El reciente terremoto ocurrido en Nueva Zelanda el 22 de febrero último, nos hace recordar el terremoto de Pisco, en el sur chico, de hace cerca de 4 años atrás, y los terremotos de Haití y Chile de un año atrás. En todos es posible notar que la población es sorprendida por el evento, deviniendo su situación en desastre con numerosas muertes y daños incalculables. Pero, también es posible notar que esta vulnerabilidad de la población está relacionada directamente con la gestión del gobierno y, más precisamente, con la capacidad de nuestros gobernantes.

Los terremotos no se pueden prevenir, pero los desastres sí. Esta prevención consiste en superar la situación de vulnerabilidad de la población. Esto es, su preparación en un contexto adecuado frente al peligro y una capacidad de respuesta, de la misma población, que haga posible reducir a lo mínimo los daños y posibles muertes. Para ello, es fundamental la acción de nuestras autoridades política de acuerdo a un buen gobierno.

Un buen gobierno frente a los desastres consiste en asumir seriamente dos de los deberes principales del Estado regulados por la Constitución Política del Perú: proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación (Artículo 44º de la Constitución Política). Pero estos deberes carecen de sentido si es que no tienen recepción en la población. Entonces, es necesario sumar como parte del buen gobierno la participación de los ciudadanos, como derecho y como deber, en sus respectivos gobiernos locales (artículo 31º de la Constitución Política).

Repasando la experiencia del terremoto de Pisco del 15 de agosto de 2007 (que se extendió a las provincias de Chincha, Ica, Cañete, Yauyos, Huaytará y Castrovirreyna), podemos recordar cuán difícil resultó para el gobierno central poner en práctica una política de protección y, más aún, una política de bienestar general a favor de los damnificados. Así, tras el terremoto nuestras autoridades centrales desconocían el epicentro, las ciudades afectadas y la magnitud de los daños y necesidades. Esto limitó la movilización de socorristas y maquinarias para salvar la vida de personas atrapadas. Asimismo, los días siguientes al terremoto fueron de total incertidumbre en la población porque no se sabía cómo recibir y distribuir ayuda. No se aceptó, como política de gobierno, promover la participación de la propia población que, en forma organizada, podía acceder a la ayuda por turnos y por barrios o cuadras.

Se creó el bono de 6,000 soles (Bono-6000) como subsidio para la reconstrucción de viviendas y se constituyó el Fondo para la Reconstrucción del Sur (FORSUR). Pero, ambos fracasaron. El Bono-6000 no fue aplicado adecuadamente por las autoridades ni por los damnificados, y el FORSUR se convirtió en una instancia burocrática alejada del desastre. A cerca de 4 años del terremoto de Pisco aún se puede apreciar más de la mitad de viviendas damnificadas sin construir, miles de familias que viven hacinados en módulos de madera «provisionales», y problemas de saneamiento legal con desorden administrativo que reproduce la informalidad urbana. Lo más lamentable es que la mayoría de damnificados que ha reconstruido su vivienda, lo ha hecho sin licencias y sin las recomendaciones profesionales o técnicas para afrontar otro terremoto.

El buen gobierno frente a los desastres no se ha experimentado positivamente aún en nuestro país. ¿Cuántos de nuestros candidatos políticos actuales tienen una formación y propuesta para alcanzar ese buen gobierno? ¿Cuántos estarían preparados gubernamentalmente para afrontar un terremoto de la misma magnitud de Pisco, en ciudades como Lima? Si en alguno de los candidatos se puede identificar este serio compromiso, es una buena opción a tener en cuenta al emitir nuestra decisión electoral.

(Lima, Pisco, 22-25/02/2011)