El Estado debe estar más presente y debe escuchar a sus ciudadanos de la Amazonía o corremos el riesgo de que esta desconfianza escale a mayores proporciones, como en 2009"

La semana pasada fuimos testigos de dos crímenes que se cometieron en Victoria Gracia, a veinte minutos de Yarinacocha, en la región Ucayali. Primero, el asesinato de Olivia Arévalo Lomas, sabia de la cultura shipibo-konibo. A los pocos días, nos enteramos del linchamiento contra Sebastian Woodroffe, sospechoso de haber realizado este crimen. Ambas violaciones —y sus consecuencias— nos están mostrando nuevamente los problemas de nuestros medios de comunicación y la gestión de la justicia en la Amazonía peruana. Considero que existen algunas precisiones que debemos tomar en cuenta tras el asesinato de Woodroffe.

Es necesario revisar, por ejemplo, el rol que tomó Servicios de Comunicación Intercultural (Servindi). En su página web, colocaron un anuncio en el que se pedía la búsqueda de Woodroffe. Para ello, mostraron su fotografía y daban el número celular de Julián Arévalo, hijo se Olivia Arévalo. Incluso, señalaron que había una recompensa por información acerca del sospechoso. Es indignante que no ofrecieran los números de la Fiscalía ni la PNP. Si bien Servindi conoce los canales legales y los describe, no los comparte con sus lectores. Más bien, facilita que personas directamente afectadas por el asesinato de Olivia Arévalo, su familia, tenga acceso a información de primera mano. Del mismo modo, autoridades del Ministerio de Cultura (Mincu) que acudieron a Victoria Gracia dieron información sobre quién sería el sospecho sin cuidar un adecuado proceso y en un contexto muy tenso en el que se desconocía cuál podía ser el desenlace.

Servindi señala que Woodroffe había fallecido horas después del asesinato de Arévalo según el acta de hallazgo. Todavía se necesita un examen más detallado para determinar si fue realmente así. Sin embargo, Servindi no manejaban esta información cuando publicaron la nota con su imagen, sino hasta un día después de que se conociera sobre su linchamiento. De hecho, este medio lamentó el suceso, a pesar de que este mismo avivó la tirria entre los miembros de la población sin reconocer las consecuencias.

El asesinato de Woodroffe no es justicia indígena. El respeto a la vida de las personas está siempre por encima de cualquier sistema de justicia y se plantea así desde el mismo reconocimiento de los derechos indígenas con el Convenio 169 de la OIT. Sorprende e incomoda leer comentarios que prejuiciosamente señalan que es parte de la justicia amazónica. Esa es solo una idea errada. El linchamiento es un acto de ira y no es ningún valor entre los miembros del pueblo shipibo-konibo. Es una triste reacción ante la desconfianza que hay contra las instituciones del Estado. De acuerdo con testimonios de vecinos, Woodroffe ya habría sido presentado cuatro veces sin éxito ante la comisaría por hostigamiento. Este hecho reproduce el crimen de que las agresiones contra las personas indígenas casi siempre quedan impunes. El Estado debe estar más presente y debe escuchar a sus ciudadanos de la Amazonía o corremos el riesgo de que esta desconfianza escale a mayores proporciones, como en 2009.

Los riesgos de esta mayor desconfianza son reales. Las consecuencias de esta tragedia todavía las estamos viviendo. Durante la semana se han reportado detenciones arbitrarias sin orden fiscal ni pedido de juez. Por más que el propósito sea recoger un testimonio, sin citación fiscal es ilegal. No hay presencia de un abogado ni se están dando estos testimonios con traductores oficiales. No se puede correr el riesgo de denunciar a quien sea para atenuar estos crímenes. Si estos abusos persisten, las chances de más reacciones violentas se incrementarán. Por ello, no podemos permitir que se vulneren derechos y que los crímenes contra los indígenas sigan siendo la última preocupación de este Estado deficiente.