Su ponencia en este evento ha sido sobre la lucha por la transparencia y contra la corrupción. ¿Cree que realmente estemos avanzando? ¿Cómo se relaciona la corrupción con las últimas crisis de los países de América Latina?

Creo que sí, lentamente, pero sí. En la actualidad, estamos abusando mucho del uso de la palabra “crisis”. Yo hablaría más bien de una transformación que está ocurriendo. Creo que la corrupción no está aumentando, como todo el mundo piensa, pero lo que sí ha aumentado en los últimos años es la percepción que tenemos de ella. Esto se debe a los cambios en el ecosistema informacional, especialmente por el aumento de la transparencia, la profesionalización del periodismo –dada la competencia con los medios digitales– y, por supuesto, las redes sociales, que han tenido el efecto de amplificar los escándalos. De hecho, todo el mundo tiene la percepción o la impresión de que la corrupción y la crisis han aumentado, pero creo que no es así; considero que estamos avanzando.

¿Qué mecanismos se pueden fomentar desde el Estado para frenar la corrupción? ¿Qué opina del caso del Estado peruano?

En el caso peruano, la Ley de Acceso a la Información Pública, que se aprobó en 2002, no ha entrado con mucho vigor, como en México, Brasil o Guatemala. Aquí tienen problemas de coordinación política o no hay fiscalización. Yo creo que el gran problema que existe tiene que ver con lo que se llama enforcement, es decir, la aplicación, pues no se está logrando hacer cumplir la ley, tampoco hay sanciones, puniciones ni incentivos positivos o negativos. El Estado peruano aún se está organizando en materia de información y bancos de datos, a diferencia de otros países. Por ejemplo, un alumno mío en Brasil –junto con el Gobierno–, ha logrado crear un banco de datos con 50 millones de contratos públicos, datos que se pueden cruzar con otros del Estado y ofrecer información importante para permitir el rastreo de posibles irregularidades. También es importante el uso de sistemas informáticos y de Big Data, caso contrario, el Estado depende de las denuncias y de las filtraciones, pero para lograr implementar esto se requiere mucho público.

Usted participó en la formulación de la Ley de Acceso a la Información en Brasil. ¿Ha sido efectiva? ¿Cómo ha afectado al Gobierno?

¿Qué se puede hacer desde la educación y desde la universidad para promover mayor transparencia y contribuir con la formación ética y ciudadana de los estudiantes?

Lo más importante es mostrar estos mecanismos de transparencia y que los estudiantes entiendan cómo funciona el Estado y la importancia que tiene la experiencia cívica. En Brasil, los estudiantes no entienden cuál es el propósito del Estado y de cada uno de los poderes, tampoco saben qué significa el contrato social ni el republicanismo “la cosa pública”. Sin embargo, cuando se les enseña cómo utilizar estos portales de transparencia, abren los ojos y crece su interés y justamente a partir de esas experiencias empiezan a querer saber más, encuentran irregularidades y quieren investigar y es allí en la práctica donde el conocimiento y uso de mecanismos de transparencia logran inspirar a los estudiantes para aprender más. Ahora, es difícil enganchar a los estudiantes en temas de política, pero sí deberían estar discutiendo y participando del debate.