Instituto de Democracia y Derechos Humanos – IDEHPUCP 
Hace un par de semanas, Lima fue sede del World Mining Congress 2026 [1], uno de los encuentros más importantes de la industria minera a nivel mundial. El momento no pudo ser más oportuno. En un contexto de creciente competencia por atraer inversiones y de una demanda sostenida por minerales críticos, impulsada por la transición energética y el desarrollo tecnológico, la gobernanza se ha convertido en un factor de competitividad tan importante como el propio potencial geológico.
En ese escenario, el Perú cuenta con una ventaja difícil de igualar: una riqueza mineral que lo posiciona como un actor estratégico para la próxima década. Sin embargo, disponer de recursos naturales no basta. La competitividad minera depende hoy tanto de la calidad de los yacimientos como de la capacidad del Estado para garantizar reglas claras, seguridad jurídica y estabilidad en los territorios donde se desarrolla la actividad.
La disputa por la minería también es una disputa por el territorio
Los datos muestran la magnitud del desafío. Entre 2014 y 2024 se registraron más de US$ 80 mil millones en operaciones financieras sospechosas (UIF) vinculadas a la minería ilegal. Al mismo tiempo, cientos de miles de personas dependen económica y laboralmente de la minería artesanal, la pequeña minería formal y actividades informales. Estas categorías no son equivalentes ni deben confundirse; reflejan, sin embargo, la complejidad de un fenómeno que trasciende el ámbito policial y plantea desafíos económicos, sociales e institucionales.
Fortalecer la gobernanza implica garantizar que la minería responsable pueda desarrollarse con seguridad, reglas claras y respeto por las concesiones. También exige diferenciar con claridad entre quienes operan dentro de la ley y los que desarrollan actividades criminales».
Las manifestaciones de este problema también varían según el territorio. La violencia registrada en Pataz, en La Libertad, evidenció hasta qué punto las economías ilegales pueden desafiar la autoridad del Estado y afectar la continuidad de las operaciones formales. En contraste, Puno concentra una de las mayores presiones de minería informal del país, donde la elevada dependencia económica y las limitadas capacidades institucionales incrementan los desafíos para la gobernanza. Ambos casos muestran que no existe una única realidad minera y que las respuestas tampoco pueden ser uniformes.
Gobernanza como ventaja competitiva
Fortalecer la gobernanza implica garantizar que la minería responsable pueda desarrollarse con seguridad, reglas claras y respeto por las concesiones. También exige diferenciar con claridad entre quienes operan dentro de la ley y los que desarrollan actividades criminales. Cuando las capacidades del Estado son insuficientes para garantizar el cumplimiento de las reglas sobre el territorio, las organizaciones vinculadas a economías ilegales encuentran espacio para construir legitimidad social, económica y política, debilitando progresivamente la confianza en las instituciones. La disputa deja entonces de centrarse únicamente en los recursos minerales para extenderse al control y la gobernanza del territorio.
El próximo gobierno tendrá la oportunidad de consolidar una agenda de competitividad basada en gobernanza. Ello supone proteger las concesiones, fortalecer la trazabilidad de los minerales, mejorar la inteligencia financiera frente a las economías ilegales e incorporar sistemas de alerta temprana que permitan identificar territorios donde las capacidades institucionales comienzan a deteriorarse. Estas medidas resultan tan importantes como promover nuevas inversiones o acelerar proyectos estratégicos.
Desde un enfoque de gerencia social, este propósito cobra especial relevancia mediante el análisis de actores, la identificación temprana de riesgos, el monitoreo territorial, la construcción de estrategias, y la cogestión entre Estado, empresas y comunidades para una mejor toma de decisiones».
Desde un enfoque de gerencia social, este propósito cobra especial relevancia mediante el análisis de actores, la identificación temprana de riesgos, el monitoreo territorial, la construcción de estrategias, y la cogestión entre Estado, empresas y comunidades para una mejor toma de decisiones
Estas capacidades resultan tan importantes como promover nuevas inversiones o acelerar proyectos estratégicos. De esta manera, el Perú puede convertirse en uno de los principales proveedores de minerales estratégicos para la transición energética mundial. Transformar esa ventaja geológica en desarrollo dependerá, sobre todo, de nuestra capacidad para gobernar responsablemente la riqueza que yace bajo el suelo.
[1] Esta columna se basa en la ponencia presentada por el autor en el World Mining Congress 2026 (Lima), titulada «When Illegality Becomes Legitimate: Governance Risks for Responsible Mineral Supply».
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