Amazonía: proponen agricultura familiar, protección territorial y uso de saberes locales para combatir economías ilegales

En el debate público, la Amazonía suele aparecer como un territorio que necesita más operativos contra la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico. Sin embargo, existe una pregunta pendiente: ¿qué condiciones permiten que estas economías ilegales permanezcan y se expandan? Para entenderlo, es necesario mirar las condiciones de vida de sus habitantes. Los conflictos por la tierra, las dificultades que enfrenta la agricultura familiar y el acceso insuficiente a servicios públicos forman parte de un escenario que favorece el avance de estas actividades.

Todo ello fue discutido en el taller “Más allá del crimen: ¿cómo abordar el futuro de la Amazonía desde sus condiciones socioeconómicas?”, el cual se realizó el pasado 28 de septiembre en el Complejo de Ciencias Sociales de la PUCP. Este fue organizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (Cisepa), y el Grupo de Investigación sobre Estado y Sociedad. También participó en esa gestión la Universidad Sueca de Ciencias de la Agricultura.

Todos [los títulos comunales, concesiones mineras y concesiones forestales], de alguna manera, crean un vacío, una zona gris, en la cual ninguna autoridad se hace responsable de lo que está sucediendo. Eso permite una mayor facilidad para sostener acciones de ilegalidad en esas zonas».

Las exposiciones sobre territorio, bosques secundarios y salud dieron paso a un intercambio de pareceres con representantes indígenas y participantes vinculados a distintas regiones amazónicas.

Derechos territoriales que se superponen

Las economías extractivas ilegales dependen de recursos ubicados en lugares concretos, explicó en el encuentro la Dra. Maritza Paredes, investigadora del Grupo Estado y Sociedad de la PUCP. Ese arraigo les exige construir relaciones con autoridades y poblaciones. Sobre un mismo territorio pueden coincidir títulos comunales, concesiones mineras y concesiones forestales. “Todos estos, de alguna manera, crean un vacío, una zona gris, en la cual ninguna autoridad se hace responsable de lo que está sucediendo. Eso permite una mayor facilidad para sostener acciones de ilegalidad en esas zonas”, señaló. Ante esa superposición, acotó, los actores establecen compromisos informales y arreglos familiares sin esperar una solución estatal. Cuando esos acuerdos fracasan, pueden surgir conflictos y violencia contra los defensores del territorio.

Paredes también indicó que la apertura de fronteras extractivas avanza más rápido que su regulación. La construcción de carreteras y las políticas de promoción agraria pueden facilitar esa expansión antes de que existan mecanismos de control. La titulación comunal suele llegar cuando otros derechos ya fueron concedidos, lo que dificulta atender las demandas territoriales indígenas.

“Un título no necesariamente garantiza la protección efectiva”, sostuvo. Frente a ello, planteó resolver las superposiciones en cada región, regular antes de abrir nuevas fronteras económicas y respaldar la protección territorial. Son medidas preventivas que, explicó, deben acompañar la lucha contra el crimen.

Nos preguntan si ya tenemos un territorio titulado. Son varias comunidades que piden ampliación. Se demoran hasta cinco años y aún no se ve esa solución».

Kelly Huillca Irey, de la comunidad nativa de Masenawa y dirigente de Coharyima/Fenamad, relató cómo se vive esa inseguridad en Madre de Dios. Su comunidad está titulada, pero enfrenta amenazas, deforestación, tala ilegal y minería mientras solicita una ampliación. “Nos preguntan para qué la queremos, si ya tenemos un territorio titulado”, señaló. El reclamo responde a una relación ancestral con el territorio y a la preocupación por las próximas generaciones. Sus antepasados, recordó, eran libres de vivir en toda la cuenca del río Madre de Dios. Kelly cuestionó también la demora estatal: “Son varias comunidades que piden ampliación. Se demoran hasta cinco años y aún no se ve esa solución”.

La agricultura familiar también construye el futuro de la Amazonía

En San Martín, las ‘purmas’ son parte del ciclo agrícola: después del cultivo, la vegetación vuelve a crecer en las chacras en descanso. La Dra. Kristina Marquardt, de la Universidad Sueca de Ciencias de la Agricultura, presentó investigaciones realizadas en diez comunidades con distintas condiciones productivas y forestales. Los inventarios encontraron una diversidad arbórea que se recupera con relativa rapidez, aunque no alcanza la de los bosques primarios. Su exposición destacó el trabajo de agricultores que orientan esa regeneración mediante conocimientos y prácticas locales.

Reconocer esa capacidad exige revisar qué conocimientos llegan a las políticas forestales. Marquardt cuestionó el poco interés que reciben las prácticas de los pequeños agricultores. “Hay un conocimiento, una práctica que podría ser extremadamente útil si pensamos en el futuro. Pero no nos interesa tanto porque proviene de pequeños agricultores. No viene de la universidad, de científicos o de programas”, afirmó. Su trabajo también examina redes familiares y comunitarias que permiten compartir chacras y ‘purmas’ cuando escasea la tierra. Incorporar esas formas de manejo requiere comprender cómo funcionan antes de definir intervenciones desde fuera.

Hay un conocimiento, una práctica que podría ser extremadamente útil si pensamos en el futuro. Pero no nos interesa tanto porque proviene de pequeños agricultores. No viene de la universidad, de científicos o de programas».

El vínculo con los mercados exige una mirada igualmente atenta a las decisiones familiares. Marquardt explicó que los hogares combinan producción para su alimentación con cultivos comerciales y venta de excedentes. Los centros de abastecimiento locales de frutas y hortalizas aportan ingresos y permiten ofrecer productos distintos según la temporada. El cacao también genera dinero, aunque ocupa superficies antes destinadas a cultivos alimentarios o ‘purmas’ y expone a los productores a precios variables. Fortalecer la agricultura familiar requiere considerar esos equilibrios, además de la productividad.

Servicios públicos que respondan a la vida en el territorio

La Dra. Camila Gianella, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP, vinculó la salud con las transformaciones del territorio. Cuestionó que los diagnósticos se concentren en las personas sin atender las condiciones que afectan su alimentación. “Decimos: anemia en niños. ¿Cómo se relaciona eso con que no hay bosque donde cazar, no hay proteína, el pescado viene contaminado?”, preguntó. Su exposición también describió establecimientos con pocos recursos y metas que no responden suficientemente a las necesidades locales. El problema se agrava cuando la población debe desplazarse para recibir una atención que su comunidad no ofrece.

Decimos: anemia en niños. ¿Cómo se relaciona eso con que no hay bosque donde cazar, no hay proteína, el pescado viene contaminado?».

Durante su presentación, Gianella profundizó en las dificultades para abordar conjuntamente la salud humana, animal y del ecosistema. Señaló que las responsabilidades se reparten entre sectores que no consiguen acordar quién debe asumirlas ni manejar el presupuesto. “Todo pasa en el mismo territorio. Entonces, el problema es quién se encarga”, planteó. También destacó que los pueblos indígenas reconocen esas relaciones, mientras la intervención estatal las fragmenta. Su reflexión apuntó a identificar aliados dentro de las instituciones para ordenar responsabilidades y responder a problemas que atraviesan las divisiones administrativas.

Las carencias de servicios en la Amazonía pueden reforzar, a su vez, la dependencia de las economías ilegales. Paredes contó que encontró familias que pagaban educación y salud con ingresos del cultivo de coca. Algunas incluso complementaban programas sociales que llegaban de manera insuficiente. Para la investigadora, esa relación ayuda a explicar por qué estas actividades persisten. “Si no atacamos esos elementos, no importa cuánta política contra el crimen desarrolles, porque se va a volver a desarrollar”, advirtió. Su propuesta apunta a sostener alternativas que permitan a las familias salir de esa dependencia.

Decidir el futuro de la Amazonía desde el territorio

El apu Julio Cusurichi, consejero directivo de Aidesep, reclamó reconocer a las comunidades que ya participan en la protección territorial. Asimismo, destacó el trabajo de quienes viven cerca de los pueblos en aislamiento. “Las comunidades estamos aportando en el sistema de control para garantizar la vida de los pueblos en aislamiento. Y eso no se ve”, sostuvo. Junto con cerrar la brecha de titulación, pidió servicios de salud, y apoyo a iniciativas económicas impulsadas por mujeres y jóvenes indígenas. Su planteamiento parte de capacidades existentes que necesitan respaldo estatal para mantenerse.

Las comunidades estamos aportando en el sistema de control para garantizar la vida de los pueblos en aislamiento. Y eso no se ve».

Mientras una familia necesite los ingresos de la coca para pagar salud o educación, un operativo dejará intacta una parte del problema. El taller propuso actuar sobre esa dependencia con servicios que lleguen y economías locales que permitan sostenerse. También reconocer lo que ya hacen comunidades como Masenawa: reclamar territorio para cuidar los bosques y asegurar un lugar para las próximas generaciones.

La conversación, finalmente, dejó una pregunta sobre las alternativas que se ofrecen a quienes viven en la Amazonía. ¿Estas permiten sostenerse y decidir sobre su territorio? Responder a esta interrogante exige escuchar las experiencias de las comunidades y darles espacio en las decisiones públicas. El intercambio entre investigación y experiencia territorial permite discutir un futuro que sus habitantes puedan construir.

Entrevista a Julio Cusurichi

El dirigente de Aidesep, Julio Cusurichi, profundiza en las medidas pendientes para proteger a los pueblos en aislamiento y a los defensores indígenas. Su experiencia en Madre de Dios conecta la seguridad territorial con las alternativas económicas y el acceso a la justicia.

En 2002 impulsaron una reserva territorial para pueblos en aislamiento. ¿Son suficientes las protecciones frente al avance de la minería y la tala ilegal?

Con el apoyo de la Fenamad, con la que hemos trabajado dos periodos, pudimos liderar la creación de esa reserva para los pueblos indígenas mashco-piro. Esa es una parte de la solución, un pequeño avance, porque se necesitaba montar un sistema de protección. Hacen falta puestos de control, un sistema de salud para las comunidades circundantes, agentes de protección y un cordón sanitario. Este trabajo fue iniciado por la organización indígena. Luego, el Ministerio de Cultura empezó a seguir ese camino, pero todavía falta mucho.

¿Qué papel debería jugar el Estado para que las comunidades amazónicas tengan alternativas frente a las economías ilegales?

Primero, la seguridad jurídica de los territorios de comunidades nativas y de pueblos indígenas en aislamiento. No pueden pasar veinte años para crear esas garantías. Hay iniciativas impulsadas por mujeres y jóvenes que el Gobierno debe fortalecer. Debe implementar servicios de salud y proyectos de economía indígena con los propios recursos que hay en las comunidades. El Estado debe proteger nuestros territorios en lugar de aprobar normas que faciliten su invasión. Tiene que respaldar los sistemas de control y vigilancia.

¿Qué diferencias encuentras entre las regiones amazónicas y por qué es importante discutir sus problemas conjuntamente?

Los problemas son casi comunes. Falta seguridad jurídica en Loreto, Ucayali y Madre de Dios. También están la invasión de actividades ilícitas y la corrupción de las autoridades. Hay diferencias: en Madre de Dios, la minería ilegal es muy fuerte; en otras regiones, tal vez todavía no tanto. Más bien, falta articular. Está muy bien que ahora se esté hablando de esto en la Universidad Católica. Creo que es importante continuar esos procesos de diálogo.

¿Cómo evalúas la seguridad de los defensores indígenas y qué debería cambiar para protegerlos?

Asumir la defensa de los derechos, del bosque y de la Amazonía también nos pone en riesgo. Hay más de treinta y ocho líderes indígenas muertos solamente por defender su territorio. Desde el Ministerio de Justicia pueden reconocerte con un papel, una resolución. Los hermanos dicen: “Un papel no aguanta la bala”. Denunciar la falta de titulación y las invasiones de actividades ilegales significa chocar contra un gran poder. Tenemos la valentía de decirlo públicamente y encontramos aliados que nos ayudan.