Seguiremos impulsando el diálogo

El inicio de procedimientos disciplinarios a nueve estudiantes por parte de la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios ha despertado preocupaciones en distintos miembros de nuestra comunidad. Queremos ofrecer claridad al respecto.

Esto no es un cambio de postura. En los acuerdos suscritos el 21 de mayo, se estableció explícitamente que «las normas de nuestra universidad impiden que cualquier autoridad del rectorado tenga la capacidad de decidir a quién se le impone, y a quién no, una sanción disciplinaria. La competencia de conducir un proceso sancionador está a cargo de instancias autónomas». Como equipo rectoral, no podemos interrumpir un proceso regular ni intervenir discrecionalmente en las decisiones de dichas instancias. 

Por otro lado, en el marco del Reglamento Unificado y de los protocolos vigentes, la Oficina de Seguridad Integral tiene la responsabilidad de registrar e informar a la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios sobre los incidentes que se produzcan dentro del campus. Informar una ocurrencia no supone determinar responsabilidades ni solicitar una sanción; esa evaluación compete exclusivamente a los órganos disciplinarios. Y como en el caso del procedimiento, no podemos ordenar que esta oficina incumpla con sus funciones, protocolos y mandatos.

Nuestros esfuerzos en estas semanas han estado puestos sobre el proceso con enfoque restaurativo, orientado a reparar los vínculos y la convivencia entre quienes forman parte de nuestra comunidad. Como hemos informado (1 y 2), este no reemplaza ni anula el procedimiento disciplinario regular, sino que lo complementa. Existe un puente relevante entre ambos caminos: los acuerdos alcanzados en el marco del proceso restaurativo se presentarían a las instancias competentes del proceso disciplinario con la petición de  ser considerados como atenuantes y correctivos. Este puente ha sido construido en el marco de lo que establece el Reglamento Unificado de Procedimientos Disciplinarios de la PUCP. 

El 24 de agosto, la Secretaría Técnica, en el marco de su autonomía, ha comunicado el inicio de procedimientos a nueve estudiantes, y ha señalado que aquellos «se ciñen estrictamente a las siguientes presuntas infracciones: (i) Agresión física; y, (ii) Uso negligente o daño a la infraestructura de la universidad».

A su vez, dicha instancia señala reconocer el derecho a la protesta, considerando que este «no es absoluto», y que requiere armonizarse con «otros derechos y bienes jurídicos, tales como el respeto interpersonal, la integridad de las personas, el cuidado de la infraestructura y la seguridad de la comunidad universitaria (…)».

La Universidad no persigue el derecho fundamental a la protesta. Por el contrario, tutela el respeto por su ejercicio.

Que estos procedimientos se desarrollen bajo el análisis independiente de las autoridades disciplinarias, y con las garantías y plazos que corresponden, es parte de nuestra institucionalidad y de lo que sostiene la confianza de toda la comunidad universitaria en nuestras propias reglas. Esta es la ruta que se ha planteado desde las negociaciones para lograr el acuerdo de mayo y que se ha venido planteando también a lo largo de las sesiones que hemos tenido con las y los estudiantes a fin de consensuar la propuesta de implementación de las medidas restaurativas.

Seguiremos impulsando el diálogo y el enfoque de justicia restaurativa para fortalecer nuestra convivencia, con la convicción de que reparar el tejido de nuestra comunidad es tan necesario como sostener nuestra institucionalidad. 

Equipo rectoral
Pontificia Universidad Católica del Perú