¿De quién es el LUM?: tres narrativas contra un espacio “apropiado”

Los ataques del gobierno actual al Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) no pueden leerse como episodios aislados ni como el exceso retórico de algunos actores políticos. Se trata de una ofensiva que pretende asumir el control sobre una narrativa que, con los años, dejó de pertenecerle al Estado, debido, entre otras razones, a que las víctimas y sus familiares se apropiaron del espacio y lo resignificaron como suyo.

Aunque las declaraciones –casi amenazas- aparecen desordenadas y como parte de un “reacomodo institucional” del nuevo gobierno, me permito organizarlas por lo menos en tres registros: una narrativa que alude a la gestión; una narrativa enfocada en lo pedagógico; y una narrativa mediática que busca ganar la interpretación pública, aunque con mecanismos de desinformación. Las tres narrativas convergen en un mismo objetivo: disputar quién tiene autoridad para narrar el conflicto armado interno o periodo de violencia 1980-2000.

Las tres narrativas convergen en un mismo objetivo: disputar quién tiene autoridad para narrar el conflicto armado interno o periodo de violencia 1980-2000.

Una disputa que se libra en varios frentes

En el registro de gestión, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, ha respaldado la posibilidad de trasladar el LUM desde el Ministerio de Cultura hacia su propia cartera, argumentando que el espacio debe ser reorganizado «desde el inicio hasta el final», pues su contenido, sostiene, no coincide con la realidad histórica del periodo de violencia. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha respondido exigiendo una rectificación pública: mover el LUM de ministerio equivale a mover la autoridad interpretativa sobre el conflicto armado interno de un sector técnico-cultural hacia uno con una agenda explícitamente revisionista.

La narrativa pedagógica se articula desde el Ministerio de Educación. Al presentar el Plan Nacional de Educación 2026-2031 junto a la presidenta Keiko Fujimori, el ministro José Antonio Chang anunció el retiro de todo tipo de «ideología» del currículo escolar, indicando que no debe existir una interpretación ideológica de la historia del Perú. Consultado sobre el uso del término «guerra civil» para el periodo de violencia, señaló: «En el tema de las luchas que algunos consideran fue una lucha, una guerra civil, en realidad ahí hubo terrorismo, sencillamente». Este gesto es significativo, el ataque al LUM no ocurre en el vacío, corre en paralelo a una reforma curricular que persigue el mismo objetivo narrativo por otra vía institucional: si no se puede reescribir el museo, se reescribe lo que aprenden las siguientes generaciones antes siquiera de conocerlo, recorrerlo, visitarlo.

Si no se puede reescribir el museo, se reescribe lo que aprenden las siguientes generaciones antes siquiera de conocerlo, recorrerlo, visitarlo.

La batalla por la interpretación pública

La narrativa mediática se construye a través de visitas mediatizadas y declaraciones que buscan instalar la idea de un museo sesgado. La diputada de Fuerza Popular Rosangella Barbarán recorrió el LUM, y difundió un video en el que afirmó que «tampoco vemos que se cuente y se ponga y se exponga a los terroristas como lo que son», insistiendo en que «ninguna verdadera víctima del terrorismo ha tenido espacio» en el museo, pese a que el recinto sí ha incorporado las memorias de víctimas del terrorismo y de familiares de policías y militares asesinados durante ese periodo.

Dado que es la primera visita de la diputada al LUM, recordaré la exposición Nosotros, los otros, dedicada a familiares de policías asesinados por Sendero Luminoso. Justamente, la exposición buscaba complejizar el rol policial en el contexto del conflicto armado interno, y fue vista como un reconocimiento por los familiares de policías y militares que acudieron, dado que en sus propias instituciones no ha operado ningún reconocimiento institucional. En el mismo bloque político, la senadora Martha Chávez llevó el cuestionamiento a un registro aún más extremo, comparando la existencia del LUM con financiar un homenaje a Hitler en Alemania, una analogía que revela hasta qué punto el debate se ha desplazado del terreno museográfico al terreno moral.

La pregunta sobre quién tiene autoridad para narrar el conflicto armado interno ya tiene una respuesta en curso y no se decide en un despacho ministerial.

Cuando el LUM deja de ser solo un museo

Leídas en conjunto, estas tres narrativas no compiten entre sí: se refuerzan. Una intenta capturar la institución, otra busca moldear la subjetividad de quienes aún no han visitado el museo y la tercera busca desinformar ante la opinión pública lo que el museo cuenta hoy. Es esa simultaneidad -más que cualquier declaración individual- la que pone en evidencia una estrategia que busca el control de un espacio que ha trascendido en su función pedagógica: narrar el pasado, promover interacciones sociales como el diálogo, el debate y las preguntas, conectar con nuevas audiencias, y proponer un juicio crítico en torno a los procesos sociales.

Leídas en conjunto, estas tres narrativas no compiten entre sí: se refuerzan. Una intenta capturar la institución, otra busca moldear la subjetividad de quienes aún no han visitado el museo y la tercera busca desinformar ante la opinión pública lo que el museo cuenta hoy.

Justamente, porque no es un lugar donde la narración queda fijada, sino que la mediación permite propiciar diálogos, cuestionamientos y reflexiones, es que el LUM se ha erigido en “un problema” para las nuevas autoridades. Ha dejado de ser solo un museo, en términos institucionales, susceptible de ser controlado por el poder de turno, para convertirse en un espacio apropiado por diversos actores: familiares y víctimas del conflicto armado y de las protestas sociales, población migrante, artistas, estudiantes, público en general. Esta condición, que en cualquier otra ciudad llena de arte y museos es signo de eficiencia, de turismo responsable y/o de participación ciudadana, en nuestro medio es visto como una amenaza.

Atacar, alterar o cambiar el guion curatorial no basta para desarmar el espacio, dado que su legitimidad ya no reside únicamente en el Estado sino en las personas que lo visitan, que se apropian de él, que encuentran en este lugar un espacio para narrar desde abajo, para dialogar, hacerse preguntas e indagar con un juicio crítico acerca del pasado o para pensar la convivencia en una sociedad.

Mientras las autoridades pretenden el control de los espacios y las personas, atacando “desde arriba”, mediante amenazas que limitan con la restricción de libertades,  las víctimas, los ciudadanos de a pie se apropian «desde abajo». Las largas filas para ingresar al museo y los creadores de contenido de todo signo que lo recorren, lo filman y lo discuten confirman lo que el gobierno parece no advertir: la pregunta sobre quién tiene autoridad para narrar el conflicto armado interno ya tiene una respuesta en curso y no se decide en un despacho ministerial.