En efecto, este gobierno está enfrentando no demandas puntuales o coyunturales sino demandas acumuladas y que son más bien estructurales. Estas ya estaban planteadas por la «revolución de los pinguinos», es decir, por las protestas de escolares en el gobierno anterior pero sin que hayan sido satisfechas. Esta vez el movimiento estudiantil vuelve a plantear demandas estructurales logrando articular tanto a estudiantes escolares como a universitarios y, además, ganando el apoyo de docentes y padres de familia.  Eso en parte lo ha ido logrando gracias a formas muy creativas de protestas que ha permitido hasta cierto punto aislar a sectores más radicales.

El modelo educativo chileno fue configurándose en base a la municipalización y segmentación de la oferta escolar en escuelas públicas municipales, particulares con subvención pública (que permite el aporte económico de los padres) y las particulares; de las cuales, las primeras que son gratuitas fueron perdiendo alumnos y prestigio en relación a las otras. A nivel de la educación superior, esta se desarrolló con un alto crecimiento de la oferta privada y con créditos estatales a los alumnos. En la realidad los alumnos de las escuelas públicas municipales revelan menor rendimiento académico y ello les restringe el postular a universidades o carreras de mayor prestigio teniendo que solicitar además un crédito más caro para estudiar en otras universidades.

En estos pilares que han estructurado el sistema educativo chileno subyacen premisas de una ideología de mercado donde el «precio» condiciona la «calidad«: quien paga más lo hace para conseguir mejor educación, por consiguiente, la educación pública gratuita ofrecerá un servicio de menor calidad y está destinada a los que no tienen recursos económicos. Esto a su vez condicionará los planes posteriores de los egresados de la escuela, creándose así un círculo vicioso. Una encuesta en el 2009 señalaba que el principal motivo para que los padres matriculen a sus hijos en la educación privada subvencionada es su buena calidad (49%). En ese sentido, no es casual que un informe reciente de la UNESCO Chile figure como uno de los países de mayor segregación escolar de índole social debido a que organizó un sistema educativo por clases sociales: la escuela pública gratuita para los de bajo ingresos, la privada con subvención pública para los ingresos medios y la privada para los de ingresos altos.

Hoy vemos que las políticas de mayor financiamiento, cobertura y de mejoramiento de la calidad educativa realizadas por los gobiernos anteriores se realizaron sobre pilares que siguieron sosteniendo el modelo «exitoso» pero que ahora es nuevamente impugnado por sus supuestos beneficiarios desde sus percepciones y experiencias de desigualdad social. Las consignas más cohesionadoras del movimiento estudiantil nos evidencian dichas percepciones: «No al lucro en la educación», «más educación pública».