Instituto de Democracia y Derechos Humanos – IDEHPUCP 
Cada mañana, millones de peruanos abren el grifo y sale agua. Encienden el teléfono y tienen señal. Viajan por carreteras que, aunque imperfectas, existen y funcionan. Son gestos tan cotidianos que se han vuelto invisibles. Y, precisamente porque son invisibles, es fácil olvidar lo que hay detrás: regulación técnica, independiente y basada en evidencia.
En un contexto marcado por el próximo cambio de gobierno y por crecientes desafíos institucionales, generar espacios donde especialistas, reguladores y tomadores de decisión puedan contrastar perspectivas resulta más necesario que nunca. El reciente conversatorio “Regulación y sostenibilidad en el Perú: desafíos para fortalecer la institucionalidad”, organizado por la Red Latinoamericana de Servicios Públicos y Regulación —una iniciativa impulsada por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP y la Universidad Externado de Colombia para promover el diálogo entre academia, reguladores y actores estratégicos del sector—, ofreció precisamente esa oportunidad: un diagnóstico honesto, con cifras reales y voces autorizadas, sobre la situación de nuestros organismos reguladores Osiptel, Osiran y Sunass.
Defender la autonomía regulatoria no significa abogar por entidades sin control. Todo lo contrario: la autonomía y la rendición de cuentas son las dos caras de la misma moneda. Un regulador que no rinde cuentas pierde legitimidad. Un regulador intervenido políticamente pierde utilidad. Lo que necesitamos son entidades que gocen de independencia técnica real».
Las reflexiones compartidas durante el encuentro revelaron que estas entidades enfrentan hoy una erosión silenciosa. Deben confrontar techos presupuestales artificiales que limitan la contratación de talento especializado, disposiciones de austeridad uniformes que tratan a agencias técnicas sofisticadas como si fueran ministerios políticos y transferencias forzadas de recursos propios hacia el tesoro público. El resultado es lo que la literatura especializada denomina como desacoplamiento institucional: reguladores que en el papel gozan de plena independencia, pero que en la práctica tienen las manos atadas.
Y es aquí cuando el momento político cobra una dimensión crítica. El Perú se encuentra a días de un cambio de gobierno. Y, como ha ocurrido en muchos países de la región, existe la tentación comprensible, pero equivocada, de interpretar la existencia de reguladores independientes como una ineficiencia del Estado, como una duplicidad de funciones que convendría eliminar o fusionar. La OCDE ha sido categórica al respecto: no existe evidencia de que esa fusión mejore el desempeño. Lo que sí existe es evidencia de que un regulador fuerte, autónomo y con capacidad técnica real es condición indispensable para atraer inversión privada, sostener servicios de calidad y proteger al ciudadano de los efectos del poder de mercado.
El 28 de julio se inicia una nueva etapa. Lo que ocurra con nuestra institucionalidad regulatoria en los próximos meses no es un tema técnico reservado a especialistas: es una decisión de Estado que afectará el agua que bebemos, las carreteras que recorremos y la conectividad con la que trabajamos».
Defender la autonomía regulatoria no significa abogar por entidades sin control. Todo lo contrario: la autonomía y la rendición de cuentas son las dos caras de la misma moneda. Un regulador que no rinde cuentas pierde legitimidad. Un regulador intervenido políticamente pierde utilidad. Lo que necesitamos son entidades que gocen de independencia técnica real: con recursos suficientes, capacidad de contratación y libertad para tomar decisiones basadas en evidencia; y que, al mismo tiempo, operen con total transparencia frente a la ciudadanía, el Congreso y la sociedad civil.
El mensaje que dejó este conversatorio a las nuevas autoridades es que, antes de decidir, pregunten. Entiendan por qué existen los reguladores independientes. Comprendan qué está en juego cuando se debilita su autonomía operativa. Y tomen decisiones fundadas en la razón y en la evidencia, no en el impulso del corto plazo ni en la lógica de la popularidad coyuntural.
El 28 de julio se inicia una nueva etapa. Lo que ocurra con nuestra institucionalidad regulatoria en los próximos meses no es un tema técnico reservado a especialistas: es una decisión de Estado que afectará el agua que bebemos, las carreteras que recorremos y la conectividad con la que trabajamos. Espacios como este conversatorio existen precisamente para que esa decisión se tome con los ojos abiertos y a partir de un diálogo informado entre quienes conocen de cerca estos desafíos.
Deja un comentario