El libro habla sobre la globalización de la economía y el trabajo en el contexto Europeo. Los autores cuestionan que el Estado esté perdiendo el Ius Imperium y su rol de proteger o defender a la parte débil en la relación jurídica con las grandes empresas, dando paso a un superpoder de ciertas empresas privadas.

La experiencia de la empresa Doe Run parece indicar, en extremo, la misma realidad en el Perú. La ampliación por tercera vez de plazos para el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en La Oroya, muestra qué tan débil es el Estado Peruano en una situación tan compleja que pone en riesgo la vida de miles de niños y población en general, que viven contaminados por las actividades de la empresa.

Ciertamente, el origen del problema del medio ambiente no pertenece a la empresa en cuestión. La Oroya se ha venido contaminando gradualmente. La historia nos remite a otra empresa transnacional (Cerro de Pasco Cooper Corporation) y luego el propio Estado a través de una de sus empresas estatales (Centromin Perú). Ellas no pudieron mitigar los efectos contaminantes de la actividad empresarial. Pero desde 1997, Doe Run asumió un compromiso que incluyó beneficios económicos a su favor y el cumplimiento del PAMA, lo que lleva a pensar que si no lo cumplió, tampoco debió beneficiarse económicamente.

La nueva prórroga de 20 meses, según la comisión gubernamental, o de 36 meses, según el plazo fijado por la misma empresa; muestra que nuestros actuales gobernantes son exageradamente flexibles o parcializados para renegociar convenios de estabilidad empresarial en contextos de crisis. Las amenazas de paralización de actividades y desempleo fuerzan a esta exagerada flexibilidad del gobierno central. Sin embargo, siempre caben otras alternativas: ¿Por qué no se fomentó, desde la segunda prórroga, que otra empresa o grupos de empresas sustituyan a Doe Run en caso no cumpla con sus compromisos?

El caso Doe Run es, lamentablemente, otro ejemplo de ineficiencia en la gestión gubernamental. Pone en evidencia la debilidad del Estado frente al poder de las empresas transnacionales. Se prioriza el desarrollo económico al desarrollo humano, pero más aún, se pone en riesgo vidas y el medio ambiente, generando la amenaza de un desastre humano mayor.

*El autor agradece a los alumnos del curso Temas de Teoría General del Derecho enfoque Derecho y Desastres de la PUCP por su discusión del tema en clases.

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