El Perú atraviesa hoy una de las peores crisis alimentarias de los últimos 15 años. De acuerdo con el Índice Global del Hambre 2025 (GHI), presentado recientemente por la red Alliance2015, el país obtuvo un puntaje de 18.8, ubicándose en la frontera entre un nivel “moderado” y “grave”. La inflación, la recesión económica, y la inestabilidad política y social de los últimos cuatro años han agravado esta situación han profundizado el riesgo de hambre en miles de hogares. Las regiones más afectadas son Pasco, Huancavelica, Loreto, Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Puno y Huánuco. 

¿Significa esto que el Perú ha perdido oficialmente la batalla por cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero para el 2030? Para la Mag. Norma Correa, profesora del Departamento de Ciencias Sociales, y el Mag. Nicolás Barrantes, profesor del Departamento de Economía, el problema del hambre no puede analizarse aisladamente, sino dentro del deterioro de la pobreza en el país.

“Tenemos que colocar el tema del hambre en el contexto de la evolución de la pobreza en el Perú en el transcurso de este milenio”, señala Correa. Además, advierte que, pese a la recuperación económica posterior a la pandemia, el país todavía está lejos de regresar a los niveles de pobreza previos al 2020 y también lejos de cumplir la meta estatal de reducir la pobreza monetaria al 15% para el 2030.

De acuerdo con la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria de la FAO, más del 40% de la población peruana experimenta inseguridad alimentaria moderada o severa. Esto implica que millones de personas enfrentan incertidumbre sobre su acceso a alimentos adecuados, viéndose obligadas a reducir la calidad o cantidad de lo que consumen o, en los casos más críticos, a pasar días enteros sin comer.

Más del 40% de la población peruana

experimenta inseguridad alimentaria moderada o severa, según la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria de la FAO.

«En un país con uno de los mayores niveles de agrobiodiversidad del mundo y con cifras récord en agroexportaciones, resulta éticamente inaceptable que familias deban reducir la cantidad y calidad de su alimentación o pasar días sin comer. El hambre es un problema urgente y su erradicación debe ser prioridad del próximo gobierno desde el inicio de su gestión», asevera Barrantes. 

En un país con uno de los mayores niveles de agrobiodiversidad del mundo y con cifras récord en agroexportaciones, resulta éticamente inaceptable que familias deban reducir la cantidad y calidad de su alimentación o pasar días sin comer. El hambre es un problema urgente y su erradicación debe ser prioridad del próximo gobierno desde el inicio de su gestión».

Actualmente, la pobreza monetaria alcanza el 25.7%, mientras que antes de la pandemia se encontraba en 20.2%. Ante este panorama, los profesores plantean cuatro propuestas clave que el próximo gobierno debería implementar para enfrentar el hambre y reducir la pobreza de manera sostenible.

Evaluar la efectividad del gasto social y adoptar una estrategia de política social para zonas urbanas

La primera medida que proponen es revisar con urgencia cómo se están utilizando los recursos destinados a programas sociales, entre ellos menciona el Vaso de Leche, comedores, así como las políticas de lucha contra la pobreza, entre otros. 

“Se debe evaluar cuál es su efectividad y qué impacto están logrando los resultados en la mejora del bienestar de las personas. Ojalá pueda hacerse de manera prudente porque tampoco se trata de hacer borrón y cuenta nueva. La situación es lo suficientemente crítica como para darnos cuenta de que tenemos que construir sobre lo avanzado, pero con necesarios ajustes”, asevera Correa. 

Los comedores populares han sido un gran salvataje para lo que la política pública en su momento no ha podido atender (…) Hay experiencias que ya buscan dar sostenibilidad a los comedores populares, por ejemplo, convirtiéndose en pequeños restaurantes o panaderías».

En ese sentido, Correa indicó que actualmente el Perú tiene un problema de efectividad en la inversión social. Esto se debe a que los resultados que tenemos no son lo suficientemente buenos en función de lo que estamos invirtiendo como país.

Por su parte, Barrantes propone adoptar una estrategia de política social para zonas urbanas que incluya medidas de alivio inmediato (transferencias monetarias, cupones o entrega directa de alimentos), y el fortalecimiento de ollas comunes y comedores populares y municipales. Dado que los programas actuales no tienen la cobertura ni el diseño para responder al crecimiento sostenido en áreas urbanas.

«Cuando se consolidaron los programas sociales del Midis, la pobreza monetaria era principalmente rural. Si bien su incidencia sigue siendo mayor en esas zonas, en los últimos años ha crecido sostenidamente en áreas urbanas, y el hambre se ha convertido en un problema relevante en Lima y otras ciudades», precisa. 

Agrega que las mejoras no serán sostenibles sin enfrentar factores estructurales como el alto costo del transporte y la inseguridad ciudadana, que reducen los recursos disponibles para la alimentación de los hogares más vulnerables. 

Mejorar la calidad de alimentación fortaleciendo los programas de alimentación y los comedores populares

La segunda propuesta apunta a los programas sociales dirigidos a la población en situación de pobreza, como el programa de alimentación escolar, el Vaso de Leche y comedores populares. Para Correa, el reto no es crear iniciativas desde cero, sino fortalecer las que ya existen.

La especialista, además, destaca el papel que cumplen estas organizaciones comunitarias en contextos de crisis alimentaria. “Los comedores populares han sido un gran salvataje para lo que la política pública en su momento no ha podido atender”, afirma. También destaca el trabajo de las redes vecinales y de mujeres que sostienen estos espacios, muchas veces con recursos limitados, mientras demandan mayor atención y presupuesto del Estado.

Asimismo, considera que estos espacios deben avanzar hacia más modelos sostenibles. “Hay experiencias que ya buscan dar sostenibilidad a los comedores populares, por ejemplo, convirtiéndose en pequeños restaurantes o panaderías”, comenta Correa.   

Por su parte, Nicolás Barrantes manifiesta que la inseguridad alimentaria no es solo un problema de cantidad, sino también de calidad. Esto ayuda a explicar la coexistencia de anemia y desnutrición con el aumento del exceso de peso en niños y adultos.

Un eje clave es elevar la calidad de los alimentos en los programas de asistencia. «Un estudio reciente de economistas PUCP muestra que, cuando el Programa de Alimentación Escolar entrega alimentos frescos para ser preparados por la comunidad, se reduce la prevalencia de obesidad. Esto a diferencia de cuando distribuye raciones industrializadas listas para consumir, con efectos mayores cuando incluye tanto desayuno como almuerzo», revela. 

A ello se suma la necesidad de promover la inversión pública en incentivos a la investigación, innovación y fortificación de alimentos de consumo masivo. «Es necesario fortalecer los mecanismos de regulación en compras públicas y en la comercialización de alimentos (donde se han identificado productos con exceso de plaguicidas), ámbito en el que el fortalecimiento del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú) es clave para garantizar la inocuidad alimentaria», reitera.

Reforzar la atención de salud frente a la anemia y la desnutrición

La siguiente propuesta se enfoca en fortalecer la respuesta del sector salud frente a la anemia y la desnutrición, que siguen afectando principalmente a niños, mujeres y adultos mayores. Correa advierte que el debate público suele centrarse únicamente en la infancia, pero recuerda que la anemia también impacta severamente a adultos y adultos mayores.

La ventana de acción más importante está en la primera infancia, pero también necesitamos estrategias para mujeres y adultos mayores».

Para ello, propone reforzar el seguimiento nutricional desde las redes de salud pública, así como ampliar las campañas de prevención, y mejorar el acceso a controles médicos y suplementos nutricionales. “La ventana de acción más importante está en la primera infancia, pero también necesitamos estrategias para mujeres y adultos mayores”, afirma. La especialista remarca que la anemia infantil sigue siendo una “mochila muy pesada” para el desarrollo físico y cognitivo de miles de niños peruanos.

Barrantes, además, propone impulsar la productividad y resiliencia de la agricultura familiar. Si bien el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego estima que más del 70% de los alimentos que consumimos provienen de la agricultura familiar, este es, sin embargo, un sector empobrecido, con apoyo insuficiente y desarticulado, en contraste con un sector agroexportador que aún recibe privilegios difíciles de justificar.

«Es urgente elevar su productividad y fortalecer su adaptación al cambio climático y su capacidad de enfrentar choques de corto plazo. Para ello, se requiere un paquete articulado: mayor inversión en riego tecnificado, subsidio a semillas certificadas y programas de capacitación. Es fundamental también expandir los servicios financieros al sector, hoy limitados por su alta informalidad», sostiene. 

En ese marco, Barrantes señala que se debe fortalecer el crédito de Agrobanco, articulándolo con la titulación de tierras y la promoción de cooperativas e incorporando un enfoque de género que cierre las brechas de acceso al financiamiento que enfrentan las mujeres, así como la promoción de la canalización de capital de fondos de inversión de impacto hacia la agricultura familiar. 

Recuperar el crecimiento económico y generar empleo

La cuarta propuesta pone el foco en la sostenibilidad de las políticas contra la pobreza y el hambre. Para Correa, los programas sociales y las redes de asistencia cumplen un rol importante. Sin embargo, estos no son suficientes para garantizar que las familias salgan de la pobreza de manera permanente. “Por más bueno que sea un programa social o algún servicio de soporte, nadie va a salir sostenidamente de la pobreza solo con eso. Estos son paliativos, apoyo, redes de protección social”, afirma.

La investigadora sostiene que la verdadera solución pasa por recuperar el crecimiento económico y generar oportunidades laborales. En esa línea, advierte que el país necesita fortalecer la inversión pública y privada para que las políticas sociales puedan sostenerse en el tiempo.

Además, subraya que el desarrollo económico debe ir acompañado de mejoras en servicios esenciales como salud y educación. Para Correa, el crecimiento económico permite generar empleo y recursos públicos, mientras que servicios de calidad amplían las oportunidades de las familias. “Si solamente nos quedamos en pedir mayor inversión social, no vamos a lograr cambios a la larga. Necesitamos desarrollo económico que le dé sostenibilidad a la inversión social y permita a las personas mejorar autónomamente sus condiciones de vida”, concluye.

Articular mejor las políticas contra el hambre

Finalmente, Nicolás Barrantes propone fortalecer la gobernanza de las políticas alimentarias mediante una estrategia articulada, mejor información y evaluación permanente. Explica que la lucha contra el hambre requiere una respuesta intersectorial, con liderazgo claro, por ejemplo, desde la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, adscrita a la PCM, y no medidas aisladas o reactivas, como suele ocurrir actualmente.

No es lo mismo enfrentarla (el hambre) en zonas urbanas que rurales, ni en la costa que en los Andes o la Amazonía. Los intentos por consolidar una política nacional de seguridad alimentaria han sido incompletos (…) Garantizar esa estrategia será un reto central para el próximo gobierno”.

El investigador advierte, además, que las causas del hambre no son iguales en todos los territorios. “No es lo mismo enfrentarla en zonas urbanas que rurales, ni en la costa que en los Andes o la Amazonía. Los intentos por consolidar una política nacional de seguridad alimentaria han sido incompletos. Esto se debe, en buena medida, a la inestabilidad política y la falta de voluntad para abordar el problema integralmente. Garantizar esa estrategia será un reto central para el próximo gobierno”, asevera.

En esa línea, considera urgente retomar la evaluación sistemática del impacto de las intervenciones sociales vinculadas a la alimentación. Solo así será posible identificar qué funciona, qué debe corregirse y qué medidas pueden ampliarse. A ello se suma la necesidad de fortalecer la fiscalización independiente, ciudadana y especializada, para asegurar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan y que las políticas no se diluyan entre cambios de gobierno, urgencias coyunturales o decisiones improvisadas.

En un país donde el hambre convive con la pobreza y la desigualdad territorial, el reto no pasa solo por entregar más ayuda. Lo hace por construir una política sostenida, evaluada y articulada. El próximo gobierno deberá combinar protección social, crecimiento económico, empleo y servicios públicos de calidad. Solo así las familias podrán mejorar sus condiciones de vida de manera autónoma y sostenible.