Los vocales recogen en algunas partes textualmente, y sin cuidado de forma y redacción, la argumentación del señor Muñoz Cho y de sus representantes legales. En esta argumentación se vislumbra cómo la manera de interpretar la supuesta voluntad testamentaria de Riva-Agüero responde a un modo muy particular y muy discutible de concebir el papel de las universidades católicas en la sociedad peruana de hoy.

Es una verdad de Perogrullo que la educación superior de calidad pública y privada, abierta a todos los estratos socioeconómicos, es uno de los principales instrumentos y una condición sine qua non para salir lo más pronto posible del círculo vicioso de la pobreza, de la violencia, de la corrupción, de la obstrucción burocrática, del caos institucional. Lo entiendieron muy bien, por ejemplo, los gobiernos de derecha, centro e izquierda –sin excepción– de Chile. Finalmente, resulta obvio también que el tema de la universidad –y de la educación en general– es, y debe ser, materia de consensos en todas las sociedades sanas y se ubica más allá de estrechos intereses políticos de un partido o de una institución eclesiástica.

Por ello, y de manera explícita, los instrumentos legales, la Constitución y las leyes universitarias de la mayoría de países en el mundo, incluyendo al Perú, protegen y ayudan a replicar las experiencias de las instituciones académicas exitosas, las universidades en el pleno sentido de esta palabra. Curiosamente, este no es el aspecto que más preocupó a los integrantes del Tribunal Constitucional, por lo menos a aquellos que dieron su dictamen en mayoría.

Desde mi perspectiva, el fondo de la discrepancia jurídica que llegó finalmente hasta el Tribunal Constitucional se resume en la siguiente pregunta con dos alternativas de respuesta: ¿Cuál de los dos modelos de gestión institucional se debe seguir en el futuro en la Pontificia Universidad Católica del Perú: el modelo gerencial vertical de las universidades-empresa o el modelo adoptado tradicionalmente por prácticamente todas las 200 universidades de mayor reconocimiento en el mundo, incluyendo la nuestra; es decir, el modelo tradicional de una institución autogestionaria, plural, democrática, esencialmente autónoma bajo la tutela jurídica del Estado y fiel a sus ideales, en nuestro caso los ideales católicos concordes con los lineamientos de la doctrina social de Iglesia? El modelo de la universidad-empresa de gestión vertical se hizo viable y popular en el Perú, todos lo recordamos bien, durante el gobierno de Fujimori. Nuestro modelo está, en cambio, respaldado y defendido por la Constitución y por la Ley Universitaria vigente.

El señor Muñoz Cho y su representante legal defienden la alternativa de una universidad donde todo poder de decisión en materia económica estaría centralizado en manos de un triunvirato conformado por el representante del Gran Canciller –actualmente tesorero del Arzobispado– el rector electo (o para ellos, nombrado) y, finalmente, el Gran Canciller mismo como la voz dirimente que decide de manera definitiva en la última instancia.

En este tipo de estructuras organizacionales verticales, propias de varias universidades privadas, de ayer y hoy, incluyendo a la nuestra en el pasado, el Consejo Universitario suele tener un papel subalterno, asesor, a menudo no vinculante. No se considera necesario, tampoco, contar con una asamblea ni menos con la representación estudiantil o mecanismos transparentes de fiscalización de gastos e inversiones.

Cabe preguntarse retóricamente, entonces, ¿cuál de los dos modelos ha contribuido al desarrollo exitoso de nuestra Universidad? Para todos los que conocemos la historia de nuestra casa de estudios resulta claro que la Universidad dio un gran salto en las décadas del setenta y noventa. En sus orígenes, y durante toda su existencia en la Plaza Francia, la Pontificia Universidad Católica del Perú fue una pequeña escuela superior elitista con pocas carreras, y aún menos estudiantes, y con los profesores que trabajaban ad honórem, o casi. La fortuna que legó José de la Riva-Agüero no se usaba para construir aulas y laboratorios ni tampoco para pagar bien a los científicos y profesionales.

El gran salto de la década del setenta se ha dado gracias a las inteligentes y visionarias políticas del padre Mac Gregor y a la nueva estructura institucional conforme con los mandatos de la Ley Universitaria. Hay quienes conocen esta parte de la historia mejor que yo y, sobre todo, desde su propia vivencia como jóvenes estudiantes o profesores. Llegué al Perú para enseñar en la PUCP a fines de 1982, motivado a viajar por la persecución del régimen comunista totalitario a todos los fundadores del movimiento Solidaridad, incluyendo a alguien tan poco significante como un joven profesor asociado de la Universidad de Varsovia recién nombrado.

¿Por qué entonces cuento esta historia? Porque la manera como una parte considerable de la opinión pública percibe el litigio con el Arzobispado es una historia mal contada, completamente reñida con la verdad y en buena parte concordante con la febril campaña de los pasquines que se refleja directamente en la penosa sentencia del Tribunal Constitucional.

Se dice y se cree que la exitosa universidad de hoy es una obra del benefactor y donante, que es la consecuencia automática de la donación de los terrenos agrícolas del Fundo Pando. Yo puedo dar fe de lo contrario. Cuando llegué a compartir con ustedes la enseñanza en estas aulas ganaba como profesor a tiempo completo aproximadamente 200 dólares y este monto no alcanzaba para las mensualidades en el colegio de mi primer hijo; menos para vivir y comer. Era un honor trabajar en la Católica. Se ganaba el dinero en otras instituciones con cachuelos.

Cuando la Universidad me invitó para participar en la tarea de construir la Especialidad de Arqueología, lo único que recibimos fueron dos escritorios y dos sillas en un cuarto prestado debajo de la escalera en el edificio de Estudios Generales Letras. Todo el resto, laboratorios, proyectos de campo, equipos y demás los conseguimos los profesores gracias a las donaciones de instituciones nacionales y extranjeras. Puedo dar fe, como ustedes, de que esta Universidad, aún con muchas limitaciones económicas, pero no por ello menos viable y con futuro, es la Universidad que hemos construido todos con nuestro esfuerzo, talento, saber, ingenio y por supuesto con nuestro dinero; es decir, el dinero que no se nos pudo pagar para tener una vida decorosa durante los ochenta y noventa, por las limitaciones presupuestales. Las dificultades las pasan aún muchos profesores jóvenes a pesar del inmenso esfuerzo de las instancias democráticas de la administración universitaria, del Dr. Lerner, del Ing. Guzmán Barrón y del actual equipo rectoral para revertir esta penosa situación.

Si tomamos en cuenta la verdad sobre la historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, no cabe ninguna duda de que el bien jurídico que el Tribunal Consitucional debió salvaguardar son los derechos de la asociación civil sin fines de lucro que somos, de la asociación fundada hace casi 80 años y dedicada de manera exitosa y transparente, con auditorías internacionales, a construir una gran universidad católica digna de este nombre, la primera en los rankings internacionales entre las universidades peruanas.

Nosotros sabemos, y lo debe saber la sociedad, que nuestra Universidad, gracias a la aún rígida política salarial y al buen manejo de las pocas propiedades que le quedaron después de la Reforma Agraria, invierte en casi todas las ciencias básicas y aplicadas, que financia directamente con becas o indirectamente con escalas los estudios de la mayor parte de su estudiantado, que invierte en la investigación, en las bibliotecas y en la internacionalización como ninguna. En suma, que cumple a cabalidad con su misión como si fuese una universidad nacional.

* Extracto de su discurso en la inauguración del Año Académico 2010 de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas