El deceso de Alberto Fujimori y, más que eso, la respuesta sumisa, o cortesana, del gobierno a ese hecho llevan a considerar, una vez más, cuán gravosa fue la hipoteca que el fujimorismo dejó sobre la democracia recuperada en el año 2001; es decir, a reconocer que la ruina de la democracia peruana, de la cual solo quedan jirones, es un efecto de la cultura política que el fujimorismo sembró en las instituciones, los actores y hasta la psiquis nacional durante su decenio autoritario.

En rigor, esa década ya es lejana y se podría esperar que perteneciera al recuento histórico antes que a la discusión actual. Pero, en realidad, el periodo que se abrió entonces sigue incrustado en el presente al menos por tres razones: porque los abusos y los delitos de esa época no han sido debidamente pagados; porque el modo de manejar los asuntos públicos del fujimorismo ha sido replicado a lo largo de este siglo; y porque la descomposición del sistema político tiene claros vínculos con la demolición institucional de los 90.

La descomposición del sistema político tiene claros vínculos con la demolición institucional de los 90".

No hay que mitificar al fujimorismo presentándolo como la causa increada, única y suficiente de todos los males nacionales. Es claro, por un lado, que el periodo iniciado en abril de 1992 está encadenado con la ineficiencia, la corrupción y las violaciones de derechos humanos de los gobiernos de Belaúnde y García. Y es verdad, también, que, en el lapso transcurrido, la democracia peruana habría tenido tiempo para regenerarse y que, por lo tanto, su descomposición obedece también a factores de gestación propia. Sin embargo, sería ingenuo ignorar que el régimen del 5 de abril estampó un sello particular en la vida pública. Una manera resumida de decirlo es que Fujimori y Montesinos convirtieron la anomalía en sistema y el uso abusivo del poder en sentido común. En términos de cierta sociología de la cultura, se podría decir que transformaron la comprensión corrupta de la política en una visión hegemónica de la política.

Fujimori y Montesinos convirtieron la anomalía en sistema y el uso abusivo del poder en sentido común. (…) transformaron la comprensión corrupta de la política en una visión hegemónica de la política".

Hablar de los delitos de ese régimen autoritario demanda hacer una larga cuenta que va desde usurpación del poder hasta la esterilización forzada de miles de mujeres. Implica, también, recordar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, e incluso después de la derrota de Sendero Luminoso, así como la persecución a la oposición y el constante atropello a las instituciones. Al caer Fujimori, una ola de moralización condujo al procesamiento de los principales responsables de esos delitos. Pero eso alcanzó a solamente un puñado y muchos crímenes quedaron impunes. La esterilización forzada de mujeres es el emblema mayor de esa impunidad, una impunidad que se extiende al orden simbólico: quienes crearon, instrumentaron y aprovecharon el régimen autoritario jamás reconocieron sus culpas. Eso impide que el pasado sea realmente pasado. Al contrario, la noción de que el poder es y debe ser impune es hoy moneda corriente. La matanza del verano de 2022 o, más precisamente, la desaprensión del gobierno al respecto, es un cruento reflejo de 1992.

Quienes crearon, instrumentaron y aprovecharon el régimen autoritario jamás reconocieron sus culpas. Eso impide que el pasado sea realmente pasado".

Por otro lado, más allá de los crímenes específicos, se encuentran las formas abusivas de utilizar el poder que, aunque no fueron inventadas el 5 de abril, sí fueron empleadas por el régimen de una manera sistemática con una cierta metodología del atropello institucional. Esta incluía la colocación de personas determinadas, a manera de operadores políticos, en instituciones y agencias en teoría independientes, y también la producción de normas ad hoc para legalizar tales manipulaciones. Asimismo, pertenece a esta metodología el empleo recurrente de la declaración de estados de emergencia, con lo cual se reforzaba el control autoritario de la población y, además, se creaba la excusa para relajar la supervisión de los gastos públicos. Ahí se anidó una gran parte de las operaciones corruptas que son emblemáticas de aquel régimen. Treinta años después, la visión del Estado como botín, el rechazo explícito a reglas básicas de comportamiento democrático y el uso de las instituciones como armas del grupo gobernante han dejado de ser conductas vergonzosas, necesariamente clandestinas. Más bien son principios aceptados expresamente por las organizaciones políticas. La conducta furtiva de ayer hoy es desplegada en horario estelar: en eso consiste la corrupción como hegemonía.

Treinta años después, la visión del Estado como botín, el rechazo explícito a reglas básicas de comportamiento democrático y el uso de las instituciones como armas del grupo gobernante han dejado de ser conductas vergonzosas".

En tercer lugar, si el fujimorismo no se ha convertido en pasado, es porque la destrucción de la institucionalidad política que vemos hoy se remonta hasta esa época. Esto incluye, ciertamente, el desarme del Estado y el despojo de derechos sociales para instalar un régimen económico liberal, que en verdad ha cobrado la forma de una regresión plutocrática de la sociedad. La corrupción de hoy corre por los rieles tendidos entonces: un esquema de favorecimiento de los negocios privados y de desguace del aparato público que solo podía conducir a la bien llamada “captura del Estado”. Del mismo modo, la imposibilidad de elegir autoridades con conocimiento y vocación de servicio público ya estuvo sembrada en las manipulaciones del sistema político y electoral realizadas en los 90 para desperdigar a la oposición, mantenerse en el gobierno y concentrar el poder mediante organizaciones vasallas en las diversas regiones y en los distintos niveles de la administración.

En suma, hoy, cuando el país se pregunta angustiosamente cómo sanear su sistema de representación o, simplemente, cómo salvar a la democracia, es evidente que la situación, los figurantes e incluso nuestro lenguaje público son una secuela del régimen instaurado en 1992.