Han transcurrido seis años del desastre político de Bagua (marzo-junio de 2009) y parece como si aún sus causas y efectos no nos hubieren enseñado a prevenir otros desastres similares. El reciente caso Tía María (marzo-mayo de 2015) es una muestra de ello.

Si bien físicamente el conflicto relacionado con el proyecto de inversión minera Tía María, en el valle de Tambo, provincia de Islay, región de Arequipa, tiene diferencias respecto al conflicto iniciado en la región amazónica de Bagua, políticamente comparten muchas semejanzas. Ante las diferencias geográficas, poblacional y de recursos naturales en disputa, se presentan semejanzas extremas entre las que resaltan: la existencia de una protesta local masiva que se extiende a otras regiones, la agudización de esa protesta con efectos violentos en zonas rurales y urbanas, y, sobre todo, por sus consecuencias en muertes y cientos de heridos en la población local y la Policía Nacional del Perú. ¿Cómo explicar el desarrollo de estos conflictos que devienen en desastres políticos con graves daños en las personas y sus patrimonios, en la gestión pública, la confianza gubernamental y el erario nacional, y en las expectativas de los empresarios y sus grandes inversiones de capital?

El conjunto de estos problemas de gestión pública y privada, y de reacción de la población local experimentado en los casos de Bagua y Tía María, muestran, de un lado, el ejercicio de un poder autoritario o “superior” que origina el conflicto, y de otro lado, la defensa que puede tornarse en violenta. La raíz de estos problemas se encuentra en las autoridades gubernamentales y los funcionarios privados que ejercen ese poder. Pero, más aún, el contenido de esa raíz se encuentra en la incomprensión de los diferentes derechos y economías de esta población local. Las autoridades y los titulares de los proyectos de inversión parten de una racionalidad basada solo en la institucionalización de las leyes o resoluciones vigentes, las que recogen la economía del crecimiento, sin sopesar que estas leyes o resoluciones pueden no estar internalizadas en la población local y, por el contrario, esta población puede compartir la racionalidad de otros derechos que llevan intrínsecos otras economías como aquellas basadas en actividades de pesca, caza o agricultura, diferentes a las actividades extractivas de petróleo o mineral.

¿Qué hacer frente a estos problemas estructurales? En primer lugar, se tiene que resolver la actitud incomprensiva de las autoridades del gobierno central y de los titulares de los proyectos de inversión. Para ello es indispensable reflexionar y revalorar los derechos y economías locales preexistentes, antes de iniciar la propuesta de un proyecto de inversión. En segundo lugar, es necesario que la población local sea informada seriamente y escuchada permanentemente. Esto significa proveerles de recursos materiales y administrativos para que su participación sea efectiva y puedan, en su oportunidad, cuestionar alguna posible medida que los perjudique.

Si es nuestra intención prevenir conflictos sociales que devienen en desastres políticos como el ocurrido en Bagua, y últimamente en Islay, es indispensable cambiar nuestros paradigmas de derecho y economía. No basta quedarnos en la economía del crecimiento, como tampoco basta quedarnos en el derecho formal de las leyes y las resoluciones administrativas. Es prioritario acercarnos a la economía y el derecho de la población local, comprenderlas, para emprender juntos grandes y pequeños proyectos de inversión sostenibles que favorezcan tanto a esta población local como al conjunto del país.