¿Qué motivan los conflictos sociales en nuestro país?

Hay una clara razón estructural: los conflictos de intereses entre los intereses agrícolas y los intereses mineros. ¿Qué necesitan las comunidades? Tierra y agua ¿Qué necesitan las mineras? Tierra y agua que están en el mismo sitio. Mismo recurso, misma necesidad, mismos intereses, en consecuencia conflicto va a haber siempre. Una segunda razón estructural es el enfoque de desarrollo. Una comunidad que desarrolla actividades extractivas tiene una noción del desarrollo en función de sus recursos naturales (agua tierra ganado pastos, venden leche). Si llega una empresa que les dice «Voy a necesitar tomar tu tierra» entonces nos enfrentamos a un problema serio de compatibilidad. Hay otro concepto importante: el conflicto es natural, no es algo extraño. En este caso, que el conflicto escale a niveles de violencia depende de la relación empresa-comunidad y la participación del Estado.

¿Cómo debería de ser esta relación?

Debería ser una participación desde un primer momento. Si el Estado explica a la comunidad que en esas tierras y en esas aguas se ha previsto la oportunidad de desarrollar una actividad distinta, ellos podrían entender o podrían no entender. Podrían explicárseles. Eso se llama Participación Anticipada, legislación que no se tiene prevista en el Perú. Cuando hablamos de Participación Anticipada no estamos hablando de consulta previa, sino de participación de los ciudadanos donde se va a desarrollar una actividad extractiva permanente, desde el momento que se ha otorgado la licencia. La falta de esta ley es una de las causas de que los conflictos se sigan dando. Al no tener Participación Anticipada, no hay una política de prevención de conflictos. Esta también supone presencia del Estado en la zona para explicar el proyecto y para atender las necesidades básicas de la población.

¿Cómo se originó el conflicto en Las Bambas?

En Las Bambas tenemos un proceso casi ejemplar de participación ciudadana para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Se da esta etapa de la participación del Estado, hay una mesa de diálogo durante un largo tiempo, se desarrolla una serie de proyectos de apoyo a la comunidad, entre otras iniciativas. Esto en cuanto a la parte de la responsabilidad social de la empresa frente a la comunidad. El conflicto se da en tres momentos. Primero, la empresa Xtrata vende la concesión y los derechos del titular a una segunda empresa de energía, MMG, la cual es una empresa china con capitales australianos. Al venderla se produce la transformación del titular, y debemos entender que la secuencia continua. Pero, ¿qué sucede? A raíz de esa venta, se advierte que era necesario hacer modificaciones. La primera modificación tiene que ver con la ubicación de la planta de molibdeno de filtrado. Para modificar la ubicación de la planta se tiene que contar con un informe técnico sustentatorio. El informe se presenta al ministerio y se aprueba, por tanto se aprueba la modificación. Por otro lado, al transportarse a otra ubicación, ya no hay la necesidad de construir un mineroducto, sino se utilizan camiones porque las distancias son menores. La primera causa del conflicto es que esta modificación no fue consultada.

La legislación no obliga a que sean consultadas, por tanto, no es que haya incumplido. Sin embargo la sensatez, el hecho de que se haya realizado el EIA de manera participativa durante tanto tiempo, haría pensar que esta modificación por razones obvias debería de haber sido consultada. ¿Qué reclaman las comunidades? «No hemos sido consultados, nos están imponiendo una modificación». 

El Minam, el Ministerio de Energía dice «sí hemos informado». El alcalde del gobierno local estaba totalmente informado, y pudo haber dicho «hubiera sido necesario que ustedes hagan una consulta». En un proceso tan sencillo, como es la participación ciudadana, ¿no debiéramos pensar en principio que se trata de una participación constante en el tiempo?

Esa causa del conflicto, es de alguna manera justificable, pero también es utilizada como pretexto. Y ahí se añade el hecho de que se hace una licitación para elegir los camiones que van a transportar el mineral de un lado a otro para su procesamiento. En la licitación obviamente gana una empresa grande que da seguridad en este tipo de transporte de minerales. Los transportistas locales se sienten relegados. ¿Por qué a nosotros que somos los que estamos aquí, los locales, no nos toman en cuenta?

Una tercera causa del conflicto está relacionada con el tema de la zona de influencia. En todos los EIA se establece lo que es la zona de influencia directa, la cual está conformada por las poblaciones o comunidades y sus territorios sobre los cuales se tiene la obligación de realizar actividades de mitigación, remediación y compensación, los cuales están establecidos en los estudios de impacto ambiental. Al verse transferida esta concesión se reduce el área de influencia. Al reducirse el área parte de la comunidad ya no está siendo considerada. Esas comunidades responden «yo ya no voy a ser un área de influencia directa y nadie me ha dicho nada». Cabe destacar que nunca se corroboró los efectos que se podrían generar, solo fueron percepciones. Se dice que la planta de molibdeno va a generar un impacto irremediable, pero como no ha habido diálogo no se ha tenido la oportunidad de explicar si la planta va a generar el impacto que se dice, y si eventualmente se generaría, cuáles serían las remediaciones que se van a dar.

¿Qué papel tuvieron los gobiernos locales y nacionales antes del conflicto, por qué no previnieron esto?

No se hizo mucho debido a la falta una política que vincule las actividades del gobierno central con el gobierno regional y el gobierno local. Ese un problema. Por eso que cuando tenemos un conflicto en el país vemos al alcalde al frente de la protesta cargando la bandera, cuando el alcalde debería darse cuenta que forma parte del Estado peruano.

En este caso lo que el gobierno local debió hacer fue actuar de manera proactiva y llamar la atención al gobierno central, que este cambio que se quiere hacer debe ser consultado, pero no se hace eso. Yo no quisiera pensar que no se hizo porque se quería que explote el conflicto, sino porque no hay en el país una política articulada de prevención de conflictos.

No quiere decir que piensen igual. Cada gobierno local donde se desarrollan estas actividades extractivas debería de ser capacitado en qué consiste una política de relacionamiento con las comunidades y en particular de prevención de conflictos. Ellos también tienen un papel importante. Si bien no son los que aprueban las modificaciones, sí tienen el papel de generar un clima de paz en la comunidad. No hay una cadena, y el gobierno local nunca asume las responsabilidades.

El Perfil

Nombre: César Guzmán-Barrón