En diciembre del 2013, más de cien organizaciones culturales articuladas en el programa Puntos de Cultura se reunieron en Cuzco gracias a la gestión del Ministerio de Cultura y su Dirección Desconcentrada, para desarrollar colectivamente una propuesta de ley que responda a la necesidad pública de garantizar oportunidades de desarrollo integral a través de la cultura para todos los ciudadanos y ciudadanas. El 16 de junio del 2016, el Congreso aprobó la Ley 30487, Ley de Promoción de los Puntos de Cultura. Un mes después, el presidente Ollanta Humala la promulgó y más de dos años más tarde, el domingo 4 de noviembre de este año, se ha publicado en el diario El Peruano la aprobación, a través del Decreto Supremo Nº 011-2018-MC, del Reglamento de esta ley.

He tenido la suerte y responsabilidad de acompañar, desde el inicio, el proceso que ha implicado lograr que desde el Estado se reconozca y asuman responsabilidades para el fortalecimiento del trabajo que realizan organizaciones culturales de base comunitaria a nivel nacional y creo importante rescatar algunas ideas sobre lo que esto representa.

En términos prácticos e inmediatos, la aprobación del reglamento de la ley significa contar con la base legal para que el Estado pueda dirigir recursos al desarrollo de estrategias y acciones que mejoren la calidad de vida de la gente a través de la cultura.

Los Puntos de Cultura son organizaciones de la sociedad civil, reconocidas por el Ministerio de Cultura, que realizan un trabajo sostenido y desarrollan metodologías que promueven, desde la creatividad, la mejora de capacidades y el ejercicio activo de la ciudadanía en diferentes contextos. Con la aprobación del reglamento de la Ley, la lógica de trabajo en alianza entre el Estado y los Puntos de Cultura se institucionaliza y se establecen los mecanismos que permiten generar oportunidades para el fortalecimiento de estas organizaciones, y para el surgimiento y desarrollo de nuevas iniciativas a nivel nacional. Estos mecanismos incluyen capacitaciones, oportunidades de visibilización y articulación, así como financiamiento a proyectos gestionados por las propias organizaciones. Todo esto con la finalidad de garantizar que el acceso y disfrute de la diversidad cultural, y la ampliación de oportunidades que genera, sea un derecho y no un privilegio en el Perú.

Pero el impacto de este proceso tiene alcances más profundos que representan avances en el fortalecimiento de nuestra democracia. Desde el año 2011, fecha en la que inició el proceso de trabajo del programa Puntos de Cultura, organizaciones de la sociedad civil y representantes del Estado se encuentran, debaten y se reconocen como aliados e interlocutores válidos en la proyección de acciones concertadas. En un país caracterizado por la corrupción y la imposición de intereses particulares, esto es enormemente alentador. Haber logrado que el Estado haga suyos conceptos como “comunidad”, “transformación social”, “participación ciudadana”, o ideas como “respeto a la diversidad de identidades y reconocimiento de derechos de poblaciones y/o colectivos históricamente vulnerabilizados”, nos muestra que es posible transformar las instituciones públicas para que respondan a los desafíos que tenemos como país. Nos reafirma que, con capacidad de diálogo y respeto, es posible aportar a la “construcción de una sociedad más inclusiva, democrática y solidaria que reconozca y valore su diversidad, memoria y potencial creativo”, como propone la Ley de Promoción de los Puntos de Cultura.