"El problema ético de la abogacía es un problema fundamental en la reforma del sistema de justicia".

Un punto crucial para la reforma del sistema de justicia parece estar pasando desapercibido: la necesidad de mejorar la ética de los y las profesionales del Derecho. Esto es alarmante porque el 29 de enero del año en curso, el Congreso de la República aprobó una norma que desnaturalizó el Proyecto de Ley para Incentivar la Probidad en la Abogacía, presentado por el Poder Ejecutivo. La actuación del Congreso en este tema está dejando pasar una oportunidad única para impulsar una mejora crucial en el sistema de justicia.

Observación presidencial

Atendiendo a la solicitud que hiciéramos un conjunto de facultades de derecho [1] y asociaciones de jueces [2], el Presidente de la República ha observado la autógrafa de la Ley de Probidad en los profesionales del Sistema de Justicia aprobada por el Congreso [3].

Entre otros cuestionamientos, el Ejecutivo critica la eliminación que hizo el Congreso de la disposición que fijaba la obligatoriedad de la formación ética en Facultades de Derecho.

Coincidimos plenamente con lo dicho por el Poder Ejecutivo en su observación: el ejercicio ético de la abogacía es “un pilar fundamental para la reforma del Sistema de Justicia”. En esa línea, “… el ejercicio profesional de los abogados, teniendo presente la función social que desempeñan, … debería tener un rol decisivo en la lucha contra la corrupción, particularmente en el ámbito del Sistema Judicial”.

Pese a ello, en el Oficio de Observación se reconoce que existe un “… amplio desconocimiento de la ética y responsabilidad por parte de los abogados” y tolerancia hacia su indisciplina. Esta realidad está ligada, sin duda, a la preocupante falta de formación en ética y responsabilidad profesional dentro de las facultades de derecho. Esto, que ha sido reconocido por las mismas facultades de derecho [4], fue también evidenciado por la CERIAJUS, que señaló en su Informe Final: “… se ha olvidado el rol ético y social que debe ser inherente a la formación profesional, con mayor énfasis en el caso de las facultades de derecho” [5].

La posición de la Comisión de Justicia

La Comisión de Justicia del Congreso, sin embargo, considera que el problema no es de los abogados sino de todas las profesiones. Fue en parte con ese argumento, que eliminaron en su momento toda disposición enfocada en mejorar la ética de los abogados.

Si bien el problema ético toca a diversas profesiones, no hay profesión más relevante en el sistema de justicia que la abogacía. Los abogados son quienes ocupan las instancias más importantes y quienes lideran las decisiones y el modo de hacer las cosas dentro del sistema de justicia. Son quienes representan a las partes, quienes acusan, quienes deciden los casos, quienes toman las decisiones de política institucional; en suma, quienes controlan el devenir del sistema de justicia y de todas sus instancias. El problema ético central en el sistema de justicia no es un problema de peritos y administradores, es un problema de los abogados que actúan en toda instancia, que toman las decisiones más importantes y que lideran las instituciones que lo conforman.

Las evidencias de sus inconductas y falta de ética en nuestro país son claras, así como los son los efectos perniciosos que tiene su actuación. Es claro además que no existe una verdadera formación ética en las facultades de derecho y que esto está ligado a un desconocimiento masivo de los límites éticos que operan en la abogacía.

Siendo esto así, no es aceptable que, bajo el argumento antes indicado, se vaya a aprobar u dictamen que quita el foco de los abogados, negando su centralidad y los problemas éticos en su ejercicio profesional. La abogacía tiene como misión la búsqueda de justicia y como deber central la observancia de la ley. Esto es lo que la define como profesión. Sin embargo, en la realidad vemos que sirve a otros fines y afecta muy negativamente a la sociedad. En esa línea, el problema ético de la abogacía es un problema fundamental en la reforma del sistema de justicia.

Otro argumento incorrecto que ha marcó la posición de la Comisión es que la ética se forma en casa y que, por ende, no tiene caso promover la formación ética en las facultades de derecho. Este argumento desconoce lo que está ampliamente mostrado en investigaciones de muy diversa índole [6]: la ética del ser humano no se forma en un momento y permanece inalterable; por el contrario, se forma a lo largo de la vida, a través de procesos y vivencias que impactan en ella, así como en virtud de la autonomía y el autoconocimiento del ser humano. La etapa universitaria y, particularmente, la formación profesional, tiene una muy alta relevancia en este proceso de formación. Negarlo significaría adoptar una postura determinista que niega la agencia del ser humano.

Lo dicho, por lo demás, está regulado en diversas normas. Desde la Constitución hasta el Plan Nacional de Integridad [7], se reconocen que la universidad es un ámbito donde debe formarse éticamente a quienes en el futuro se insertarán en el mercado laboral.

Así, no hay sustento, ni en investigación ni a nivel jurídico, para afirmar la irrelevancia de la universidad en la formación ética de las personas.

Por supuesto, no se puede negar la importancia de las experiencias en la familia y la escuela en la propia ética, pero eso no debe llevarnos a sostener que el resto de la vida ya no impacta en ella. Las facultades de derecho, a partir de diversas investigaciones, impactan en la ética de sus estudiantes, solo que lo hacen, en muchos casos, de modo negativo. En buena medida, no se trata de una formación para hacer lo correcto, sino para utilizar la ley del modo en que le conviene a quien tiene poder.

Fórmula legal

Desde el punto de vista de un conjunto de Facultades de Derecho, la Comisión de Justicia debe, entre otros cambios, regular la obligatoriedad de la formación ética en las Facultades de Derecho. Ello puede hacerse estableciendo que toda facultad debe formular una competencia vinculada a la ética en sus perfiles de egreso, que incluya saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Asimismo, debe contar con un plan de acción, con sustento pedagógico, dirigido a desarrollar dicha competencia.

Sabemos que la ley no cambia la realidad, pero estamos convencidos que una norma así daría un gran impulso a las discusiones y acciones vinculadas a la formación ética en las Facultades de Derecho.

1. Véase Pronunciamiento de Facultades de Derecho
2. Véase Pronunciamiento de JUSDEM y de la APMJ
3. Véase Oficio de Observación
4. En una declaración suscrita el 14 de diciembre, un conjunto de facultades de derecho a nivel nacional declararon que “… en la mayoría de casos, la ética es un rubro inexistente en la formación o puesta en su totalidad a cargo de un único curso de poca relevancia en la formación académica del estudiante de derecho. En contraste, existe un currículo oculto, que fomenta la práctica implícita de antivalores …”
5. Citado en el Oficio de Observación, Presidente de la República, p. 1.
6. Pienso particularmente en la psicología del desarrollo y la educación moral constructivista, pero también en aproximaciones desde la psicología humanista y existencial e incluso desde el psicoanálisis. A nivel pedagógico, existe también claridad respecto a la centralidad de la formación ética en la universidad y, particularmente, en las facultades de derecho.
7. En concreto, citamos la acción 24 del Plan Nacional de Integridad: “Promover contenidos orientados a la promoción de principios éticos y valores ciudadanos en todos los centros de educación técnico productivo, institutos y escuelas de educación superior y universidades, tanto públicos como privado para la formación integral de sus estudiantes”.