La desregulación del transporte realizada durante los años 90 nos ha conducido a un progresivo caos que se lleva más de 3000 vidas humanas cada año

El transporte es un servicio de riesgo y ello exige regulación por parte del Estado, toda vez que es el protector y garante de los derechos de las personas, de su vida, de su integridad, y del derecho de acceso a servicios públicos de buena calidad, en particular, cuando en servicio está en manos de terceros.  Hoy en día se espera que las políticas públicas sean diseñadas e implementadas con un enfoque de derechos, vale decir, con la convicción y certeza de que las decisiones e intervención del Estado tienen como propósito final al ser humano, creando las condiciones para que este pueda desarrollarse libremente con todos sus derechos vigentes.

El caso Orión, empresa cuya licencia fue cancelada por la Municipalidad Provincial del Callao, debido a las numerosas infracciones de sus choferes, representa una decisión de política que hace tiempo era esperada y que –en mi opinión- debería merecer el pleno apoyo de la ciudadanía. Orión, según la información en medios, debería 7 millones 474 mil 546 soles por 4 mil 383 papeletas impagas al SAT. Evidentemente no ha de ser el único caso de empresas infractoras ni tampoco la única que no ha pagado las multas. Y es que una regulación laxa para el transporte es tan mala como aquella emitida sin que se realice su exigibilidad (enforcement). Ni siquiera el descuento por pronto pago ha servido de “zanahoria” a los conductores para pagar las multas. Y así se hubiera cumplido, lo que se espera no es un mayor cumplimiento en el pago de multas, sino un notable menor número de infracciones. Y eso es algo que las autoridades no deben perder de vista.

Un gobierno nacional, regional o local, que no cumpla con regular bien el transporte, o no establezca estrategias de exigibilidad de su cumplimiento, está desatendiéndose de sus obligaciones con los ciudadanos y sus derechos. La desregulación del transporte realizada durante los años 90 nos ha conducido a un progresivo caos que se lleva más de 3 mil vidas humanas cada año producto de más de 100 mil accidentes. Si el 56% de los siniestros suceden en Lima, 2690 fallecidos son del interior del país. El transporte exige medidas urgentes y firmes, en el que ningún argumento puede ser válido frente a las estadísticas que evidencian la tragedia que vivimos.

Cuando, como Defensor Adjunto en la Defensoría del Pueblo, hice con mi equipo de trabajo el informe Pasajeros en Riesgo sobre el transporte interprovincial y poco después el de Transporte en la ciudad de Lima, comprendí claramente que el problema no exigía solo dictar más reglamentos o planes –su mejoramiento o elaboración resulta indispensable ciertamente- más importante es acompañar esa acción con estrategias de “enforcement”, exigir el cumplimiento de la regulación de manera implacable y sin ningún titubeo, sea quien sea el conductor, presidente, ministra, cardenal o artista. Diseñar e implementar estas estrategias ha sido un ejercicio ausente o muy limitado en el Estado Peruano.

En el Perú, el transporte ya no sólo es una actividad de riesgo, sino que la ausencia de regulación efectiva lo ha convertido en peligroso. Será necesario entonces fortalecer el cuerpo de inspectores, incluir tecnología que desincentive la alta velocidad, que el MTC cumpla un rol rector eficaz frente a lo que hacen o no los Gobiernos Regionales y Locales, y establecer un sistema rígido de supervisión y control para el otorgamiento de licencias y permisos de conducir y de rutas. Capacitar ayuda y no tengo dudas de que hay ocasiones  en los que el mercado es suficiente y la autorregulación viable, pero no es el caso del transporte. Manejar es tan riesgoso que debemos aceptar que el Estado haga su trabajo, y exigir que lo haga con toda seriedad y severidad. Que no le tiemble la mano.