Opinión

Sobre el latrocinio en los archivos peruanos

Carlos Contreras

Carlos Contreras

Docente del Departamento Académico de Economía

Para nosotros, los historiadores, es desmoralizador volver a un archivo a buscar un documento que hemos revisado tiempo atrás y descubrir que ya no está disponible".

El reportaje del programa Cuarto Poder, el domingo pasado 27 de enero, abordó el problema del robo de documentos que ocurre en las principales instituciones del país destinadas a su resguardo, como el Archivo General de la Nación o el Centro de Estudios Históricos Militares. Los documentos que se mostraron valían, sin embargo, más por la entidad de las personas que los firmaron (los presidentes Ramón Castilla, Nicolás de Piérola, José Balta, Andrés Cáceres y el héroe patrio Miguel Grau), que por su contenido, de naturaleza más bien burocrática. Se trataba del nombramiento de funcionarios para determinados puestos, el otorgamiento de pensiones a favor de alguna viuda o la promoción de algún empleado de la administración pública. En el pasado, solía entregarse una copia de estas resoluciones -que, dada la simplicidad del Estado peruano de entonces, acostumbraban llevar la firma del mismo presidente de la República- a los propios interesados. El origen de esos documentos podría haber sido, entonces, archivos familiares privados, ya que no llevaban el sello del AGN o de alguna otra entidad, aunque estas marcas podrían haber sido borradas a fin de ocultar su origen.

Pero no hay duda de que el robo de documentos históricos en los archivos existe en esta tierra. Para nosotros, los historiadores, es desmoralizador volver a un archivo a buscar un documento que hemos revisado tiempo atrás y descubrir que ya no está disponible. Inicialmente te dicen que está en restauración o que están reclasificándolo, pero cuando al tercer intento la respuesta se repite, solo queda aceptar que el documento ha desaparecido. A veces es peor: uno encuentra que ha sido arrancado del legajo o del cuaderno donde se encontraba. Esto ocurre casi siempre con algunos elementos curiosos y, desde luego, especialmente valiosos: dibujos, mapas o firmas que a alguna gente gusta coleccionar. Varias veces me he encontrado con que la firma del documento (sobre todo si se trataba de importantes personajes) ha sido cortada con una hoja de afeitar.

Como en todos los mercados, la oferta existe porque hay una demanda. Y esta es la cabeza de la hidra difícil de cortar si queremos disminuir el robo de documentos. Mientras en el mundo haya gente o entidades dispuestas a pagar altas sumas por un documento antiguo, los robos ocurrirán. En esto también entran a tallar las diferencias de renta: un museo o una biblioteca del primer mundo valorará más un documento antiguo o curioso que sus similares del tercer mundo. Esto ocurrirá incluso si el documento atañe a la historia del país donde el documento es robado y no a la de aquel a cuyo archivo va a parar. En la medida que las instituciones del primer mundo desistan de comprar documentos cuyo origen legal no esté claramente probado, el robo de documentos disminuirá.

Alguien podría argumentar que, en dichos casos, los documentos estarían solo cambiando de repositorio, pasa de unos pobres y descuidados a otros mejor acondicionados y custodiados, de modo que la mudanza hasta podría pasar por ganancia. Sin embargo, un principio importante de la archivística es la unidad documental. No se debe separar documentos que originalmente formaron parte de un conjunto que les da sentido y permiten un juicio integral de los hechos referidos. Por eso, debemos lamentar y perseguir con ahínco el robo de documentos que ocurre constantemente en nuestros archivos públicos.