El título del informe es “Por una nueva convivencia. La sociedad peruana en tiempos de COVID-19: escenarios, propuestas de política y acción pública”. ¿El concepto de nueva convivencia va más allá del de nueva normalidad? 

Es un concepto que nace en el Grupo Temático de Ciencias Sociales. Pensamos que “nueva normalidad” no expresaba toda la densidad de los temas que surgían a partir del impacto de la pandemia sobre la vida cotidiana de las personas, sino que más bien surgiría la necesidad de desarrollar una nueva convivencia. Conforme la cuarentena va perdiendo su carácter mandatorio, encontramos una disputa de formas de comportamiento que existen al mismo tiempo. Por un lado, aquellos que cumplen las reglas y consideraciones, y, por otro, los que las desafían. ¿Cómo va a ser el encuentro de estas dos formas de socialización en las calles, parques, mercados, escuelas? Esa es la nueva convivencia, la cual estamos viviendo en este momento. Es necesario que esta disputa se resuelva favorablemente hacia un mejor trato y mayor respeto de las normas sanitarias.

No podemos enfrentar los desafíos que plantea esta pandemia si es que no contamos con la participación de la sociedad civil peruana».

En general, el informe pide una mayor participación de la sociedad en su destino. ¿De qué manera los ciudadanos podemos apoyar a formar esta nueva convivencia?

No bastan las leyes u ordenanzas para que la gente cumpla las normas y recomendaciones de conducta de comportamiento social que da el Estado. Se necesita la colaboración de la sociedad, tanto la de aquellos ciudadanos activos en la esfera pública como la de los actores sociales. No podemos enfrentar los desafíos que plantea esta pandemia si es que no contamos con la participación de la sociedad civil peruana, la cual hay que reactivar y apoyar. Por ejemplo, no es posible ordenar los mercados si antes no se establece un diálogo con sus dirigentes, en el cual se les debe hacer ver que no es una imposición del Estado sino que es una necesidad de todos.

En el informe se señala una serie de grupos vulnerables. Pero no solo se menciona que deben ser atendidos por el Gobierno, sino también que es importante su aporte en la generación de esta nueva convivencia.

El informe trata de identificar a esos amplios sectores de la población que no tienen soporte de salud pública y son particularmente vulnerables. Escogimos a los informales; la migración venezolana; niños, niñas, adolescentes y jóvenes; mujeres; pueblos indígenas amazónicos; población penitenciaria; y personas mayores. Encargamos a investigadores, expertos en estos actores, a que formen parte del informe, el cual presentamos ante el Consejo de Ministros y el presidente de la República. Debido a que solo tuvimos tres semanas para realizar “Por una nueva convivencia”, algunos grupos quedaron en el tintero. En el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, estamos tratando de resolverlo de manera posterior en un documento complementario. Todos estos sectores tienen que ser atendidos e incorporados en la solución del problema.

En cada uno de los artículos se colocan recomendaciones. Considerando que el informe abarca hasta abril y lo presentaron en mayo, ¿el Estado ya ha implementado algunas de ellas?

Sí, prácticamente en todos los sectores se han tomado medidas, entre ellas, la atención a las comunidades andinas y amazónicas, la población penitenciaria, la organización de los mercados y la migración venezolana. Cabe destacar que a nosotros no pidieron recomendaciones, pero no estamos implementando las medidas. El Gobierno es el que decide si toma estas propuestas.

En un webinar de nuestra Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, mencionó que esta crisis va a marcar un quiebre en la sociedad nacional y mundial. ¿En qué aspectos se va a manifestar?

Como no se saben bien las características ni cómo se desarrollará la COVID-19, va a haber una gran incertidumbre y temor en la mayoría de la población. Esto va a hacer que se acentúe la desconfianza en las interacciones sociales. Las formas tradicionales de vivir que teníamos, momentos previos de la pandemia, van a cambiar. En ese sentido, es un quiebre que cruza las distintas esferas de la vida diaria, como el trabajo o la manera de expresar los afectos. Ahora mantener la distancia física va a ser una muestra de respeto y consideración hacia la otra persona. Considero que la clave es tener una autorregulación de lo que podemos hacer, la cual nace de la conciencia de la dimensión de los problemas.

Las formas tradicionales de vivir que teníamos, momentos previos de la pandemia, van a cambiar».

¿También cambiará el papel del Estado? ¿Vamos en camino de adoptar un nuevo modelo económico?

Después de años en que no se cuestionaba la vigencia del neoliberalismo integral ahora se demuestra que la privatización de los servicios básicos -como salud y educación- no permite responder de manera adecuada a los desafíos que enfrentamos en este momento y, además, deja a muchos sectores de la población afuera. Después de esto, considero que habrá una tendencia muy grande entre los peruanos y peruanas de tener un sistema de salud más fuerte, y eso significará reformular, un poco, la forma de organización del Estado y darle un mayor protagonismo e injerencia en estos servicios básicos. La mayor presencia estatal no será por decisión de los partidos políticos sino por la necesidad de la gente.

Una estrategia diferenciada hacia los pueblos indígenas amazónicos

Este sector necesita un tratamiento específico y prioritario de las políticas públicas debido, entre otros factores, al riesgo de etnocidio. Este es uno de los puntos señalados en el trabajo “Pueblos indígenas y amazónicos y COVID-19: la urgencia de una repuesta diferenciada a la emergencia”, realizado por la Mag. Norma Correa, docente de nuestro Departamento de Ciencias Sociales, y la Mag. Fabiola Yeckting, e incluido en el informe “Por una nueva convivencia”.

Nuestra docente, que formó parte del Grupo Temático de Ciencias Sociales del Minsa, señala que los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas, tomaron una serie de buenas prácticas, como establecer cercos epidemiológicos. «Empiezan a clamar apoyo del Estado cuando ya no podían solos”, puntualiza. Correa considera que la investigación contribuyó a comunicar tres mensajes que el Gobierno luego recogería: “Se necesita que haya una acción específica para la Amazonía -y, en ese marco, para los pueblos indígenas-, la cual ha de ser multisectorial y contar con la participación de la representación indígena”. Uno de los hitos, menciona, es cuando el Minsa realizó, hace unas semanas, la primera entrega de mascarillas para los pueblos indígenas. «Una buena noticia pero tardía», menciona.

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