñado para formalizar la minería informal, es utilizado para encubrir la expansión de la extracción de forma ilegal. Pero ¿qué otra cosa se puede esperar de otorgar permisos provisionales solo con una declaración de intención y sin fiscalización efectiva? Al mismo tiempo, el gasto público de fiscalización y control ambiental han sido recortados de manera sistemática en este gobierno. Estas decisiones no son solo errores técnicos: reflejan una estructura de intereses que favorece la continuidad de estas economías.

En este contexto, la corrupción deja de ser un fenómeno aislado para convertirse en un problema sistémico. La colusión entre actores públicos y redes ilegales ha permitido que autoridades subnacionales con procesos judiciales por vínculos con actividades ilícitas regresen al poder o incluso busquen cargos legislativos. A nivel nacional, la pérdida de contrapesos y la emergencia de un poder desmesurado del Congreso respecto al Ejecutivo ha permitido que grupos de interés empujen normas que abren aún más espacio a estas actividades. Dos ejemplos concretos son la reciente modificación de la Ley Forestal o las renovadas intenciones de extender el Reinfo.

Enfrentar esta realidad requiere mecanismos sólidos de control del financiamiento electoral, vigilancia de jueces y fiscales, y una ruptura decidida con los pactos de impunidad".

La respuesta necesaria en Pataz: ruptura decidida con la impunidad

Frente a esta realidad, respuestas como los estados de emergencia o la militarización de los territorios no van a mitigar la violencia. No se trata de aumentar la fuerza, sino de comprender, con información de inteligencia, cómo se articulan diferentes actores en las cadenas de valor de estas economías; particularmente cómo se coluden el poder político y las economías ilegales. La experiencia del Alto Huallaga en los noventa mostró que una estrategia diferenciada —que reconoce la diversidad de actores y ofrece salidas económicas y una política regional más saludable — puede producir resultados positivos.

El fondo del problema está en la manera como los intereses ilegales han penetrado el sistema político y erosionan la democracia. Enfrentar esta realidad requiere mecanismos sólidos de control del financiamiento electoral, vigilancia de jueces y fiscales, y una ruptura decidida con los pactos de impunidad. La prioridad no debe ser una presencia militarizada del Estado, sino una reconstrucción democrática de sus instituciones en los territorios.