Hoy, 10 de octubre, se realiza el segundo paro de transportistas, y otros gremios, ante el alarmante aumento de la extorsión y la criminalidad en el país. En paralelo, el Congreso y el Gobierno han quedado entrampados en un acalorado debate sobre la posibilidad de tipificar estos delitos con figuras como «terrorismo urbano» o «criminalidad sistemática». Esto ha desatado una controversia en torno a la pertinencia y las implicaciones de dichas denominaciones, y sobre su efectividad a largo plazo. Mientras tanto, la ciudadanía y los gremios más afectados por el flagelo de la extorsión demandan que se logre un consenso nacional que impulse acciones efectivas contra la inseguridad.

Al dictamen que trabaja el Congreso, y que agrupa 16 iniciativas de diferentes bancadas parlamentarias y municipalidades, se suma el proyecto de ley del Gobierno denominado «Ley de Terrorismo Urbano». Este último busca clasificar bajo esa figura delitos como el sicariato, secuestro, extorsión y la posesión ilegal de armas de fuego. Cabe resaltar que esta propuesta del Ejecutivo no es nueva ya que se presentó al Congreso en julio de 2023.

Erika Solis, abogada especialista en criminalidad y violencia e investigadora del equipo anticorrupción del IDEHPUCP, advierte que la lucha contra la criminalidad, y en particular con el delito extorsión, requiere un enfoque más integral que considere las causas estructurales del problema, más allá de una mera discusión semántica.

Asimismo, añade que que ambos conceptos están construidos con una ambigüedad peligrosa que invita a interpretaciones arbitrarias. «El derecho penal requiere una terminología clara y precisa. Por ejemplo, si revisamos la legislación sobre criminalidad organizada, aún se debate sobre las diferencias entre una ‘banda criminal’ y una ‘organización criminal’. Ha tomado años de interpretación judicial para establecer ciertos criterios. Ahora, con cualquiera de estas figuras, la incertidumbre será mayor, tanto para fiscales como para jueces», sostiene.

Criminalidad: panorama crítico

Este debate surge en un contexto donde la inseguridad ciudadana en Perú ha alcanzado niveles críticos. Estos se ven reflejados tanto en la percepción pública como en el aumento de la criminalidad. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 86.1% de la población asegura sentirse insegura. En Lima Metropolitana, la percepción es aún más alta, llegando al 89.9%.

Por su parte, solo en el 2023, el Ministerio del Interior reportó un aumento del 25% en las denuncias por extorsión en Lima y Callao. Los gremios de comerciantes y transportistas, que son blanco de amenazas constantes, afirman que las cifras reales son aún mayores. La realidad es que muchas víctimas prefieren no denunciar por miedo a represalias.

Hoy, 10 de octubre, los transportistas realizan un paro de 3 días, esta vez de alcance nacional y convocando a otros gremios afectados por la extorsión, como bodegueros, comerciantes, mototaxistas, entre otros.

Paro de transportistas para reclamar acciones

Los transportistas, uno de los sectores más afectados, ha organizado desde hoy, 10 de octubre, un segundo paro de tres días. Esta vez con alcance nacional y la participación de diferentes gremios para reclamar acciones efectivas del Estado frente a las bandas criminales. A pesar de la declaratoria de emergencia en 14 distritos de la capital, los ataques a los transportistas continúan. Solo el 8 de octubre, en menos de 12 horas, siete personas fueron asesinadas presuntamente por extorsión, de acuerdo con la PNP.

Esto, asimismo, pone sobre la mesa la efectividad de los estados de emergencia en el Perú. De acuerdo con Erika Solis, esta figura es cuestionable «porque afecta también a ciudadanos comunes que pueden ser detenidos arbitrariamente. Al suspender ciertos derechos, se corre el riesgo de que la discrecionalidad otorgada a las fuerzas del orden se convierta en un mecanismo de represión, especialmente cuando no existen protocolos claros para su aplicación».

Terrorismo urbano: una figura particular

Aunque tanto los delitos de extorsión y sicariato ya están contemplados en el Código Penal, el Estado peruano busca incluirlos dentro del concepto de «terrorismo urbano». Esto implicaría penas más severas, incluyendo la posibilidad de cadena perpetua para los delitos más graves.

El uso de terminología como "terrorismo urbano" puede llevar a medidas represivas ineficaces que no atacan el fondo del problema: la falta de un control adecuado sobre las bandas criminales y el tráfico de armas.

El término se utilizó originalmente en España en los años 80 para referirse a pequeños grupos ideológicos que cometían delitos en la ciudad con fines políticos. En América Latina, este concepto se reinterpretó en países como Colombia y México pero sin resultados efectivos. Por ejemplo, las FARC en Colombia, que combinaban narcotráfico con ideología, contemplaban una dinámica diferente a la extorsión, que persigue fines de lucro.

Solis explica que «si bien la tipificación del terrorismo urbano podría tener un impacto simbólico, no necesariamente solucionará el problema. El terrorismo tradicional tiene una lógica diferente al crimen organizado común. Además, el problema no es solo que la norma sea amplia, sino que su aplicación requiere un sistema judicial eficiente, algo que actualmente no tenemos».

La idea de utilizar el Código Penal para abordar el malestar social es peligrosa porque términos como 'zozobra' o 'alarma' son muy subjetivos. En momentos de tensión social, se tiende a usar el derecho penal como una herramienta política. Si criminalizamos el 'malestar' o el 'temor', ¿quién define esos términos? ¿El policía? ¿El fiscal? ¿El juez? Estas leyes podrían ser utilizadas para reprimir derechos fundamentales, como la libertad de expresión o el derecho a la protesta".

Cabe destacar que este concepto se intentó introducir durante el gobierno de Ollanta Humala, cuando se quería criminalizar las protestas, especialmente las relacionadas con la minería. «Aunque en su momento no prosperó, la idea de utilizar el Código Penal para abordar el malestar social sigue siendo peligrosa, porque términos como ‘zozobra’ o ‘alarma’ son muy subjetivos. En momentos de tensión social, se tiende a usar el derecho penal como una herramienta política. Si criminalizamos el ‘malestar’ o el ‘temor’, ¿quién define esos términos? ¿El policía? ¿El fiscal? ¿El juez? Estas leyes pueden ser utilizadas para reprimir derechos fundamentales, como la libertad de expresión o el derecho a la protesta», sostiene la investigadora del IDEHPUCP.

Un marco legal insuficiente

Esta creciente ola de extorsiones ha puesto en duda si el marco legal actual es adecuado para enfrentar este tipo de criminalidad. Solis señala que la extorsión ha prosperado en parte debido a un vacío legal y la falta de un enfoque integral para su lucha. La solución, añade, no solo es da a través del derecho penal. Se debe realizar mediante un sistema unificado que integre a todas las instituciones que forman parte de proceso (Poder Judicial, Ministerio Público y la Policía). «Durante años, la política criminal del país se ha centrado en delitos como la corrupción y el lavado de activos. Mientras que la extorsión, que es más fragmentada y difícil de rastrear, no ha recibido la atención necesaria», explicó la experta.

La violencia genera mayor atención, pero refuerza el control que ejercen las bandas. Las organizaciones criminales prefieren operar en las sombras, sin generar confrontaciones directas, lo que les permite seguir extorsionando sin ser detectadas fácilmente".

Además, sostiene que la Ley 32108, criticada por debilitar la lucha contra la criminalidad, y las declaratorias de emergencia son ineficaces para reducir la inseguridad. “La violencia genera mayor atención, pero refuerza el control que ejercen las bandas. Las organizaciones criminales prefieren operar en las sombras, sin generar confrontaciones directas, lo que les permite seguir extorsionando sin ser detectadas fácilmente», afirmó.

¿Terrorismo urbano, criminalidad sistemática o delincuencia común?

Para Erika Solis, es importante diferenciar entre lo que es un acto terrorista y lo que es un delito común organizado. «Si bien las extorsiones utilizan el miedo y la amenaza como herramientas, llamarlas terrorismo urbano podría desviar la atención de la solución real del problema de fondo que es la falta de un control adecuado sobre las bandas criminales y el tráfico de armas», sostiene.

Asimismo, añade que “hoy vemos que las bandas tienen acceso a armas de guerra y explosivos, lo que nos hace preguntarnos: ¿cómo están consiguiendo estos recursos? El Estado debe investigar y atacar esos canales, no solo reaccionar ante la violencia”.

El sistema de justicia necesita recursos, formación y una mejor coordinación. Sin estos elementos, cualquier ley queda incompleta. Se requiere un esfuerzo integral, con políticas de prevención y un fortalecimiento institucional sostenido. Esto demanda tiempo y un compromiso real, no solo cambios legislativos de corto plazo".

Solis considera que, si bien estas medidas podrían quedar en letra muerta, hay una preocupación significativa de que, si se aprueban, puedan usarse con otros fines, como la represión de protestas o el silenciamiento de voces disidentes. «El derecho penal debe ser claro y garantizar la convivencia social, no ser un instrumento de control político. Las propuestas actuales son peligrosamente amplias y subjetivas, y podrían generar más caos que soluciones», advierte.

Además, destaca que sin una reforma integral en los sistemas de seguridad y justicia, no será posible frenar el avance de la criminalidad. En su opinión, el control efectivo de las organizaciones criminales, la reforma del sistema penitenciario, la reducción del acceso a armas y explosivos, y un enfoque preventivo son fundamentales para abordar el problema desde su origen.

La especialista también enfatiza que pensar que leyes más severas resolverán la criminalidad es una visión simplista. «El sistema de justicia necesita recursos, formación y una mejor coordinación. Sin estos elementos, cualquier ley queda incompleta. Se requiere un esfuerzo integral, con políticas de prevención y un fortalecimiento institucional sostenido. Esto demanda tiempo y un compromiso real, no solo cambios legislativos de corto plazo», concluye.