"El mal manejo de tantos impactos pone en cuestión principios de responsabilidad social que son voluntarios y no cuentan con fiscalización independiente, así como la necesaria independencia del Estado para mediar en conflictos socioambientales".

La ISO 26000 define a la responsabilidad social como el control que toda organización debe ejercer sobre los impactos de sus actividades para eliminar o mitigar aquellos que afecten negativamente a sus grupos de interés y potenciar todos los que coadyuven al desarrollo sostenible. Los principios de responsabilidad social son enteramente voluntarios y de carácter ético. En el mundo minero, la institución que más ha operativizado la responsabilidad social y el desarrollo sostenible es el Consejo Internacional de Minerales y Metales. ¿Cómo podríamos evaluar el actual conflicto de Las Bambas a la luz de esta definición de responsabilidad social?

Todo proyecto minero en el Perú debe realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que determine los efectos socioambientales de sus actividades (tanto en zonas de minado como de transporte), y los evalúe con respecto a las normas sobre calidad ambiental y límites máximos permisibles de emisión de contaminantes. Además, como requisito para la autorización al inicio de estos proyectos, el Estado demanda a toda empresa la autorización de los propietarios de las tierras superficiales a las actividades propuestas. De esta manera, se busca asegurar que los proyectos no generen conflictos con propietarios de tierras. ¿Qué pasó en Las Bambas?

Originalmente, el proyecto propuso un mineroducto que transportaría el mineral desde Las Bambas a Tintaya, donde sería procesado. Durante el diseño original, la empresa propietaria de Las Bambas era Glencore International, la cual estaba en un proceso de fusión con otra empresa suiza, Xstrata PLC, propietaria de Tintaya y Antapaccay. La fusión de las empresas suizas Glencore y Xstrata fue cuestionada en China pues la nueva empresa tendría una posición dominante en el mercado de minerales en ese país. La salida negociada fue la entrega a China de un proyecto grande. El elegido fue Las Bambas, que pasó a ser propiedad de MGM, cuyo principal accionista es China Minmetals. Las Bambas quedó entonces desligada de Tintaya y Antapaccay, por lo que el mineroducto se hizo innecesario.

El proyecto transforma el sistema de transporte a uno terrestre mediante camiones que cruzan caminos rurales sin asfaltar. El Estado peruano admitió estas y otras modificaciones mediante un Informe Técnico Sustentatorio, sin exigirle a la empresa el manejo adecuado de los impactos por la contaminación que generaría el traslado de más de 300 camiones cargados de mineral sobre tierras de comunidades campesinas. Peor aún, admitió que la empresa use caminos rurales y trochas carrozables para el traslado de minerales sin demandar el permiso de lo propietarios de las tierras superficiales o el cumplimiento de procesos de servidumbre (imposición de un derecho de uso a cambio de una compensación) para la construcción de una carretera asfaltada.

Por el contrario, ahora el Estado – esta vez a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones- propone la construcción de una carretera nacional sobre la vía usada por la empresa, así subsidia una infraestructura que es privada y limita la compensación de las comunidades, las cuales ahora enfrentan montos de negociación mucho más bajos que los que lograrían mediante acuerdos directos con una empresa privada.

Las Bambas muestra lo que ocurre cuando los cambios en la ingeniería de un proyecto, provocados por arreglos corporativos, no son incluidos a tiempo en el análisis de impactos y las medidas de manejo respectivas (adendas al EIA, procesos de consulta, nuevas negociaciones para compra de tierras); y, por el contrario, se usa al Estado para que este resuelva dichos cambios de forma acelerada, sin consultar con la población y subsidiando obras que son de entera responsabilidad privada. El mal manejo de tantos impactos pone en cuestión principios de responsabilidad social que son voluntarios y no cuentan con fiscalización independiente (MGM es parte del Consejo Internacional de Minerales y Metales), así como la necesaria independencia del Estado para mediar en conflictos socioambientales.