Cómo no puede ser de otra manera, los responsables de tales crímenes deben ser investigados y sancionados, siendo un valor superior al castigo, el propio hecho de que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad de lo ocurrido y encuentren justicia por los delitos cometidos en su agravio.

Curiosamente, el crimen que motiva este comentario, el del caso «Accomarca», revela circunstancias similares a un hecho criminal perpetrado por Sendero Luminoso, el caso «Lucanamarca». Ambos hechos ocurrieron en Ayacucho, en cada uno fueron asesinadas unas 69 personas y en cada oportunidad fueron ejecutados niños, niñas y ancianos. En el caso «Lucanamarca», luego de 23 años de ocurrida la masacre (marzo de 1983), la Sala Penal Nacional condenó a Abimael Guzmán y toda la cúpula de Sendero Luminoso. En el caso «Accomarca», luego de 25 años de impunidad, la misma Sala inició el juicio oral este jueves 4 de noviembre.

La masacre de Accomarca ocurrió el 14 de agosto de 1985, cuando una patrulla del ejército al mando del mayor (r) Telmo Hurtado asesinó alrededor de 69 personas, como parte de un plan aprobado por los mandos militares de la región. Luego de un prolongado proceso y pese a las múltiples evidencias en contra de los responsables, en 1992 la justicia militar resolvió condenar únicamente a Telmo Hurtado a 6 años de prisión por delitos de función. Al poco tiempo, Hurtado fue beneficiado por las leyes de amnistía aprobadas por Fujimori en 1995, para luego radicar en Estado Unidos, país que resolvió su extradición hace algunos días, el 27 de octubre.

Luego de 25 años de impunidad, los crímenes de Accomarca podrán ser juzgados y ello incluye la posibilidad de que su principal responsable, Telmo Hurtado, cumpla prisión en el Perú. Esto último, gracias a su inminente extradición. Como en el caso «Lucanamarca», en «Accomarca», otras 69 víctimas y sus familiares tendrán la oportunidad de alcanzar la verdad y la justicia que por tantos años les ha sido esquiva. Una vez más, corresponde a la Sala Penal Nacional asumir tal responsabilidad, esta vez pronunciándose sobre crímenes atribuidos a agentes estatales, tarea que esperamos asuma con la misma objetividad e imparcialidad.