Desde inicios de año, como Mesa Directiva Fepuc, venimos tratando las diversas problemáticas que se presentan en la PUCP, y un primer paso para ello fue la campaña de “Cien años de elitización” que, en un comienzo, se realizó en conjunto con todos los gremios y agrupaciones políticas. Esta campaña giró en torno a tres ejes: permanencia del equipo rectoral, alza de precios sistemática del menú universitario y la aprobación de un nuevo sistema de pensiones. La campaña significó máxima difusión sobre estas tres problemáticas, concientizar al alumnado sobre la responsabilidad del rectorado y la realización de plantones en el contexto del debate en torno al alza del menú.

Como Mesa Directiva Fepuc, continuamos en la defensa de los derechos estudiantiles y es necesario reconocer que las problemáticas expuestas son tan solo síntomas de un sistema de gobierno y gestión de la Universidad, que no reconoce la totalidad de nuestros derechos como estudiantes y que impide la democratización de los espacios de deliberación. En ese sentido, desde la Asamblea de Delegados Fepuc, se plantean las siguientes demandas ante el Consejo Universitario: que como estudiantes tengamos un 50% de representación en la Comisión de Categorización. Consideramos necesario y justo poder ser representados (as) en dicha comisión en tanto el tema nos afecta directamente; que como estudiantes tengamos un tercio (1/3) de representación en Consejo Universitario. El inciso 5 del artículo 58 de la Ley Universitaria señala que en la conformidad de los miembros del Consejo Universitario forman parte “los representantes de los estudiantes regulares, que constituyen el tercio del número total de los miembros”. Actualmente, el Consejo Universitario está constituido por veinte (20) personas de las cuales cuatro (4) son estudiantes, lo que nos da un quinto (1/5) de representación. Esta situación genera una menor representatividad de nuestras demandas en el máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa de la Universidad; que se tengan criterios claros y públicos de categorización para que podamos corroborar si, en efecto, el modo de clasificación de los estudiantes en una escala es justo y conocer las razones que se encuentran detrás del mismo; y, finalmente, que la Universidad cumpla con los artículos 11 y 77 de la Ley Universitaria. Esto significaría que las actas aprobadas en las sesiones de Consejo sean públicas y que se forme una Comisión Permanente de Fiscalización, que se encargue de vigilar la gestión académica, administrativa y económica de la PUCP, de la cual sea parte un estudiante de pregrado y uno de posgrado.

Las presentes demandas han sido suscritas por 51 candidatos(as) a ser representantes ante la Asamblea Universitaria, con lo cual se comprometen a defenderlas y buscar su aprobación en Consejo Universitario. A lo largo de lo que queda del año como Mesa Directiva, fiscalizaremos que los REA elegidos, de estos 51 candidatos, cumplan con su palabra, y, de ser así, trabajaremos de la mano en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos como estudiantes y la democratización de los espacios de deliberación. Solo así podremos seguir construyendo una PUCP de la cual nos podamos sentir orgullosos(as) todos los días.