Estos conflictos confrontan culturas y tradiciones jurídicas, más que temas sociales o económicos".

Entre marzo y junio de 2009, en la provincia de Bagua, Amazonas, se desarrolló uno de los conflictos socioculturales más violentos en la historia del país. A 10 años de dicho conflicto, se siguen sucediendo conflictos similares, con las mismas características, aunque a veces poco publicitados o manipulados por grupos económicos de interés. Uno de estos recientes conflictos corresponde a Las Bambas, en la región Andina de Apurímac.

El conflicto de Bagua o Baguazo, como se le conoció posteriormente, significó el choque de dos grupos culturales con sus respectivas familias o tradiciones jurídicas: de un lado, la cultura criolla y su familia o tradición jurídica civil (europea) y, de otro lado, la cultura originaria o local y su familia o tradición jurídica indígena. La primera, representada por los gobernantes del Estado (el Presidente, sus ministros y el Congreso de la República) quienes legislaron particulares normas sobre el mercado y los tratados de libre comercio. La segunda, representada por miles de comunidades nativas y comunidades campesinas que al verse afectados por aquellas normas particulares iniciaron largas protestas ocupando vías públicas para reivindicar sus derechos históricos (como el derecho a su territorio, reconocidos en la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales).

Tras más de 60 días previos de protesta, las comunidades locales dirigidas principalmente por la etnia amazónica Awajún fueron desalojadas violentamente por las fuerzas del orden.  Estos hechos ocurrieron el 5 de junio, primero en el lugar denominado La Curva del Diablo y, luego, en una estación petrolera en el distrito Puerto Imacita. El resultado fue trágico: decenas de muertos, cientos de heridos y varios desaparecidos, tanto en la población local como en las fuerzas del orden.

La incomprensión de los gobernantes sobre el contexto sociocultural diverso del Perú -manifestada al promulgar aquellas normas sobre libre comercio ajenas a las comunidades locales- dio inicio al conflicto. La persistencia de los mismos gobernantes en creer en dicha legislación y el libre mercado como fuentes del progreso para el país, desencadenó la violencia.

Han transcurrido 10 años de aquellos sucesos y nuestro aprendizaje sobre el conflicto sociocultural vivido en Bagua sigue siendo débil. Si bien el gobierno central modificó parte de su normatividad, los grupos económicos de interés han conseguido que dicha normatividad reformada sea interpretada parcialmente o sea modificada nuevamente a su favor. Un ejemplo de esta actitud es la reciente publicación del Decreto Supremo Nro. 345-2018-EF sobre Política Nacional de Competitividad y Productividad, publicado el 31 de diciembre de 2018 sin un debate que incluya a las comunidades nativas y campesinas.

En estas condiciones, recrudecen y aparecen otros conflictos socioculturales. Uno de los más difundidos recientemente es el conflicto del proyecto minero Las Bambas en la región de Apurímac. Valorizada en más de US$ 10,000 millones y con una capacidad de producción exportable superior a US$ 2,000 millones anuales, el proyecto minero Las Bambas tiene en estos momentos la protección de las fuerzas del orden y el gobierno central para controlar o someter a las comunidades campesinas adyacentes que reclaman sus derechos. Más allá de los antecedentes sobre el origen y desarrollo de la inversión minera, y de los pagos que habrían recibido familias de las comunidades campesinas afectadas, como la comunidad de Fuerabamba, es importante recordar que el conflicto reside en el choque de dos culturas y dos familias o tradiciones jurídicas.

Cuando el trato o la negociación entre estas dos culturas y tradiciones jurídicas no es transparente y simétrica, no hay acuerdo o cualquier acuerdo es fácil de quebrarse dando paso al conflicto.

De ahí que la experiencia de Bagua nos siga enseñando:

– Primero, a comprender que estos conflictos confrontan culturas y tradiciones jurídicas, más que temas sociales o económicos.

– Segundo, que estos conflictos no se resuelven con intervención de las fuerzas del orden. La violencia del Estado sobre las comunidades que protestan trae efectos adversos (muertes, heridos, daños), sin resolver el conflicto.

– Tercero, que el rol del Estado no es el de proteger a un grupo de interés, por más capital o tributo este pague. En un país como el Perú, el Estado tiene que construir nación o respetar y desarrollar el conjunto diverso de naciones preexistentes.

¿Podremos aplicar estas ideas frente al conflicto de Las Bambas?