¿Cómo evalúa el punto de partida de estas elecciones?

Estas elecciones significaban, tras tres gobiernos democráticos sucesivos, la posibilidad de consolidar, al menos, una dimensión de nuestra democracia: la solidez de las instituciones electorales, y los procedimientos que rigen las elecciones parlamentarias y presidenciales. Sin embargo, meses antes de las elecciones, teníamos en claro que los partidos en el Congreso no habían hecho ningún tipo de reforma importante a las reglas, que –como ya sabíamos– tenían una serie de problemas. Hubo también una tardía discusión sobre el tema, que derivó en normas con problemas severos. Yo diría que un primer error es el sistema mismo, pues hemos subestimado los incentivos perversos que nuestro sistema electoral genera y la manera en la que las organizaciones políticas reales –aquellas que de verdad existen– han venido construyendo capacidades para generar opciones electoralmente viables en el país. Entonces, nos sorprendemos cuando ocurren hechos como el fenómeno Acuña o que el partido de Keiko Fujimori obtenga 73 congresistas, pero ambas cosas son combinaciones de esa forma de hacer política que no hemos estado siguiendo de una manera exhaustiva y rigurosa, salvo algunos estudios excepcionales.

¿Qué errores venimos arrastrando?

Es claro que, en 15 años de democracia, no hemos consolidado las reglas electorales para construir procesos que no generen ningún tipo de duda sobre su legitimidad. Tampoco se han construido organizaciones políticas, pues las que existen no son las que uno imaginaba que podían surgir bajo las expectativas de aquellos que empezaron estos cambios, de esas reformas de inicios del siglo XXI. La gente que, entre el 2000 y 2003, hizo ajustes a la Constitución y a las reglas electorales no imaginaba el tipo de organizaciones que tenemos 15 años después.

¿Qué cosa le podría exigir al sistema esta nueva configuración?

No bastaría un cambio en las normas, pues no es un asunto que se arregle modificando leyes. Evaluemos: ¿cómo está distribuido el poder hoy? Tenemos una dimensión formal importante, pero también una dimensión informal e ilegal igualmente importante, y esta última está desplegada en todo el territorio. Y alrededor de estos actores formales, informales e ilegales, hay toda una estructura de poder, de actores interesados en que las cosas sigan como están o que existan reformas que atiendan intereses bien concretos. Es decir, en ese contexto, es muy difícil construir estructuras que representen intereses nacionales. Algunas organizaciones, como el fujimorismo o el movimiento de Acuña, han encontrado maneras para articular esos intereses fragmentados, legales, ilegales e informales y darles una oferta de representación política.

¿Qué cambios se deberían hacer para el próximo proceso electoral?

Más que cambios de leyes, yo creo que hay que pensar en oportunidades políticas que se ofrecen. Creo que, más allá de los cuestionamientos que uno pueda hacer a candidatos como Guzmán o Barnechea, sí se abre con ellos una oportunidad de tener líderes nuevos que buscan construir partidos desde el sector urbano formal y que se han interesado en construir Estado de una manera que no implique renunciar a derechos ni pactar con lo ilegal. Creo que hay un sector importante de la población que está de acuerdo con esa agenda, pero que ha carecido de la representatividad política importante. Lo que las normas pueden hacer es eliminar algunos incentivos que son abiertamente perversos: reglas, como el tema de la persecución por dádivas, o aquellas normas que te permiten sacar a cualquier candidato por llenar mal una hoja de vida tienen que ser precisadas e incluir sanciones bien especificadas.

¿Y sobre el tema del financiamiento?

En el tema de financiamiento, creo que las reglas son claramente perversas. Prácticamente, el Estado está atado de manos; los partidos pueden decir que se consiguió la plata en una rifa y los organismos públicos involucrados se quedan sin la posibilidad de, realmente, fiscalizar. Es preciso potenciar a nuestras autoridades electorales para que tengan una verdadera capacidad de fiscalización de las normas que piden cumplir. Sin mover muchas cosas, es urgente tener menos reglas en los temas claves y mayor fortalecimiento de autoridades electorales.