Tres décadas han transcurrido desde que la denuncia se hizo pública y ha atravesado todas las instancias posibles.

Se hicieron ciudadanos visitando juzgados, conociendo defensores de derechos humanos, enterándose del mecanismo de la extradición, los expedientes y las pruebas

Ha sido una larga espera para los deudos de 69 personas asesinadas en Accomarca en agosto de 1985. Esta acción se realizó bajo la responsabilidad del exteniente EP Telmo Hurtado (dentro del “Plan Huancayoc”). La Comisión de la Verdad y Reconciliación aportó una investigación documentada del caso, que contó con información oficial militar, y señaló el contexto en que esta comunidad fue ocupada por Sendero Luminoso, sus pobladores fueron acusados de “soplones” cuando se oponían a sus acciones y, posteriormente, fueron detenidos y asesinados por el Ejército como parte de una estrategia antisubversiva de “tierra arrasada”.

Tres décadas han transcurrido desde que la denuncia se hizo pública y ha atravesado todas las instancias posibles. Una comisión investigadora en el Congreso de la República vio el caso en 1985. Posteriormente, una contienda de competencia definió que el fuero militar era competente para este caso, instancia en la que, en 1993, Hurtado fue condenado a seis años de prisión por abuso de autoridad y – junto a los otros implicados – fue absuelto de los cargos de homicidio, negligencia y desobediencia. En 1995, se acogió a la Ley de Amnistía, recibió cuatro condecoraciones y ascendió hasta el grado de mayor. Después, el caso fue reabierto por la justicia ordinaria, y, en abril de 2007, Hurtado fue detenido en Estados Unidos y extraditado en el 2011.

Me hice adulta con la narrativa sobre Hurtado, conocido como “el Carnicero de los Andes”, un militar calificado como “demente, sin experiencia para enfrentar la violencia”, razones que lo habrían llevado, en opinión de algunos, a perpetrar esta masacre. Sin embargo, en 2012, cuando Hurtado declara ante la Sala Penal Nacional, pone en evidencia que en Accomarca se cometieron violaciones de los derechos humanos. Es decir, no actuó de manera aislada sino siguiendo órdenes e identificó en la cadena de responsables a altos mandos militares.

Esta larga espera ha tenido como protagonistas a los deudos de Accomarca. Los campesinos asesinados dejaron hijos y hermanos, quienes crecieron luchando por esclarecer y sancionar estos crímenes. Actuaron juntos, con un dolor atravesado en el alma, pero con el impulso firme de buscar justicia en un país que la esquiva desde hace más de treinta años. Se hicieron ciudadanos visitando juzgados, conociendo defensores de derechos humanos, enterándose del mecanismo de la extradición, los expedientes y las pruebas, pero, sobre todo, aprendiendo nociones de verdad y justicia que a veces carecían de sentido cuando preguntaban por ellas. Se hicieron ciudadanos el día que se enfrentaron cara a cara con Telmo Hurtado y, al final, le agradecieron porque su testimonio –paradójicamente– ayudó a hacer justicia, pues identificó la responsabilidad de sus superiores. Han reafirmado su ciudadanía cuando esperaron más de doce horas para que la Sala Penal dicte sentencia y responsabilice a 10 militares por la matanza, con penas entre 25 y 10 años y una reparación de S/ 150 mil para cada deudo. Recordando, sobre todo, que la memoria de sus familiares vale mucho más que eso.