¿Se imagina el lector la implementación de medidas de aislamiento social, como las dictadas por el Gobierno, sin servicios de telecomunicaciones, transporte, electricidad, gas o agua potable?».

Entre las muchas lecciones que nos viene dando la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), una especialmente importante está vinculada con la necesidad de contar con una adecuada provisión de infraestructura y servicios públicos en cantidad y calidad suficientes. ¿Se imagina el lector la implementación de medidas de aislamiento social, como las dictadas por el Gobierno, sin servicios de telecomunicaciones, transporte, electricidad, gas o agua potable?

En circunstancias normales, estos servicios en conjunto representan alrededor del 12% del PBI peruano y constituyen un componente complementario para el desarrollo de cualquier actividad productiva. Sin embargo, en situaciones como la actual, juegan un rol aun más importante, pues sirven de soporte esencial para garantizar la continuidad de otras actividades críticas, como los servicios de salud, seguridad, educación o alimentación, entre otras.

En situaciones como la actual, los servicios públicos sirven de soporte esencial para garantizar la continuidad de otras actividades críticas».

Dada la importancia de los servicios públicos en tiempos de crisis, en este artículo propongo tres principios de política pública que deberían contribuir a hacer un uso eficiente y eficaz de estos servicios en este escenario:

Continuidad: algunas autoridades han planteado acertadamente medidas extraordinarias que garanticen la no interrupción de los servicios que se presta a la población, incluso en circunstancias de morosidad en los pagos. La idea central es no privar a ningún ciudadano de la provisión de servicios públicos. Si bien este objetivo es importante, este tipo de medidas debe enfocarse en aquellos usuarios que realmente enfrentarán riesgos de no pago, de manera de no incentivar el retraso de quienes no requieren de dicha medida excepcional.

Por otro lado, el Estado debería dar flexibilidad a las empresas para el desarrollo de sus actividades de mantenimiento operativo en este contexto de aislamiento social, a fin de no afectar la continuidad de los servicios. Por último, deberían liberarse las restricciones establecidas para la adquisición de servicios (como en el caso de telecomunicaciones), pues puede privar de los mismos a quienes los necesiten.

Del equilibrio entre la continuidad, sostenibilidad y asequibilidad, dependerá un uso eficaz y eficiente de nuestros servicios públicos».

Sostenibilidad: durante la crisis, varios servicios públicos vienen enfrentando una reducción sustancial en su demanda. Por ejemplo, la demanda diaria por energía eléctrica ha caído un 30%. Asimismo, la morosidad en los pagos se ha incrementado. En este contexto, iniciativas de alivio financiero temporal, a través de fondos que permitan dar liquidez a estas empresas, pueden constituir una política pública recomendable. Estos fondos públicos retornarían al Estado gradualmente conforme se vaya superando la crisis y normalizando la actividad económica.

Asequibilidad: durante la crisis, debería garantizarse a los usuarios el acceso a los servicios en términos y condiciones razonables. Incluso en el caso de ciudadanos de baja capacidad de pago, que no tienen acceso a los servicios, puede ponerse a disposición servicios gratuitos. Una buena práctica observada, durante estos días, es que las empresas de telecomunicaciones han dado las facilidades a todos sus usuarios prepago para que puedan acceder gratuitamente a sus servicios de mensajería SMS (incluso a aquellos sin línea activa). Asimismo, están poniendo a disposición del Ministerio de Educación el acceso gratuito a servicios de conectividad para su Programa Aprende desde Casa. Este tipo de prácticas podría ampliarse a otros servicios, a través de convenios público-privados que no excluyan la posibilidad de optar por el financiamiento público de ciertas actividades.

Estos tres principios de política pública son entre sí complementarios. Será difícil conseguir una mayor accesibilidad o continuidad sin servicios sostenibles. Asimismo, de nada sirve tener servicios accesibles, pero que no gocen de continuidad en el tiempo. Del equilibrio entre estos tres ejes de política pública, dependerá un uso eficaz y eficiente de nuestros servicios públicos.