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“Cuando hay recortes, el sistema de servicios sociales es el que siente la tijera primero”

La doctora Lucía Martínez está realizando una estancia en la Especialidad de Trabajo Social, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. El 19 de mayo participará, junto con la Dra. Mónica Rubio y Dra. Patricia Carrillo, como ponente en el Seminario “Gestión del Bienestar Social, Desarrollo Humano e Inclusión Social”.

  • Lucía Martínez
    Docente visitante de la Universidad Pública de Navarra
  • Texto:
    Nancy Vargas
  • Fotografía:
    Fernando Criollo

¿Cómo ha cambiado la situación de los hogares excluidos después de la crisis española?

Toda crisis económica tiene un impacto muy fuerte en las condiciones de vida de su ciudadanía. Sin embargo, las consecuencias de una crisis en términos de pobreza y desigualdad social dependen, en buena parte, de la capacidad de respuesta de un Estado a través de su política social. En España tenemos un sistema de protección al desempleo muy determinado por los aportes previos de las personas trabajadoras. Esta protección es limitada, especialmente para aquellas personas que, por la precariedad de sus empleos, no podían acceder a la protección. Por tanto, el impacto ha sido más agresivo e intenso para aquellos hogares que antes de la crisis ya partían de posiciones sociales más vulnerables. En muchas de estas familias la primera consecuencia fue la pérdida de empleo, pero el desempleo prolongado les llevó a iniciar itinerarios de exclusión muy intensos con graves consecuencias en términos de autoestima, salud física y mental o relaciones familiares.

¿Por qué son excluidos los hogares luego de la crisis y la pérdida de empleo?

El empleo ha sido el mecanismo fundamental de integración en Europa: permite tener un salario, relaciones sociales, acceso al seguro social y sanitario. Es decir, ofrece cierta protección social para la persona que trabaja y su familia. La exclusión social se caracteriza precisamente por ser multidimensional, por eso las personas excluidas acumulan dificultades no solo en el espacio económico, sino también en el ejercicio de derechos sociales y políticos. En los últimos años, la capacidad integradora del empleo se ha visto reducida por su precariedad e inestabilidad. En este sentido, la polarización entre en el empleo que protege y el que no lo hace será determinante para comprender la desigualdad de un país. En el caso de Perú, por su elevado nivel de informalidad, se enfrenta a una realidad en la que tener un empleo no es ninguna garantía de integración.

¿Qué mitos en relación a las familias vulnerables ha esclarecido con su investigación?

Tradicionalmente se califica a los hogares pobres como dependientes de prestaciones sociales, crónicos en los servicios sociales o pasivos. Sin embargo, los resultados de mis trabajos evidenciaban los esfuerzos diarios que hacían por sobrevivir. Por esa razón mi trabajo se centró en las estrategias de supervivencia de los hogares en situación de exclusión, evidenciando que las acciones para contrarrestar la pobreza (pluriempleo, ahorro en la canasta o convivencias múltiples no deseadas) no estaban exentas de costes y abrían nuevos espacios de riesgo en las familias (más conflictos, violencia, pérdida de salud, etc.). Al vincular estos resultados con los programas sociales que se venían desarrollando para acabar con la pobreza se demostró que no estaban siendo diseñados ni adaptados a las realidades de las familias y, por tanto, no tenían en impacto social deseado en términos de reducción de la pobreza.

¿Qué cree que falta incrementar tanto en España como en Perú para que esta brecha se reduzca?

El Estado tiene la responsabilidad de redistribuir los recursos y compensar las desigualdades que genera el mercado de trabajo. De esta forma se contribuye a construir una sociedad avanzada en términos de cohesión social y reducción de la conflictividad. Ello se consigue a través del reconocimiento y salvaguarda de derechos sociales y de la intervención orientada a reducir las bolsas de pobreza. En Europa los Servicios Sociales de vocación universal y garantistas en todas las etapas de ciclo vital (menores, adultos mayores, etc.) han demostrado una eficacia mayor en términos de lucha contra la desigualdad, mientras que las políticas sociales poco articuladas constituyen respuestas heterogéneas y discrecionales, desarrolladas en función de los recursos y la voluntad política. A pesar de que en España el Sistema de Servicios Sociales está consolidado como un sistema de protección social, es el más joven y cuando hay recortes, es el que siente la tijera primero. En Perú, una de las cosas que veo con mucha preocupación es precisamente esa falta de articulación de las políticas sociales y la ausencia de estructura de los Servicios Sociales, generando un sistema muy discrecional que pone en cuestión el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.

¿Cómo lograr que los resultados de la investigación tengan un efecto en la realidad?

La investigación social tiene como objetivo contribuir al conocimiento de la realidad social. En este sentido la academia tiene la responsabilidad de trasladar sus resultados a las administraciones gubernamentales, de tal forma que el diseño de políticas públicas se adecue a las necesidades reales de la población y su implementación realmente genere una mejora de las condiciones de vida. Del mismo modo, los cambios sociales generan la necesidad de nuevas herramientas de intervención social, y ahí también tenemos la responsabilidad de diseñar formación adaptada a la realidad social a partir tanto de cursos de formación continua y de pregrado, como de la publicación de artículos científicos.

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