El Rectorado presenta la propuesta de medidas restaurativas

Desde mayo pasado, el Rectorado, representantes estudiantiles del cogobierno y gremios han trabajado para construir una salida dialogada y establecer una ruta que restaure la confianza dentro de la comunidad después de los acontecimientos ocurridos entre el 13 y 21 de mayo, derivados del desacuerdo de representantes estudiantiles con el sistema de pensiones aprobado en el Consejo Universitario. Ello generó que la convivencia universitaria se viera afectada y, como herramienta para resolver dichas diferencias, se establecieron tres mecanismos de participación de la comunidad: una Mesa de Diálogo, enfocada en proponer un acuerdo sobre el sistema de pensiones que será elevado al Consejo Universitario, así como en revisar las causas del conflicto ocurrido; una Comisión Asesora que brindará asesoría técnica para la implementación del nuevo sistema de pensiones; así como el compromiso del Rectorado de hacer una propuesta de justicia restaurativa para tender puentes dentro de la comunidad. Los tres mecanismos han establecido hitos y han avanzado en sus objetivos.

En relación a la propuesta sobre justicia restaurativa, hoy, 7 de agosto, se ha producido la cuarta sesión y el Rectorado presentó una propuesta detallada del proceso de implementación de las medidas. Se espera que, tras la incorporación de aportes de la comunidad universitaria y la práctica internacional, el proceso se cierre el 14 de agosto próximo, iniciándose así su implementación.

En relación a la propuesta sobre justicia restaurativa, hoy, 7 de agosto, se ha producido la cuarta sesión y el Rectorado presentó una propuesta detallada del proceso de implementación de las medidas.

Como se recuerda, el objetivo de la justicia restaurativa es triple: por un lado, busca contribuir a reconstruir vínculos de confianza entre el estudiantado y la administración de la universidad, fortaleciendo a la comunidad. En segundo lugar, busca complementar el proceso disciplinario regular, sin reemplazarlo ni sustituirlo, e incentivar una lógica no exclusivamente punitiva. Finalmente, en tercer lugar, el proceso de justicia restaurativa busca evitar la repetición de ciclos de conflictos, promoviendo una cultura de paz y diálogo.

¿Qué se propone?

La propuesta contempla dos niveles de trabajo: uno individual y otro colectivo. El primero está dirigido a estudiantes que pudieran estar comprendidos en procedimientos disciplinarios iniciados al amparo del Reglamento Unificado de Procedimientos Disciplinarios (RU). El segundo está orientado al diálogo entre representantes estudiantiles y del Rectorado sobre las consecuencias del conflicto, las acciones necesarias que podrían reparar las relaciones afectadas y fortalecer la convivencia universitaria. El proceso debe culminar en el semestre académico 2026-2.

¿Cuáles son las características de los procesos?

A nivel individual:

Tiene lugar entre cada estudiante que lo solicite y el coordinador del proceso. Se abordarán el contexto de los hechos, el eventual reconocimiento de responsabilidades, la identificación de aquello que requiere reparación y las acciones restaurativas que puedan acordarse. Estas podrán incluir acciones de reconocimiento, reparación de daños materiales o iniciativas en beneficio de la comunidad universitaria, entre otras.

Este proceso de justicia restaurativa no reemplaza el procedimiento disciplinario regular establecido en el RU.

Los resultados de este proceso individual serán comunicados a los órganos disciplinarios para que puedan valorar en un eventual procedimiento disciplinario, respetando su autonomía, si las actividades restaurativas son posibles atenuantes, medidas correctivas o criterios para determinar el grado de una eventual sanción, de acuerdo con el principio de razonabilidad.

Este proceso de justicia restaurativa no reemplaza el procedimiento disciplinario regular establecido en el RU. Sus resultados serán comunicados a los órganos disciplinarios para que puedan valorar en un eventual procedimiento disciplinario, respetando su autonomía, si las actividades restaurativas son posibles atenuantes, medidas correctivas o criterios para determinar el grado de una eventual sanción, de acuerdo con el principio de razonabilidad.

A nivel colectivo:

Consiste en sesiones donde representantes del equipo rectoral, representantes estudiantiles de cogobierno y de gremios discutirán sobre el contexto de los sucesos, qué consecuencias trajo lo que ocurrió, qué necesitamos para trabajar sobre esas consecuencias, qué necesitamos reparar y qué acciones concretas se realizarán. Estas acciones podrían implicar comunicar los resultados y aprendizajes del proceso de justicia restaurativa, así como la promoción de una cultura de paz (p.ej., seminarios o talleres vinculados al derecho a la protesta, comunicación no violenta, entre otros temas).

¿Quiénes participarán?

Participarán, por un lado, los estudiantes que decidan acogerse al proceso individual, representantes y gremios estudiantiles que fueron parte de los sucesos del edificio Dintilhac; y, por otro, representantes del equipo rectoral, entre ellos el coordinador del proceso.

¿Cuál es su alcance?

Se trata de un mecanismo excepcional, acotado a los sucesos ocurridos en el edificio Dintilhac entre el 13 y el 21 de mayo del 2026, y al acuerdo suscrito el 21 de mayo.

Siguientes pasos

La siguiente reunión con los estudiantes se ha programado para el 14 de agosto y, una vez concluido este proceso, los mecanismos e instrumentos previstos podrán implementarse a partir del 15 de agosto.

Coordinador del proceso: Mag. Eduardo González Cueva

Es sociólogo peruano por la PUCP con 25 años de experiencia apoyando procesos de justicia transicional alrededor del mundo. Trabajó en la Coalición por la Corte Penal Internacional y en el Centro Internacional para la Justicia Transicional, apoyando directamente el diseño e implementación de comisiones de la verdad y procesos de reparación en todos los continentes. Su trabajo ha incluido la investigación sobre procesos de justicia restaurativa dirigidos desde la sociedad civil, así como comisiones de la verdad desde los pueblos indígenas y la lucha por la reparación histórica por los legados de la esclavitud. Actualmente, es el experto independiente de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Mali. Ha trabajado en distintas universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, la New School University, Brooklyn College, New York University, George Mason University y Harvard University.