Centro de Análisis y Resolución de Conflictos 
No era esperable que la presidenta de la República observara la ley dada por el Congreso para garantizar la impunidad a policías, militares y paramilitares ante las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 2000. Su ejecutoria como jefa de Estado no permite esperar de ella gestos democráticos, humanitarios o simplemente respetuosos del Estado de derecho.
Pero si la promulgación se daba por segura, no era previsible, en cambio, que el gobierno hiciera de ella una fiesta autoritaria, una suerte de homenaje a viejos responsables de graves crímenes, a los que la presidenta saludó con especial deferencia. Al hacerlo, la jefa de Estado ha convertido este nuevo atropello del Estado de derecho en una explícita condonación del crimen, en una ceremonia de burla y escarnio a la memoria y los derechos de miles de peruanas y peruanos víctimas de ejecuciones extrajudiciales, masacres, torturas, desapariciones, violaciones sexuales, y, por último, en un gesto de radical indignidad que mancha para siempre a su persona y a su gestión, y que deshonra al Estado peruano.
El Congreso y el gobierno han impuesto una medida de amnistía general, indiscriminada e incondicionada que equipara al Perú de hoy con las brutales dictaduras latinoamericanas de hace casi medio siglo.
Los argumentos jurídicos que despojan de toda validez a esta ley de impunidad dada por el Congreso son conocidos. En el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP), hemos resaltado su insalvable contradicción con normas de derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, que constituyen obligaciones para el Estado de acuerdo con la propia Constitución (lo cual reduce a un sofisma grotesco el argumento según el cual las observaciones u órdenes de instancias internacionales vulneran la soberanía nacional). Tiene valor emblemático, por lo demás, que la pieza de jurisprudencia interamericana que proscribe amnistías, indultos y otras formas de impunidad en casos de violación de derechos humanos sea, precisamente, la referida a un caso que involucra al Estado peruano: el caso Barrios Altos (el mismo caso por el que fue condenado a 25 años de prisión el exmilitar Rivero Laso, con quien Boluarte intercambiaba felicitaciones en esa vergonzosa ceremonia). En contra de esa jurisprudencia y de nuestras obligaciones internacionales, el Congreso y el gobierno han impuesto una medida de amnistía general, indiscriminada e incondicionada que, como también hemos señalado desde IDEHPUCP, equipara al Perú de hoy con las brutales dictaduras latinoamericanas de hace casi medio siglo.
Frente a este atropello a las víctimas, se abre la necesidad de recurrir a las instancias judiciales nacionales e internacionales. Queda también en manos de un puñado de jueces y juezas la posibilidad –más bien, el deber— de inaplicar esta ley.
Se ha pretendido sustentar este atropello alegando una presunta defensa del debido proceso de los acusados. La duración de los juicios durante décadas significaría, según este argumento, una violación del principio del plazo razonable para ser procesado judicialmente. Pero lo que no se dice es que la duración de esos juicios es resultado de una estrategia de dilación indefinida por parte de la defensa de los acusados, y que es producto, también, de la cerrada negativa del Estado a franquear el acceso a la información necesaria para el Ministerio Público y el Poder Judicial. En rigor, cualquier observador de estos dilatados procesos que tuviera algún espíritu humanitario tendría que decir que ellos significan, precisamente, una denegación del derecho a la justicia a las víctimas que ya dura décadas
El abrazo del gobierno con los perpetradores de ayer parece expresar una ansiosa expectativa de impunidad para los perpetradores de hoy.
No son muchos los caminos que le van quedando a la sociedad peruana para la defensa del Estado de derecho y la democracia. Hoy, frente a este atropello a las víctimas, se abre la necesidad de recurrir a las instancias judiciales nacionales e internacionales. Queda también, en manos de un puñado de jueces y juezas honestos y valientes, la posibilidad –más bien, el deber— de inaplicar esta ley, como lo han hecho frente a otras leyes igualmente inconstitucionales y contrarias al derecho internacional.
Resta también, como un deber cívico y moral, reafirmar la solidaridad hacia las víctimas del conflicto armado interno, así como también hacia las víctimas de la brutal acción de este gobierno durante los años 2022 y 2023. De hecho, hay que percibir en este último acto de indignidad un gesto literalmente ominoso: el abrazo del gobierno con los perpetradores de ayer parece expresar una ansiosa expectativa de impunidad para los perpetradores de hoy.
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