El buen funcionamiento del sistema de justicia es algo fundamental para una democracia. Consistentemente, la opinión pública de nuestro país desaprueba, desde hace más de 40 años, el  Poder Judicial. Con algunas variaciones hacia arriba o hacia abajo, el 70%  de la población está descontenta con su funcionamiento. Ello, y la desconfianza que imparta, es algo muy grave para todos los aspectos de la vida social, y lo es también para la debida protección de los derechos fundamentales así como para el desarrollo de una economía social de mercado.

En el siglo pasado, dos intentos de reforma judicial se llevaron a cabo bajo regímenes dictatoriales: una en 1977, durante el gobierno militar, y la otra en 1995, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Ambas, en lo sustancial, fracasaron. La segunda generó un perverso sistema de control político  sobre la judicatura, que debió ser desarmado a partir del año 2000 con el Gobierno de Transición, presidido por Valentín Paniagua, y continuado durante la presidencia de Alejandro Toledo.

Promovido por dichos gobiernos y, por cierto, por las fuerzas democráticas y reformistas existentes en la judicatura que tienen especial relevancia durante algunas  destacadas presidencias de la Corte Suprema, se inicia un movimiento de reforma que algunos quisieron plantear como refundación del Poder Judicial’. En eso llevamos ya más de una década.

No obstante, en los últimos años, los temas de la reforma de la justicia han perdido vigencia en la discusión pública y en los medios académicos, salvo en situaciones puntuales, generalmente vinculadas a escándalos mediáticos. Nuestra Facultad de Derecho ha querido retomar una discusión seria del tema de la reforma judicial, por ello, el decano, el Dr. César Landa, a inicios de este año, constituyó una comisión de profesores, presidida por el  Dr. Baldo Kresalja, para estudiar, «sin prisa, pero sin pausa», el estado de la situación y contribuir así al proceso de reforma, aún pendiente. Esta comisión escogió tres temas  cruciales: i) el proceso de selección,  nombramiento y ratificación de jueces y fiscales, y el rol del Consejo de la Magistratura; ii) el rol de la Corte Suprema; iii) la enseñanza del Derecho.

La idea fue no solo el estudio de antecedentes, sino el diálogo con actores claves, tendiente a formular propuestas para la discusión. En  esa línea, se presentó un primer documento sobre el Consejo de la Magistratura en un nutrido auditorio en el que destacaron jueces y fiscales. Este miércoles 6 tendré a mi cargo la presentación del documento sobre la Corte Suprema y su rol. El debate estará alentado por un panel  integrado por un prestigiado ex vocal supremo, Manuel Sánchez Palacios; un abogado y académico, Juan Monroy Galvez; un abogado y político, Fausto Alvarado; y una abogada y periodista, Rosa María Palacios. Estoy seguro de que la puesta en debate de este crucial tema será enriquecedora.

• Ponente de la conferencia, organizada por la Facultad de Derecho, “Una década de reforma judicial en democracia. Balance y perspectivas de la Corte Suprema de la República”, que se realizará este miércoles, a las 6 p.m., en el Anfiteatro Armando Zolezzi.